Una de las promesas del presidente Arévalo al momento de ganar las elecciones en 2023 era que llenaría su gobierno de especialistas, técnicos y figuras alejadas del vaivén político, de manera que el riesgo de corrupción se redujera al mínimo. Evidentemente, tomando en cuenta que su lema de campaña y, posteriormente, en el gobierno ha sido la lucha contra la corrupción, este compromiso apelaba al sentimiento de hartazgo e ilusión por el cambio de la ciudadanía. Como consecuencia, al menos en un inicio, la mayor parte de la administración arevalista, particularmente los principales tomadores de decisiones, se llenó con cuadros técnicos y expertos en sus áreas de estudios.
Más de un año y medio después de la toma de posesión, no solo la mayor parte de esos cuadros técnicos han sido reemplazados por políticos o funcionarios de carrera, sino que también han demostrado que, aunque sí eran los mejores en papel, ese carácter no se ha trasladado a la administración pública. Ahora bien, en el camino, mientras que muchos se escondían detrás del escritorio, el avance de la obra pública, la mejora de las condiciones de las personas y la implementación de las políticas públicas son las que han sufrido.
Burócratas a tiempo completo
Los perfiles técnicos, aunque expertos en sus áreas, se sienten más cómodos lidiando con reportes mensuales, cuadros de datos y estructuras de trabajo rutinarias, que siendo cercanos con la población, solucionando rápidamente problemas complejos y asumiendo riesgos poco calculables. En la administración pública, estas brechas se traducen en burocracia abultada, lenta y poco eficiente en la provisión de soluciones, bienes y servicios para la población, lo cual, paradójicamente, se presta para una mayor discrecionalidad en la acción.
Así pues, entre más tecnicismos, más burocracia y entre más burocracia, menor transparencia en la acción gubernamental.
Uno de los casos que mejor ejemplifica estos problemas es el del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
La solución no está en los extremos, técnica o política, sino que una buena administración debe ser capaz de encontrar el balance que permita una gestión eficiente y enfocada en la provisión de resultados para la población.
Pese a que no es la primera vez, las dudas generadas alrededor de la emisión de deuda pública realmente se derivan de la falta de claridad en la comunicación de las autoridades; ya que, a fin de ocultar los verdaderos intereses, el ministro y su cartera se han blindado de lenguaje técnico y poco accesible para la mayor parte de la población. Consecuentemente, esto demuestra cómo un técnico, aunque experto en su campo, no cuenta con las habilidades necesarias para acercar las soluciones políticas a la realidad de la población.
Otro sector que ha sufrido gravemente de las debilidades del tecnicismo del gobierno de Arévalo ha sido el de la construcción pública y el mejoramiento de la infraestructura. Una de las características centrales de un técnico es su capacidad de trabajar con variables medibles, cuyos valores y variaciones se pueden introducir en una operación matemática y así obtener un cálculo exacto sobre el nivel de riesgo de una intervención. En otras palabras, un técnico, antes que ser impulsivo en sus acciones, es averso al riesgo. Este miedo a tomar riesgos se ha traducido en una paralización de la obra pública, ya que, por el temor a tomar decisiones incorrectas o la incapacidad de calcular todos los escenarios, las autoridades han optado por la previsión y la sobre evaluación de procesos. Sin embargo, en el largo plazo, esta estrategia ha evitado los avances y ha frenado el progreso de la población.
Así pues, el lento avance de las metas de la administración de Arévalo se le puede atribuir, en gran parte, al exceso de técnicos, calculadores de riesgos, previsores y figuras lejanas a las verdaderas necesidades de la población. Pese a que estos solo son dos ejemplos puntuales, también hay muchos otros que evidencian que, al final, la solución no está en los extremos, técnica o política, sino que una buena administración debe ser capaz de encontrar el balance que permita una gestión eficiente y enfocada en la provisión de resultados para la población.
