¿Dónde quedó la Inversión?
Como año tras año sucede, el presupuesto de Gobierno es el más grande de la historia, pero en lugar de aumentar entre 8 % y 9 % como ha sido históricamente, el incremento representa 26.92 % sobre el presupuesto vigente que se tenía previo a la ampliación.
En menos de dos meses se va a haber discutido en Guatemala incrementos consecutivos del presupuesto que tiene bajo su responsabilidad el Gobierno, habiendo pasado de GTQ 117 021 M a GTQ 131 173 M con la ampliación recién aprobada (incremento de GTQ 14 151 M o 12.09 %) y a una propuesta de presupuesto de GTQ 148 526 M (incremento de GTQ 17 354 M o 13.23 %).
De la noche a la mañana, pasamos de hablar de un Gobierno que tiene bajo su responsabilidad el 15 % del PIB a esperar que ejecute el 17 % del PIB. Este incremento de 2 % en el PIB va de la mano con un incremento sin precedentes de la recaudación tributaria, pero lo que nos debería preocupar no es solo de dónde vienen los ingresos, sino hacia dónde se orientarán los gastos.
En innumerables estudios y análisis se ha demostrado con contundencia que la principal razón por la que Guatemala tiene un crecimiento estancado es porque no existe suficiente inversión en el país, sobre todo de la parte pública. Mientras que se espera que para el 2024 la aportación privada a la formación bruta de capital fijo alcance el 14.6 % del PIB (proyecciones del Banco de Guatemala), la aportación que hará el Gobierno ascenderá a tan sólo el 1.6 % del PIB. Visto desde la brecha que se tiene, CEPAL recomienda que la inversión pública represente el 6 % del PIB, lo que significa multiplicar por cuatro el monto que se destina actualmente a ese rubro.
No quiero dejar de mencionar el rol que puede tener el sector privado en la inversión, siendo recomendable que la inversión sea al menos del 18 % del PIB, lo cual implica un incremento del 25 % de lo que se hace actualmente. No obstante, la experiencia a lo largo del tiempo y en muchos países muestra que no existirá inversión privada si antes no existe una inversión pública que confirme el compromiso del Gobierno con la creación y mantenimiento de infraestructura.
La pregunta que debemos hacernos es dónde están las prioridades del Gobierno y si estas prioridades se alinean o no con las necesidades más urgentes que tiene un país que ni siquiera cuenta con la base mínima material sobre la cual se construye el desarrollo de una sociedad, lo cual por cierto se llama infraestructura.
Pero, ¿por qué hablar de este tema ahora? La reflexión surge a raíz de la primera revisión que hice del proyecto de presupuesto entregado por el Ministerio de Finanzas al Congreso. Efectivamente, hay mayor inversión, pero representa tan solo el 19.96 % del presupuesto, o el equivalente al 3.39% del PIB (inversión física y transferencias de capital). El esfuerzo es notorio, pero con la disponibilidad de recursos que se tienen, se esperaría al menos un 1 % adicional del PIB en inversión física.
¿De dónde viene esta recomendación? Baso mi recomendación en el presupuesto que se tiene asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el cual es responsable del 22.62 % del total de la inversión pública (Obligaciones a cargo del Tesoro registra el 67.35 % del total de la inversión). Con poco más de GTQ 6707 M destinado a inversión (y GTQ 3223 M en funcionamiento), el CIV deberá cubrir las responsabilidades que tiene la Dirección General de Caminos (GTQ 2670 M de inversión física) y el Fondo Social de Solidaridad (GTQ 1206 M). Es importante aclarar que el presupuesto de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL– no se registra como inversión, sino como funcionamiento (GTQ 1457 M).
Fácilmente, teniendo como fundamento el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, la Dirección General de Caminos debiera tener un presupuesto de inversión física superior a los GTQ 10 000 M, lo cual permitiría pasar de 0.77 % del PIB a 1.14 % del PIB. Y si se fuera ambicioso, antes de terminar el período de Gobierno este valor debiera llegar lo más cerca posible a los GTQ 14 000 M solo en inversión física.
Como año tras año sucede, el presupuesto de Gobierno es el más grande de la historia, pero en lugar de aumentar entre 8 % y 9 % como ha sido históricamente, el incremento representa 26.92 % sobre el presupuesto vigente que se tenía previo a la ampliación. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es dónde están las prioridades del Gobierno y si estas prioridades se alinean o no con las necesidades más urgentes que tiene un país que ni siquiera cuenta con la base mínima material sobre la cual se construye el desarrollo de una sociedad, lo cual por cierto se llama infraestructura.
