EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los drones representan una oportunidad de democratizar el acceso al cielo. Desde sectores como la agricultura, la logística o el entorno turístico, hasta ámbitos creativos como el periodismo o el cine, los drones pueden ofrecer perspectivas antes inimaginables. Sin embargo, en Guatemala, esa promesa parece estancarse en el laberinto de regulaciones que, lejos de impulsar la innovación, la asfixian.
La Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- regula el uso de drones mediante la normativa RAC‑101, que data de años atrás y establece parámetros como operar fuera de áreas pobladas, a no más de 400 pies sobre el nivel del suelo, y exigir registro y autorización por clase de UAV (drone). Así, tanto los drones recreativos como los comerciales deben registrarse (en la mayoría de los casos), cumplir con condiciones técnicas y obtener permisos que, en ocasiones, resultan poco claros.
Además, la normativa prohíbe vuelos nocturnos sin iluminación adecuada y exige mantener una distancia considerable de aeródromos, aproximadamente 5 km, salvo que se tenga un Certificado Operativo (CO) o un permiso especial otorgado por la DGAC.
¿El resultado? Un clima de incertidumbre, en un foro de viajeros que traían drones al país, muchos consultaban si era necesario registrarlos, especialmente modelos pequeños como el DJI Mini de menos de 250 g y qué tan estrictos eran los controles aduaneros. En uno de esos casos, pese a haber solicitado permiso con anticipación, nunca obtuvo respuesta, sin embargo, entró al país sin problema y voló con libertad, salvo en Semuc Champey. Esta disparidad entre regulación y práctica real habla de una falta de protocolos coherentes.
La página Drone‑Traveller, especializada en normativas para drones, aconseja precaución: aunque en literatura oficial existen regulaciones, la ausencia de una guía accesible y actualizada genera inseguridad legal. Incluso páginas como “Drone Laws Guatemala 2025” detallan los requisitos de registro, licencia, seguro, identificar el UAV con número asignado por la DGAC como “UAV‑TG‑XXX”— y colocarlo visible en el dron.
No se trata solo de tecnología, sino de abrir posibilidades de eficiencia, cultura, economía y visibilidad. Pero si seguimos encerrados en un marco legal que solo genera dudas, perderemos el vuelo.
Pero la pregunta clave es: ¿A quién beneficia este marco regulatorio poco claro?
- Los innovadores locales pierden tiempo y dinero. Un agricultor que quisiera usar drones para monitoreo de cultivos, o una agencia de turismo que busque documentar rutas inaccesibles desde el aire, se enfrentan a trámites que, si bien tienen justificación en seguridad aérea, no son claros.
- El país pierde oportunidades de visibilizarse. Mientras Costa Rica o Belice avanzan con normativa clara y Guatemala sigue con protocolos de la era del dinosaurio.
- Si está legalmente permitido volar drones, pero no hay claridad, las decisiones se basan en “Qué me permiten en el momento”.
Entonces, ¿qué se debería hacer?
- Modernizar y transparentar la normativa. La DGAC debería actualizar el marco legal adaptándolo a estándares internacionales y desarrollar una plataforma accesible: qué drones requieren registro, cómo se hace, plazos, costos y autorizaciones específicas.
- Impulsar un registro ágil y diferenciado por uso. Por ejemplo: registro simplificado para drones recreativos pequeños, y proceso más riguroso para usos comerciales o gobierno.
- Promover la educación y difusión. Capacitar a actores claves, aduanas, operadores turísticos, municipalidades sobre lo que está permitido, cómo guiar a visitantes o emprendedores.
- Alinear regulación con desarrollo. Si Guatemala busca avanzar en agricultura de precisión, documentación cultural o seguridad pública, facilitar el acceso a drones no es un lujo, es una herramienta.
En resumen, los drones representan una ventana aérea hacia el futuro para Guatemala. No se trata solo de tecnología, sino de abrir posibilidades de eficiencia, cultura, economía y visibilidad. Pero si seguimos encerrados en un marco legal que solo genera dudas, perderemos el vuelo. Y mientras tanto, otros países sí despegarán.
