EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En las teorías clásicas de la filosofía política, los autores describían el sistema democrático como el único capaz de garantizar la defensa de los derechos y libertades y la preservación del individualismo inherente al ser humano. Esto se debe a que, al estar fundada en los pilares de la representatividad y la separación de poderes, la democracia evitaba la concentración de poder en una sola figura e incentivaba el control y balance de las funciones de las diferentes ramas de gobierno para evitar extralimitaciones. No obstante, un elemento necesario para que la estructura institucional se acercara a este modelo ideal era la independencia de los poderes, lo cual encontraba su fundamento en las diversas fuentes de legitimación. Es decir, debido a que las funciones de gobierno, legislativas y ejecutivas, encontraban su legitimidad en la autoridad, y las funciones de garantía, las del poder judicial, en la verdad, sí existía una separación tajante de competencias.
Evidentemente, estas teorías políticas tenían como referencia un sistema de gobierno más simple. No obstante, con el crecimiento del gobierno, particularmente a partir del surgimiento del Estado de bienestar, esta división clásica de poderes ha devengado en una crisis democrática. La razón de esta deformación es que los poderes legislativos y ejecutivos, al contar con una legitimidad democrática, debido a que ambos son electos por mayoría, les ha permitido atribuirse funciones que no solo ponen en riesgo las funciones de garantía, sino que también los habilita a extralimitarse en sus competencias. En otras palabras, el Legislativo y el Ejecutivo, escudados en el concepto de la voluntad de la mayoría, se han permitido acumular y concentrar más poder. Adicionalmente, debido a que en la actualidad la mayor parte de los nombramientos del poder judicial dependen del visto bueno del Ejecutivo, este se ha puesto al servicio de los intereses particulares, alejado de la búsqueda de la verdad y el mantenimiento de la justicia.
El salvavidas institucional
Ahora bien, esta tendencia hacia la concentración y confusión de poderes entre las diferentes ramas de gobierno únicamente se ha exacerbado con el fortalecimiento de los movimientos populistas que, pese a que inicialmente parecía ser solo una preocupación latinoamericana, ya ha encontrado sus mutaciones en otros puntos geográficos. Esto se debe a que, un líder populista, cegado por su compromiso con la “mayoría”, frente a un statu quo que únicamente defiende sus intereses particulares y es contraria a la ciudadanía, considera que cuenta con amplio margen de discrecionalidad para actuar, incluso si esto pone en riesgo la estabilidad institucional.
Ante esta tendencia hacia la concentración de poder, fundada en la supuesta defensa de la mayoría, las Cortes están obligadas a mantener una posición neutral, aunque sea impopular.
Así pues, las causas de la creciente crisis democrática son evidentes. No obstante, debido a la complejidad que presentan los sistemas de gobierno en la actualidad, parece que la solución todavía no encuentra tal nivel de claridad, particularmente por el carácter contramayoritario que esta podría tener.
En términos generales, desde su concepción, el poder judicial ha sido contrario a la voluntad de la mayoría, dado que, más que responder a intereses particulares, este está obligado a velar por el bien común sin distinción frente a la ley. Consecuentemente, a diferencia de las otras ramas de gobierno, su autoridad no se deriva de la popularidad que tenga entre el electorado, sino que de la imparcialidad en sus juicios. Por ello, ante esta tendencia hacia la concentración de poder, fundada en la supuesta defensa de la mayoría, las Cortes están obligadas a mantener una posición neutral, aunque sea impopular. En otras palabras, si el poder judicial no mantiene un carácter contramayoritario, únicamente estaría contribuyendo a la profundización de la crisis democrática.
Así pues, aunque el concepto de la democracia liberal se fundamenta en los principios de la representatividad y la voluntad de la mayoría, para que su estabilidad prevalezca, es necesario que, paralelamente, exista un poder contramayoritario que atenúe las pasiones que tienden hacia la extralimitación de funciones. De lo contrario, paradójicamente, la democracia cometería un asalto institucional y se transformaría en un autoritarismo sin precedentes.