¿Dónde quedó la Inversión?
Como año tras año sucede, el presupuesto de Gobierno es el más grande de la historia, pero en lugar de aumentar entre 8 % y 9 % como ha sido históricamente, el incremento representa 26.92 % sobre el presupuesto vigente que se tenía previo a la ampliación.
En menos de dos meses se va a haber discutido en Guatemala incrementos consecutivos del presupuesto que tiene bajo su responsabilidad el Gobierno, habiendo pasado de GTQ 117 021 M a GTQ 131 173 M con la ampliación recién aprobada (incremento de GTQ 14 151 M o 12.09 %) y a una propuesta de presupuesto de GTQ 148 526 M (incremento de GTQ 17 354 M o 13.23 %).
De la noche a la mañana, pasamos de hablar de un Gobierno que tiene bajo su responsabilidad el 15 % del PIB a esperar que ejecute el 17 % del PIB. Este incremento de 2 % en el PIB va de la mano con un incremento sin precedentes de la recaudación tributaria, pero lo que nos debería preocupar no es solo de dónde vienen los ingresos, sino hacia dónde se orientarán los gastos.
En innumerables estudios y análisis se ha demostrado con contundencia que la principal razón por la que Guatemala tiene un crecimiento estancado es porque no existe suficiente inversión en el país, sobre todo de la parte pública. Mientras que se espera que para el 2024 la aportación privada a la formación bruta de capital fijo alcance el 14.6 % del PIB (proyecciones del Banco de Guatemala), la aportación que hará el Gobierno ascenderá a tan sólo el 1.6 % del PIB. Visto desde la brecha que se tiene, CEPAL recomienda que la inversión pública represente el 6 % del PIB, lo que significa multiplicar por cuatro el monto que se destina actualmente a ese rubro.
No quiero dejar de mencionar el rol que puede tener el sector privado en la inversión, siendo recomendable que la inversión sea al menos del 18 % del PIB, lo cual implica un incremento del 25 % de lo que se hace actualmente. No obstante, la experiencia a lo largo del tiempo y en muchos países muestra que no existirá inversión privada si antes no existe una inversión pública que confirme el compromiso del Gobierno con la creación y mantenimiento de infraestructura.
La pregunta que debemos hacernos es dónde están las prioridades del Gobierno y si estas prioridades se alinean o no con las necesidades más urgentes que tiene un país que ni siquiera cuenta con la base mínima material sobre la cual se construye el desarrollo de una sociedad, lo cual por cierto se llama infraestructura.
Pero, ¿por qué hablar de este tema ahora? La reflexión surge a raíz de la primera revisión que hice del proyecto de presupuesto entregado por el Ministerio de Finanzas al Congreso. Efectivamente, hay mayor inversión, pero representa tan solo el 19.96 % del presupuesto, o el equivalente al 3.39% del PIB (inversión física y transferencias de capital). El esfuerzo es notorio, pero con la disponibilidad de recursos que se tienen, se esperaría al menos un 1 % adicional del PIB en inversión física.
¿De dónde viene esta recomendación? Baso mi recomendación en el presupuesto que se tiene asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el cual es responsable del 22.62 % del total de la inversión pública (Obligaciones a cargo del Tesoro registra el 67.35 % del total de la inversión). Con poco más de GTQ 6707 M destinado a inversión (y GTQ 3223 M en funcionamiento), el CIV deberá cubrir las responsabilidades que tiene la Dirección General de Caminos (GTQ 2670 M de inversión física) y el Fondo Social de Solidaridad (GTQ 1206 M). Es importante aclarar que el presupuesto de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial –COVIAL– no se registra como inversión, sino como funcionamiento (GTQ 1457 M).
Fácilmente, teniendo como fundamento el Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, la Dirección General de Caminos debiera tener un presupuesto de inversión física superior a los GTQ 10 000 M, lo cual permitiría pasar de 0.77 % del PIB a 1.14 % del PIB. Y si se fuera ambicioso, antes de terminar el período de Gobierno este valor debiera llegar lo más cerca posible a los GTQ 14 000 M solo en inversión física.
Como año tras año sucede, el presupuesto de Gobierno es el más grande de la historia, pero en lugar de aumentar entre 8 % y 9 % como ha sido históricamente, el incremento representa 26.92 % sobre el presupuesto vigente que se tenía previo a la ampliación. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es dónde están las prioridades del Gobierno y si estas prioridades se alinean o no con las necesidades más urgentes que tiene un país que ni siquiera cuenta con la base mínima material sobre la cual se construye el desarrollo de una sociedad, lo cual por cierto se llama infraestructura.