EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En julio de 2024, las autoridades mexicanas anunciaron la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcos más buscados del todo el mundo. Posteriormente, fue trasladado a una prisión en EE. UU., en donde, finalmente, se declaró culpable por los delitos de extorsión, corrupción, tráfico de drogas, lavado de activos y soborno. No obstante, más allá de una victoria judicial, este caso reabre el debate sobre la capacidad de control e influencia que tienen estas agrupaciones ilegales sobre la política nacional, las relaciones entre países y la incapacidad de las autoridades de frenar su avance. Esto se debe a que, pese a los esfuerzos, en la actualidad México no solo se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, sino que también se posiciona como un bastión del creciente comercio de drogas a nivel mundial.
El punto de partida de la explicación sobre el fracaso de la lucha contra el narcotráfico se encuentra en 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la guerra abierta contra las drogas. Esta declaración no solo le dio una forma reconocible a este fenómeno, sino que también trajo consigo un andamiaje institucional complejo con el objetivo de priorizar la destrucción de este enemigo. En otras palabras, al mismo tiempo que se hizo la declaración de la guerra contra las drogas, también se creó un aparato burocrático cuyo único objetivo es el combate contra las drogas y el narcotráfico. Esto implica que, por más de dos décadas, el gobierno mexicano, y el estadounidense, dado su interés por la protección de las vías comerciales, han destinado fondos estatales para el combate de este fenómeno.
Una guerra contra sí mismo
En términos cuantitativos, es posible afirmar que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, especialmente por la expansión masiva del mercado para el tráfico de substancias, la diversificación del producto y el aumento de la violencia vinculada a este negocio que ha costado miles de vidas. En este sentido, la teoría de la elección pública ofrece un marco explicativo desde el que se pueden entender las razones de la crisis política, económica y social que acompaña a este fenómeno.
Los gobiernos, desde la declaración de la guerra contra las drogas, realmente no están luchando contra los cárteles, sino que contra sí mismos y una estructura burocrática ineficiente y perversa que ellos mismos crearon.
Como se mencionó anteriormente, la declaración de la guerra contra las drogas se traduce en la creación de una estructura burocrática, compuesta por diferentes agencias y funcionarios, tanto en EE. UU., como en México, con el objetivo de ponerle fin al tráfico de drogas. Ahora bien, debido a la naturaleza jerárquica de estas instituciones, aunque en los altos niveles de la escalera burocrática exista una intención genuina por ponerle fin a este fenómeno, en los escalones intermedios y bajos, quienes realmente son responsables de la gestión, encontraremos funcionarios cuya única preocupación es el mantenimiento de su trabajo. Consecuentemente, debido al interés racional de los funcionarios que quieren mantener su trabajo, es evidente que no existe una intención real por acabar con el tráfico de drogas, dado que la eliminación del problema implicaría la eliminación de miles de trabajos. Así pues, a nivel individual, el interés personal por la seguridad laboral tiene un mayor peso que un objetivo abstracto, distante e idílico, como la guerra contra las drogas.
Otro problema que se deriva de la burocratización de la lucha contra las drogas se refiere a la captura regulatoria, lo cual se define como la cooptación de las agencias regulatorias por parte de los actores que inicialmente pretendían regular. En este sentido, los jefes de los cárteles, más que delincuentes, han evolucionado hasta convertirse en empresarios expertos en el lobby político. Esto se debe a que, al crear más burocracia, también se crea una mayor oportunidad para la captura institucional, lo cual se traduce en mayores ganancias para ambas partes involucradas en la transacción. Por ende, las agencias encargadas de regular el tráfico de drogas se han convertido en un peón más al servicio de los líderes más influyentes.
Así pues, esta reflexión revela cómo los gobiernos, desde la declaración de la guerra contra las drogas, realmente no están luchando contra los cárteles, sino que contra sí mismos y una estructura burocrática ineficiente y perversa que ellos mismos crearon. Consecuentemente, antes que seguir alimentando esta madeja institucional, parece necesario identificar el origen del problema y establecer una hoja de ruta para su solución, que en este caso parece ser la demanda creciente de drogas.
