EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Dignidad mal entendida: El gobierno de Semilla y su peligrosa narrativa de los derechos salariales
Es hora de destinar esos recursos a donde realmente se necesitan: salud, educación e infraestructura. Solo así construiremos un país que refleje la verdadera dignidad.
La semana pasada, el Ministerio de Finanzas sorprendió con un anuncio que generó tantas preguntas como indignación. Se aprobó una reforma al bono administrativo y se creó un «bono de impulso económico» de Q. 4,500, a entregarse anualmente. Según la Secretaría de Comunicación del Ministerio, estas medidas fueron tomadas «para dignificar la labor del servidor público». Pero, ¿acaso, la dignidad humana puede comprarse con un bono?
Esta decisión se suma a otros aumentos salariales que han encendido el debate público, como el incremento del salario de los diputados del Congreso, que pasó de Q. 29,000 a un rango de Q. 45,000-51,939 mensuales. Mientras tanto, el presidente Arévalo sostiene que estas medidas, así como la ampliación del presupuesto nacional, buscan garantizar una «vida digna» para los guatemaltecos y los servidores públicos. Sin embargo, detrás de estas palabras se esconden al menos tres problemas fundamentales.
1. Confusión conceptual de la dignidad humana
Usar el concepto de dignidad para justificar beneficios económicos no solo es un error, sino una grave confusión conceptual. La dignidad humana no depende de un salario ni de un bono; es inherente, inalienable y no puede ser medida en términos monetarios. Reducirla a algo que se puede otorgar o comprar con dinero es trivializar uno de los valores más profundos de nuestra humanidad.
La palabra «dignidad» proviene del latín dignitas, un término que, según Cicerón, abarcaba mérito, autoridad, grandeza, honestidad, decoro, virtud y valor. No es el ingreso económico lo que hace digna a una persona, sino su comportamiento y principios. Estas cualidades trascienden lo material.
La noción moderna de dignidad como un valor inherente al ser humano surgió durante el Renacimiento y la Ilustración. En el siglo XV, Giovanni Pico della Mirandola, filósofo del Ducado de Mirandola, dio forma a esta idea en su obra Discurso sobre la dignidad del hombre. Para Pico, la dignidad humana reside en nuestra capacidad de razonar y ejercer el libre albedrío, una concepción revolucionaria que más tarde desarrollaría Immanuel Kant. Según Kant, mientras algunas cosas tienen precio y pueden ser reemplazadas, aquello que trasciende todo precio y no admite equivalentes es lo que posee dignidad.
Esta evolución del pensamiento consolidó la idea de la dignidad como un valor intrínseco que poseemos simplemente por ser humanos. Es universal porque pertenece a todos, inalienable porque no puede ser arrebatada y, sobre todo, incondicional porque no depende de circunstancias o méritos individuales.
2. Instrumentalización de la dignidad para justificar decisiones económicas y políticas
El presidente y sus ministros han transformado la dignidad en una herramienta retórica para justificar decisiones económicas y políticas. Pero ¿puede la dignidad ser manipulada como un argumento al servicio del poder? Las políticas salariales, por más necesarias que sean, deben fundamentarse en criterios como productividad, mérito y valoración económica.
Desde mi perspectiva, la dignidad de una persona radica en su contribución al país, en su honestidad y en la capacidad de mirar a los ojos a los demás con orgullo por su esfuerzo diario. No importa cuán humilde sea la tarea, el trabajo realizado con integridad es el verdadero motor que mueve a una nación.
Confundir el trabajo digno con el profundo concepto filosófico de la dignidad humana no solo desvía la atención de los problemas reales, sino que distorsiona las prioridades del país. En lugar de resolver las carencias estructurales que enfrentan los ciudadanos, se utiliza la dignidad como un pretexto que termina por banalizar su verdadero significado.
3. Desviación de criterios objetivos para determinar salarios
Al invocar la dignidad como argumento, el gobierno distrae la atención de los criterios esenciales para establecer salarios: productividad, mérito y desempeño. En lugar de alinearse con las dinámicas del mercado laboral y promover la competitividad, que son pilares fundamentales de una economía próspera, las políticas salariales parecen responder a una narrativa simplista y emocional.