Democracia: más que un show de popularidad
En las teorías clásicas de la filosofía política, los autores describían el sistema democrático como el único capaz de garantizar la defensa de los derechos y libertades y la preservación del individualismo inherente al ser humano. Esto se debe a que, al estar fundada en los pilares de la representatividad y la separación de poderes, la democracia evitaba la concentración de poder en una sola figura e incentivaba el control y balance de las funciones de las diferentes ramas de gobierno para evitar extralimitaciones. No obstante, un elemento necesario para que la estructura institucional se acercara a este modelo ideal era la independencia de los poderes, lo cual encontraba su fundamento en las diversas fuentes de legitimación. Es decir, debido a que las funciones de gobierno, legislativas y ejecutivas, encontraban su legitimidad en la autoridad, y las funciones de garantía, las del poder judicial, en la verdad, sí existía una separación tajante de competencias.
Evidentemente, estas teorías políticas tenían como referencia un sistema de gobierno más simple. No obstante, con el crecimiento del gobierno, particularmente a partir del surgimiento del Estado de bienestar, esta división clásica de poderes ha devengado en una crisis democrática. La razón de esta deformación es que los poderes legislativos y ejecutivos, al contar con una legitimidad democrática, debido a que ambos son electos por mayoría, les ha permitido atribuirse funciones que no solo ponen en riesgo las funciones de garantía, sino que también los habilita a extralimitarse en sus competencias. En otras palabras, el Legislativo y el Ejecutivo, escudados en el concepto de la voluntad de la mayoría, se han permitido acumular y concentrar más poder. Adicionalmente, debido a que en la actualidad la mayor parte de los nombramientos del poder judicial dependen del visto bueno del Ejecutivo, este se ha puesto al servicio de los intereses particulares, alejado de la búsqueda de la verdad y el mantenimiento de la justicia.
El salvavidas institucional
Ahora bien, esta tendencia hacia la concentración y confusión de poderes entre las diferentes ramas de gobierno únicamente se ha exacerbado con el fortalecimiento de los movimientos populistas que, pese a que inicialmente parecía ser solo una preocupación latinoamericana, ya ha encontrado sus mutaciones en otros puntos geográficos. Esto se debe a que, un líder populista, cegado por su compromiso con la “mayoría”, frente a un statu quo que únicamente defiende sus intereses particulares y es contraria a la ciudadanía, considera que cuenta con amplio margen de discrecionalidad para actuar, incluso si esto pone en riesgo la estabilidad institucional.
Ante esta tendencia hacia la concentración de poder, fundada en la supuesta defensa de la mayoría, las Cortes están obligadas a mantener una posición neutral, aunque sea impopular.
Así pues, las causas de la creciente crisis democrática son evidentes. No obstante, debido a la complejidad que presentan los sistemas de gobierno en la actualidad, parece que la solución todavía no encuentra tal nivel de claridad, particularmente por el carácter contramayoritario que esta podría tener.
En términos generales, desde su concepción, el poder judicial ha sido contrario a la voluntad de la mayoría, dado que, más que responder a intereses particulares, este está obligado a velar por el bien común sin distinción frente a la ley. Consecuentemente, a diferencia de las otras ramas de gobierno, su autoridad no se deriva de la popularidad que tenga entre el electorado, sino que de la imparcialidad en sus juicios. Por ello, ante esta tendencia hacia la concentración de poder, fundada en la supuesta defensa de la mayoría, las Cortes están obligadas a mantener una posición neutral, aunque sea impopular. En otras palabras, si el poder judicial no mantiene un carácter contramayoritario, únicamente estaría contribuyendo a la profundización de la crisis democrática.
Así pues, aunque el concepto de la democracia liberal se fundamenta en los principios de la representatividad y la voluntad de la mayoría, para que su estabilidad prevalezca, es necesario que, paralelamente, exista un poder contramayoritario que atenúe las pasiones que tienden hacia la extralimitación de funciones. De lo contrario, paradójicamente, la democracia cometería un asalto institucional y se transformaría en un autoritarismo sin precedentes.