El dilema de los cárteles mexicanos y la fallida guerra contra las drogas
En julio de 2024, las autoridades mexicanas anunciaron la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los narcos más buscados del todo el mundo. Posteriormente, fue trasladado a una prisión en EE. UU., en donde, finalmente, se declaró culpable por los delitos de extorsión, corrupción, tráfico de drogas, lavado de activos y soborno. No obstante, más allá de una victoria judicial, este caso reabre el debate sobre la capacidad de control e influencia que tienen estas agrupaciones ilegales sobre la política nacional, las relaciones entre países y la incapacidad de las autoridades de frenar su avance. Esto se debe a que, pese a los esfuerzos, en la actualidad México no solo se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, sino que también se posiciona como un bastión del creciente comercio de drogas a nivel mundial.
El punto de partida de la explicación sobre el fracaso de la lucha contra el narcotráfico se encuentra en 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la guerra abierta contra las drogas. Esta declaración no solo le dio una forma reconocible a este fenómeno, sino que también trajo consigo un andamiaje institucional complejo con el objetivo de priorizar la destrucción de este enemigo. En otras palabras, al mismo tiempo que se hizo la declaración de la guerra contra las drogas, también se creó un aparato burocrático cuyo único objetivo es el combate contra las drogas y el narcotráfico. Esto implica que, por más de dos décadas, el gobierno mexicano, y el estadounidense, dado su interés por la protección de las vías comerciales, han destinado fondos estatales para el combate de este fenómeno.
Una guerra contra sí mismo
En términos cuantitativos, es posible afirmar que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, especialmente por la expansión masiva del mercado para el tráfico de substancias, la diversificación del producto y el aumento de la violencia vinculada a este negocio que ha costado miles de vidas. En este sentido, la teoría de la elección pública ofrece un marco explicativo desde el que se pueden entender las razones de la crisis política, económica y social que acompaña a este fenómeno.
Los gobiernos, desde la declaración de la guerra contra las drogas, realmente no están luchando contra los cárteles, sino que contra sí mismos y una estructura burocrática ineficiente y perversa que ellos mismos crearon.
Como se mencionó anteriormente, la declaración de la guerra contra las drogas se traduce en la creación de una estructura burocrática, compuesta por diferentes agencias y funcionarios, tanto en EE. UU., como en México, con el objetivo de ponerle fin al tráfico de drogas. Ahora bien, debido a la naturaleza jerárquica de estas instituciones, aunque en los altos niveles de la escalera burocrática exista una intención genuina por ponerle fin a este fenómeno, en los escalones intermedios y bajos, quienes realmente son responsables de la gestión, encontraremos funcionarios cuya única preocupación es el mantenimiento de su trabajo. Consecuentemente, debido al interés racional de los funcionarios que quieren mantener su trabajo, es evidente que no existe una intención real por acabar con el tráfico de drogas, dado que la eliminación del problema implicaría la eliminación de miles de trabajos. Así pues, a nivel individual, el interés personal por la seguridad laboral tiene un mayor peso que un objetivo abstracto, distante e idílico, como la guerra contra las drogas.
Otro problema que se deriva de la burocratización de la lucha contra las drogas se refiere a la captura regulatoria, lo cual se define como la cooptación de las agencias regulatorias por parte de los actores que inicialmente pretendían regular. En este sentido, los jefes de los cárteles, más que delincuentes, han evolucionado hasta convertirse en empresarios expertos en el lobby político. Esto se debe a que, al crear más burocracia, también se crea una mayor oportunidad para la captura institucional, lo cual se traduce en mayores ganancias para ambas partes involucradas en la transacción. Por ende, las agencias encargadas de regular el tráfico de drogas se han convertido en un peón más al servicio de los líderes más influyentes.
Así pues, esta reflexión revela cómo los gobiernos, desde la declaración de la guerra contra las drogas, realmente no están luchando contra los cárteles, sino que contra sí mismos y una estructura burocrática ineficiente y perversa que ellos mismos crearon. Consecuentemente, antes que seguir alimentando esta madeja institucional, parece necesario identificar el origen del problema y establecer una hoja de ruta para su solución, que en este caso parece ser la demanda creciente de drogas.
