EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La reciente sesión del Congreso tiene implicaciones sutiles para la balanza de poder dentro del Estado. El Congreso ha mostrado tener un ímpetu de “ejecución” para el año preelectoral, lo cual es un evidente deseo de utilizar las finanzas públicas con propósitos inconfesados, y una alteración de las relaciones de poder entre la oposición y el ejecutivo.
El oficialismo, durante los primeros dos años de gobierno, decidió adoptar prácticas perjudiciales contra la consolidación de los diputados con su electorado en pro de algún nivel de control en una coyuntura fragmentada –especialmente después de las pugnas internas de Semilla–. El Congreso actualmente está altamente atomizado y, sin embargo, el único consenso al que han llegado en meses ha sido el de un enemigo común: el Ejecutivo.
Por ello, a través del decreto 7-2025, se introdujeron algunos mecanismos que buscan lacerar la posición del Ejecutivo y, a la vez, crean un ambiente para la propagación de incentivos perversos en el uso del erario público. El decreto 7-2025 funciona de facto como una ampliación presupuestaria automática para el ejercicio fiscal 2025 y 2026, pues permite arrastrar recursos no ejecutados y sumarlos al presupuesto siguiente, sin necesidad de negociación en el Congreso con alto nivel discrecional. Por tanto, el decreto garantiza un alto nivel de liquidez para los CODEDE.
Además, norma un silencio administrativo positivo, que obliga al Gobierno a apurar sus procesos para ejercer supervisión sobre las obras públicas. Al agilizar –sin filtros– la ejecución, abre espacios para la discrecionalidad y convierte a los CODEDE en un mecanismo de clientelismo y corrupción.
CODEDE: puerta abierta al clientelismo
La alteración del balance clásico de control entre el Ejecutivo y el Congreso fue producto de la debilidad del oficialismo para ejercer poder en el Congreso y del aprovechamiento maligno de una ventana política de la oposición. El presidente Arévalo junto al ministro Menkos, queriendo tener en jaque a la oposición, ahora se encuentran en un zugzwang: una posición donde toda jugada es mala.
Los CODEDE están estructurados como plataformas descentralizadas, vinculadas más a los diputados y alcaldes que al Ejecutivo. La obra pública, que antes era dirigida de forma centralizada, ahora se ha visto envuelta en una reducción burocrática por culpa del oficialismo. Esto, en esencia, aumenta seriamente el riesgo de corrupción a través del país.
La intención es clara. El Congreso quiere más poder, menos fiscalización y más fondos. Y, sin embargo, el pulso político es también una previsión de lo que se dará con las elecciones de cargos del 2026.
Las elecciones de puestos importantes en el Estado –como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público– están a la vuelta. El Congreso ha hecho su jugada frente a un oficialismo fragmentado y sumamente débil. Le han restado al Ejecutivo una fuerte moneda de negociación: el presupuesto.
Las acciones, tanto del Ejecutivo, como de la oposición, arrinconaron a una situación precaria a los contribuyentes. El oficialismo se queda sin opciones ante unas elecciones históricas que se les escapan de las manos. Lo peor es que los contribuyentes ahora tendrán que ser espectadores de nuevos nidos de corrupción y clientelismo con una cuenta corriente abierta al gasto pagada con su labor. Este decreto fue un juego de suma cero.
La reciente sesión del Congreso tiene implicaciones sutiles para la balanza de poder dentro del Estado. El Congreso ha mostrado tener un ímpetu de “ejecución” para el año preelectoral, lo cual es un evidente deseo de utilizar las finanzas públicas con propósitos inconfesados, y una alteración de las relaciones de poder entre la oposición y el ejecutivo.
El oficialismo, durante los primeros dos años de gobierno, decidió adoptar prácticas perjudiciales contra la consolidación de los diputados con su electorado en pro de algún nivel de control en una coyuntura fragmentada –especialmente después de las pugnas internas de Semilla–. El Congreso actualmente está altamente atomizado y, sin embargo, el único consenso al que han llegado en meses ha sido el de un enemigo común: el Ejecutivo.
Por ello, a través del decreto 7-2025, se introdujeron algunos mecanismos que buscan lacerar la posición del Ejecutivo y, a la vez, crean un ambiente para la propagación de incentivos perversos en el uso del erario público. El decreto 7-2025 funciona de facto como una ampliación presupuestaria automática para el ejercicio fiscal 2025 y 2026, pues permite arrastrar recursos no ejecutados y sumarlos al presupuesto siguiente, sin necesidad de negociación en el Congreso con alto nivel discrecional. Por tanto, el decreto garantiza un alto nivel de liquidez para los CODEDE.
Además, norma un silencio administrativo positivo, que obliga al Gobierno a apurar sus procesos para ejercer supervisión sobre las obras públicas. Al agilizar –sin filtros– la ejecución, abre espacios para la discrecionalidad y convierte a los CODEDE en un mecanismo de clientelismo y corrupción.
CODEDE: puerta abierta al clientelismo
La alteración del balance clásico de control entre el Ejecutivo y el Congreso fue producto de la debilidad del oficialismo para ejercer poder en el Congreso y del aprovechamiento maligno de una ventana política de la oposición. El presidente Arévalo junto al ministro Menkos, queriendo tener en jaque a la oposición, ahora se encuentran en un zugzwang: una posición donde toda jugada es mala.
Los CODEDE están estructurados como plataformas descentralizadas, vinculadas más a los diputados y alcaldes que al Ejecutivo. La obra pública, que antes era dirigida de forma centralizada, ahora se ha visto envuelta en una reducción burocrática por culpa del oficialismo. Esto, en esencia, aumenta seriamente el riesgo de corrupción a través del país.
La intención es clara. El Congreso quiere más poder, menos fiscalización y más fondos. Y, sin embargo, el pulso político es también una previsión de lo que se dará con las elecciones de cargos del 2026.
Las elecciones de puestos importantes en el Estado –como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público– están a la vuelta. El Congreso ha hecho su jugada frente a un oficialismo fragmentado y sumamente débil. Le han restado al Ejecutivo una fuerte moneda de negociación: el presupuesto.
Las acciones, tanto del Ejecutivo, como de la oposición, arrinconaron a una situación precaria a los contribuyentes. El oficialismo se queda sin opciones ante unas elecciones históricas que se les escapan de las manos. Lo peor es que los contribuyentes ahora tendrán que ser espectadores de nuevos nidos de corrupción y clientelismo con una cuenta corriente abierta al gasto pagada con su labor. Este decreto fue un juego de suma cero.