El gobierno de los que saben (en papel)
Una de las promesas del presidente Arévalo al momento de ganar las elecciones en 2023 era que llenaría su gobierno de especialistas, técnicos y figuras alejadas del vaivén político, de manera que el riesgo de corrupción se redujera al mínimo. Evidentemente, tomando en cuenta que su lema de campaña y, posteriormente, en el gobierno ha sido la lucha contra la corrupción, este compromiso apelaba al sentimiento de hartazgo e ilusión por el cambio de la ciudadanía. Como consecuencia, al menos en un inicio, la mayor parte de la administración arevalista, particularmente los principales tomadores de decisiones, se llenó con cuadros técnicos y expertos en sus áreas de estudios.
Más de un año y medio después de la toma de posesión, no solo la mayor parte de esos cuadros técnicos han sido reemplazados por políticos o funcionarios de carrera, sino que también han demostrado que, aunque sí eran los mejores en papel, ese carácter no se ha trasladado a la administración pública. Ahora bien, en el camino, mientras que muchos se escondían detrás del escritorio, el avance de la obra pública, la mejora de las condiciones de las personas y la implementación de las políticas públicas son las que han sufrido.
Burócratas a tiempo completo
Los perfiles técnicos, aunque expertos en sus áreas, se sienten más cómodos lidiando con reportes mensuales, cuadros de datos y estructuras de trabajo rutinarias, que siendo cercanos con la población, solucionando rápidamente problemas complejos y asumiendo riesgos poco calculables. En la administración pública, estas brechas se traducen en burocracia abultada, lenta y poco eficiente en la provisión de soluciones, bienes y servicios para la población, lo cual, paradójicamente, se presta para una mayor discrecionalidad en la acción.
Así pues, entre más tecnicismos, más burocracia y entre más burocracia, menor transparencia en la acción gubernamental.
Uno de los casos que mejor ejemplifica estos problemas es el del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
La solución no está en los extremos, técnica o política, sino que una buena administración debe ser capaz de encontrar el balance que permita una gestión eficiente y enfocada en la provisión de resultados para la población.
Pese a que no es la primera vez, las dudas generadas alrededor de la emisión de deuda pública realmente se derivan de la falta de claridad en la comunicación de las autoridades; ya que, a fin de ocultar los verdaderos intereses, el ministro y su cartera se han blindado de lenguaje técnico y poco accesible para la mayor parte de la población. Consecuentemente, esto demuestra cómo un técnico, aunque experto en su campo, no cuenta con las habilidades necesarias para acercar las soluciones políticas a la realidad de la población.
Otro sector que ha sufrido gravemente de las debilidades del tecnicismo del gobierno de Arévalo ha sido el de la construcción pública y el mejoramiento de la infraestructura. Una de las características centrales de un técnico es su capacidad de trabajar con variables medibles, cuyos valores y variaciones se pueden introducir en una operación matemática y así obtener un cálculo exacto sobre el nivel de riesgo de una intervención. En otras palabras, un técnico, antes que ser impulsivo en sus acciones, es averso al riesgo. Este miedo a tomar riesgos se ha traducido en una paralización de la obra pública, ya que, por el temor a tomar decisiones incorrectas o la incapacidad de calcular todos los escenarios, las autoridades han optado por la previsión y la sobre evaluación de procesos. Sin embargo, en el largo plazo, esta estrategia ha evitado los avances y ha frenado el progreso de la población.
Así pues, el lento avance de las metas de la administración de Arévalo se le puede atribuir, en gran parte, al exceso de técnicos, calculadores de riesgos, previsores y figuras lejanas a las verdaderas necesidades de la población. Pese a que estos solo son dos ejemplos puntuales, también hay muchos otros que evidencian que, al final, la solución no está en los extremos, técnica o política, sino que una buena administración debe ser capaz de encontrar el balance que permita una gestión eficiente y enfocada en la provisión de resultados para la población.