EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como ya es costumbre, se está discutiendo un caso en contra de El Salvador, con el objetivo pernicioso de legalizar el aborto. Beatriz era una mujer joven salvadoreña, con un diagnóstico de lupus controlado, que estaba viviendo su segundo embarazo. De acuerdo con las pruebas clínicas realizadas como parte de su control prenatal, Beatriz nunca estuvo en un peligro inminente de muerte durante su embarazo.
Su hija por nacer, Leilani, tenía un diagnóstico de anencefalia. Pocos días pasaron para que organizaciones abortistas recibieran ilegalmente el expediente médico de Beatriz, mintieran a las autoridades del hospital para acercarse a ella y ejercieran presión psicológica para obligarla a practicarse un aborto, ilegal en El Salvador, aduciendo que su vida corría peligro, sin ninguna base científica ni prueba clínica que lo sustentara. Al contrario, por la cicatriz reciente de su primer embarazo, la práctica de un aborto, ya fuera químico o quirúrgico, ponía en riesgo su vida, como expusieron claramente los médicos durante la audiencia ante la Corte IDH.
El 3 de junio del 2013, por la mañana, la hija de Beatriz, Leilani, nace por cesárea y muere a las 4 horas. Beatriz visitaba su tumba hasta sus últimos días, pues lamentablemente el 8 de octubre de 2017, es decir, cuatro años después, Beatriz muere como consecuencia de un accidente de tránsito. Con ello, se desata una ola de noticias y publicaciones falsas para desinformar e intentar argumentar que su muerte se relaciona con la prohibición del aborto, lo cual es a todas luces falso.
A los jueces nacionales de cada país de la región, es importante recordarles que ningún país está obligado a cumplir con la confusa teoría del “control de convencionalidad”. La Corte IDH no es una “supra-Corte” con poderes continentales. Sean valientes y defiendan la soberanía de sus países.
Con ese camino arado, el lobby abortista presenta este caso a la CIDH, que después eleva a la Corte IDH, con el único objetivo de legalizar el “aborto terapéutico” en la región. Pareciera conspiración que hablemos de una sentencia específica en contra de un país y pretendamos que afecte a toda la región; sin embargo, así lo han querido interpretar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando hablan de la teoría confusa del “control de convencionalidad”, que busca que cada país dentro del sistema adopte sus legislaciones incluso a las sentencias de la Corte.
Todo esto sin mencionar el evidente conflicto de intereses que existe entre los financistas del juez y las partes: la industria abortista, empresas y grandes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que financian a las cuatro organizaciones denunciantes del caso, también financian a la Corte y a la CIDH. Pueden hacer clic en este reporte para estudiar esta evidencia. (http://casobeatriz.org/wp-content/uploads/2024/09/Balance-financiero-CIDH.pdf)
¿Queremos un sistema internacional de justicia que no elegimos, que tampoco podemos auditar y que en lugar de trabajar por la justicia responde a los intereses de la billetera que lo financia? En este caso específico, la petición a los jueces de la Corte IDH es la siguiente: no se dejen manipular por esta industria de la muerte, defiendan el principal derecho humano, la vida, sin el cual no hay oportunidad de exigir los demás derechos. A los jueces nacionales de cada país de la región, es importante recordarles que ningún país está obligado a cumplir con la confusa teoría del “control de convencionalidad”. La Corte IDH no es una “supra-Corte” con poderes continentales. Sean valientes y defiendan la soberanía de sus países. Y a la población en general, a pesar de que tenemos muchos problemas por resolver y prioridades para cada una de nuestras poblaciones, no quitemos el dedo en el renglón de estos casos que, en silencio, quieren socavar nuestra soberanía y actuar en contra de nuestra población. Sigamos alzando la voz y no dejemos que el caso Beatriz se convierta en el caso Roe v Wade de Latinoamérica.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como ya es costumbre, se está discutiendo un caso en contra de El Salvador, con el objetivo pernicioso de legalizar el aborto. Beatriz era una mujer joven salvadoreña, con un diagnóstico de lupus controlado, que estaba viviendo su segundo embarazo. De acuerdo con las pruebas clínicas realizadas como parte de su control prenatal, Beatriz nunca estuvo en un peligro inminente de muerte durante su embarazo.
Su hija por nacer, Leilani, tenía un diagnóstico de anencefalia. Pocos días pasaron para que organizaciones abortistas recibieran ilegalmente el expediente médico de Beatriz, mintieran a las autoridades del hospital para acercarse a ella y ejercieran presión psicológica para obligarla a practicarse un aborto, ilegal en El Salvador, aduciendo que su vida corría peligro, sin ninguna base científica ni prueba clínica que lo sustentara. Al contrario, por la cicatriz reciente de su primer embarazo, la práctica de un aborto, ya fuera químico o quirúrgico, ponía en riesgo su vida, como expusieron claramente los médicos durante la audiencia ante la Corte IDH.
El 3 de junio del 2013, por la mañana, la hija de Beatriz, Leilani, nace por cesárea y muere a las 4 horas. Beatriz visitaba su tumba hasta sus últimos días, pues lamentablemente el 8 de octubre de 2017, es decir, cuatro años después, Beatriz muere como consecuencia de un accidente de tránsito. Con ello, se desata una ola de noticias y publicaciones falsas para desinformar e intentar argumentar que su muerte se relaciona con la prohibición del aborto, lo cual es a todas luces falso.
A los jueces nacionales de cada país de la región, es importante recordarles que ningún país está obligado a cumplir con la confusa teoría del “control de convencionalidad”. La Corte IDH no es una “supra-Corte” con poderes continentales. Sean valientes y defiendan la soberanía de sus países.
Con ese camino arado, el lobby abortista presenta este caso a la CIDH, que después eleva a la Corte IDH, con el único objetivo de legalizar el “aborto terapéutico” en la región. Pareciera conspiración que hablemos de una sentencia específica en contra de un país y pretendamos que afecte a toda la región; sin embargo, así lo han querido interpretar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando hablan de la teoría confusa del “control de convencionalidad”, que busca que cada país dentro del sistema adopte sus legislaciones incluso a las sentencias de la Corte.
Todo esto sin mencionar el evidente conflicto de intereses que existe entre los financistas del juez y las partes: la industria abortista, empresas y grandes Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que financian a las cuatro organizaciones denunciantes del caso, también financian a la Corte y a la CIDH. Pueden hacer clic en este reporte para estudiar esta evidencia. (http://casobeatriz.org/wp-content/uploads/2024/09/Balance-financiero-CIDH.pdf)
¿Queremos un sistema internacional de justicia que no elegimos, que tampoco podemos auditar y que en lugar de trabajar por la justicia responde a los intereses de la billetera que lo financia? En este caso específico, la petición a los jueces de la Corte IDH es la siguiente: no se dejen manipular por esta industria de la muerte, defiendan el principal derecho humano, la vida, sin el cual no hay oportunidad de exigir los demás derechos. A los jueces nacionales de cada país de la región, es importante recordarles que ningún país está obligado a cumplir con la confusa teoría del “control de convencionalidad”. La Corte IDH no es una “supra-Corte” con poderes continentales. Sean valientes y defiendan la soberanía de sus países. Y a la población en general, a pesar de que tenemos muchos problemas por resolver y prioridades para cada una de nuestras poblaciones, no quitemos el dedo en el renglón de estos casos que, en silencio, quieren socavar nuestra soberanía y actuar en contra de nuestra población. Sigamos alzando la voz y no dejemos que el caso Beatriz se convierta en el caso Roe v Wade de Latinoamérica.