La verdadera competitividad no se logra con aumentos desconectados de la realidad económica, sino impulsando políticas que premien el esfuerzo y el rendimiento individual. Solo así se fomenta la productividad y se generan excedentes que contribuyen directamente al crecimiento y la riqueza de un país.
Es indigno hablar de la dignificación por medio del dinero
Justificar aumentos salariales apelando a la «dignidad» no solo crea un precedente peligroso, sino que también distorsiona las prioridades económicas. Este enfoque abre la puerta para que otros sectores exijan beneficios bajo el mismo argumento, ignorando los criterios esenciales de mérito y eficiencia. Además, profundiza la disparidad entre los empleados públicos y el resto de los trabajadores guatemaltecos.
Desde mi perspectiva, la dignidad de una persona radica en su contribución al país, en su honestidad y en la capacidad de mirar a los ojos a los demás con orgullo por su esfuerzo diario. No importa cuán humilde sea la tarea, el trabajo realizado con integridad es el verdadero motor que mueve a una nación.
Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a exigir dignidad en los servicios que el gobierno nos debe. No puede ser que no funcionen los puertos, que las carreteras sean intransitables o que el aeropuerto sea motivo de vergüenza. Es una tragedia que el 22 % de las muertes en Guatemala están vinculadas con enfermedad materna, prenatal o desnutrición, que en 2024 se ha realizado una denuncia por extorsión cada 26 minutos, o que los resultados de los exámenes PISA muestran que 87 % de los niños guatemaltecos no tienen la capacidad de interpretar o reconocer patrones matemáticos simples. Los servidores públicos son empleados de la nación y no deberían tener mejores condiciones que aquellos a quienes sirven. Es hora de destinar esos recursos a donde realmente se necesitan: salud, educación e infraestructura. Solo así construiremos un país que refleje la verdadera dignidad, no en palabras, sino en acciones concretas que beneficien a todos.
PhD. Ramiro Bolaños
Dignidad mal entendida: El gobierno de Semilla y su peligrosa narrativa de los derechos salariales
Es hora de destinar esos recursos a donde realmente se necesitan: salud, educación e infraestructura. Solo así construiremos un país que refleje la verdadera dignidad.
La semana pasada, el Ministerio de Finanzas sorprendió con un anuncio que generó tantas preguntas como indignación. Se aprobó una reforma al bono administrativo y se creó un «bono de impulso económico» de Q. 4,500, a entregarse anualmente. Según la Secretaría de Comunicación del Ministerio, estas medidas fueron tomadas «para dignificar la labor del servidor público». Pero, ¿acaso, la dignidad humana puede comprarse con un bono?
Esta decisión se suma a otros aumentos salariales que han encendido el debate público, como el incremento del salario de los diputados del Congreso, que pasó de Q. 29,000 a un rango de Q. 45,000-51,939 mensuales. Mientras tanto, el presidente Arévalo sostiene que estas medidas, así como la ampliación del presupuesto nacional, buscan garantizar una «vida digna» para los guatemaltecos y los servidores públicos. Sin embargo, detrás de estas palabras se esconden al menos tres problemas fundamentales.
1. Confusión conceptual de la dignidad humana
Usar el concepto de dignidad para justificar beneficios económicos no solo es un error, sino una grave confusión conceptual. La dignidad humana no depende de un salario ni de un bono; es inherente, inalienable y no puede ser medida en términos monetarios. Reducirla a algo que se puede otorgar o comprar con dinero es trivializar uno de los valores más profundos de nuestra humanidad.
La palabra «dignidad» proviene del latín dignitas, un término que, según Cicerón, abarcaba mérito, autoridad, grandeza, honestidad, decoro, virtud y valor. No es el ingreso económico lo que hace digna a una persona, sino su comportamiento y principios. Estas cualidades trascienden lo material.