Cuando la innovación se topa con la Burrocracia
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los drones representan una oportunidad de democratizar el acceso al cielo. Desde sectores como la agricultura, la logística o el entorno turístico, hasta ámbitos creativos como el periodismo o el cine, los drones pueden ofrecer perspectivas antes inimaginables. Sin embargo, en Guatemala, esa promesa parece estancarse en el laberinto de regulaciones que, lejos de impulsar la innovación, la asfixian.
La Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- regula el uso de drones mediante la normativa RAC‑101, que data de años atrás y establece parámetros como operar fuera de áreas pobladas, a no más de 400 pies sobre el nivel del suelo, y exigir registro y autorización por clase de UAV (drone). Así, tanto los drones recreativos como los comerciales deben registrarse (en la mayoría de los casos), cumplir con condiciones técnicas y obtener permisos que, en ocasiones, resultan poco claros.
Además, la normativa prohíbe vuelos nocturnos sin iluminación adecuada y exige mantener una distancia considerable de aeródromos, aproximadamente 5 km, salvo que se tenga un Certificado Operativo (CO) o un permiso especial otorgado por la DGAC.
¿El resultado? Un clima de incertidumbre, en un foro de viajeros que traían drones al país, muchos consultaban si era necesario registrarlos, especialmente modelos pequeños como el DJI Mini de menos de 250 g y qué tan estrictos eran los controles aduaneros. En uno de esos casos, pese a haber solicitado permiso con anticipación, nunca obtuvo respuesta, sin embargo, entró al país sin problema y voló con libertad, salvo en Semuc Champey. Esta disparidad entre regulación y práctica real habla de una falta de protocolos coherentes.
La página Drone‑Traveller, especializada en normativas para drones, aconseja precaución: aunque en literatura oficial existen regulaciones, la ausencia de una guía accesible y actualizada genera inseguridad legal. Incluso páginas como “Drone Laws Guatemala 2025” detallan los requisitos de registro, licencia, seguro, identificar el UAV con número asignado por la DGAC como “UAV‑TG‑XXX”— y colocarlo visible en el dron.
No se trata solo de tecnología, sino de abrir posibilidades de eficiencia, cultura, economía y visibilidad. Pero si seguimos encerrados en un marco legal que solo genera dudas, perderemos el vuelo.
Pero la pregunta clave es: ¿A quién beneficia este marco regulatorio poco claro?
- Los innovadores locales pierden tiempo y dinero. Un agricultor que quisiera usar drones para monitoreo de cultivos, o una agencia de turismo que busque documentar rutas inaccesibles desde el aire, se enfrentan a trámites que, si bien tienen justificación en seguridad aérea, no son claros.
- El país pierde oportunidades de visibilizarse. Mientras Costa Rica o Belice avanzan con normativa clara y Guatemala sigue con protocolos de la era del dinosaurio.
- Si está legalmente permitido volar drones, pero no hay claridad, las decisiones se basan en “Qué me permiten en el momento”.
Entonces, ¿qué se debería hacer?
- Modernizar y transparentar la normativa. La DGAC debería actualizar el marco legal adaptándolo a estándares internacionales y desarrollar una plataforma accesible: qué drones requieren registro, cómo se hace, plazos, costos y autorizaciones específicas.
- Impulsar un registro ágil y diferenciado por uso. Por ejemplo: registro simplificado para drones recreativos pequeños, y proceso más riguroso para usos comerciales o gobierno.
- Promover la educación y difusión. Capacitar a actores claves, aduanas, operadores turísticos, municipalidades sobre lo que está permitido, cómo guiar a visitantes o emprendedores.
- Alinear regulación con desarrollo. Si Guatemala busca avanzar en agricultura de precisión, documentación cultural o seguridad pública, facilitar el acceso a drones no es un lujo, es una herramienta.
En resumen, los drones representan una ventana aérea hacia el futuro para Guatemala. No se trata solo de tecnología, sino de abrir posibilidades de eficiencia, cultura, economía y visibilidad. Pero si seguimos encerrados en un marco legal que solo genera dudas, perderemos el vuelo. Y mientras tanto, otros países sí despegarán.