La noción moderna de dignidad como un valor inherente al ser humano surgió durante el Renacimiento y la Ilustración. En el siglo XV, Giovanni Pico della Mirandola, filósofo del Ducado de Mirandola, dio forma a esta idea en su obra Discurso sobre la dignidad del hombre. Para Pico, la dignidad humana reside en nuestra capacidad de razonar y ejercer el libre albedrío, una concepción revolucionaria que más tarde desarrollaría Immanuel Kant. Según Kant, mientras algunas cosas tienen precio y pueden ser reemplazadas, aquello que trasciende todo precio y no admite equivalentes es lo que posee dignidad.
Esta evolución del pensamiento consolidó la idea de la dignidad como un valor intrínseco que poseemos simplemente por ser humanos. Es universal porque pertenece a todos, inalienable porque no puede ser arrebatada y, sobre todo, incondicional porque no depende de circunstancias o méritos individuales.
2. Instrumentalización de la dignidad para justificar decisiones económicas y políticas
El presidente y sus ministros han transformado la dignidad en una herramienta retórica para justificar decisiones económicas y políticas. Pero ¿puede la dignidad ser manipulada como un argumento al servicio del poder? Las políticas salariales, por más necesarias que sean, deben fundamentarse en criterios como productividad, mérito y valoración económica.
Desde mi perspectiva, la dignidad de una persona radica en su contribución al país, en su honestidad y en la capacidad de mirar a los ojos a los demás con orgullo por su esfuerzo diario. No importa cuán humilde sea la tarea, el trabajo realizado con integridad es el verdadero motor que mueve a una nación.
Confundir el trabajo digno con el profundo concepto filosófico de la dignidad humana no solo desvía la atención de los problemas reales, sino que distorsiona las prioridades del país. En lugar de resolver las carencias estructurales que enfrentan los ciudadanos, se utiliza la dignidad como un pretexto que termina por banalizar su verdadero significado.
3. Desviación de criterios objetivos para determinar salarios
Al invocar la dignidad como argumento, el gobierno distrae la atención de los criterios esenciales para establecer salarios: productividad, mérito y desempeño. En lugar de alinearse con las dinámicas del mercado laboral y promover la competitividad, que son pilares fundamentales de una economía próspera, las políticas salariales parecen responder a una narrativa simplista y emocional.
La verdadera competitividad no se logra con aumentos desconectados de la realidad económica, sino impulsando políticas que premien el esfuerzo y el rendimiento individual. Solo así se fomenta la productividad y se generan excedentes que contribuyen directamente al crecimiento y la riqueza de un país.
Es indigno hablar de la dignificación por medio del dinero
Justificar aumentos salariales apelando a la «dignidad» no solo crea un precedente peligroso, sino que también distorsiona las prioridades económicas. Este enfoque abre la puerta para que otros sectores exijan beneficios bajo el mismo argumento, ignorando los criterios esenciales de mérito y eficiencia. Además, profundiza la disparidad entre los empleados públicos y el resto de los trabajadores guatemaltecos.
Desde mi perspectiva, la dignidad de una persona radica en su contribución al país, en su honestidad y en la capacidad de mirar a los ojos a los demás con orgullo por su esfuerzo diario. No importa cuán humilde sea la tarea, el trabajo realizado con integridad es el verdadero motor que mueve a una nación.
Nosotros, el pueblo, tenemos derecho a exigir dignidad en los servicios que el gobierno nos debe. No puede ser que no funcionen los puertos, que las carreteras sean intransitables o que el aeropuerto sea motivo de vergüenza. Es una tragedia que el 22 % de las muertes en Guatemala están vinculadas con enfermedad materna, prenatal o desnutrición, que en 2024 se ha realizado una denuncia por extorsión cada 26 minutos, o que los resultados de los exámenes PISA muestran que 87 % de los niños guatemaltecos no tienen la capacidad de interpretar o reconocer patrones matemáticos simples. Los servidores públicos son empleados de la nación y no deberían tener mejores condiciones que aquellos a quienes sirven. Es hora de destinar esos recursos a donde realmente se necesitan: salud, educación e infraestructura. Solo así construiremos un país que refleje la verdadera dignidad, no en palabras, sino en acciones concretas que beneficien a todos.
PhD. Ramiro Bolaños
