Cuando Hasta La Basura Paga Extorsión

Hay imágenes que, por sí solas, describen el estado de cómo estamos como país. Una de ellas es la de un camión recolector de basura detenido en una calle cualquiera (pudo ser la suya o la mía) de Guatemala, rodeado por policías, vecinos y curiosos, mientras uno de los recolectores, perdió la vida. No era un narcotraficante, ni un pandillero, ni un ladrón, era un hombre cuyo trabajo consistía en recoger los desechos que todos los días dejamos frente a nuestras casas.

La escena es tan cotidiana como perturbadora y encierra una verdad que debería indignarnos a todos, en Guatemala, la extorsión llegó a tal nivel que ni siquiera quienes se dedican a recoger la basura se escapan de la violencia del crimen organizado.

Durante años hemos escuchado sobre comerciantes, pilotos de autobús, repartidores y pequeños empresarios obligados a pagar extorsiones. Sin embargo, descubrir que los recolectores de basura también son víctimas de este fenómeno revela una realidad mucho más profunda.

Los recolectores de basura realizan uno de los trabajos más duros, invisibles y menos reconocidos del país. Salen de madrugada, recorren kilómetros colgados de los camiones, soportan el sol, la lluvia, los malos olores y los riesgos sanitarios que implica manipular residuos. Son trabajadores que contribuyen diariamente a la salud pública y a la limpieza de nuestras comunidades. Sin embargo, además de enfrentar estas condiciones, muchos deben convivir con amenazas constantes, cobros ilegales y el temor de convertirse en la próxima víctima de la violencia.

Quizás lo más preocupante no es únicamente la existencia de estas prácticas, sino la forma en que se han normalizado. En muchos casos, el pago de extorsiones deja de percibirse como una imposición criminal y pasa a formar parte de los costos habituales de operación. Se paga combustible, mantenimiento, salarios y, en algunos lugares, también se paga por el “derecho” a trabajar. Cuando una sociedad acepta que la violencia se incorpore a la economía cotidiana, el problema deja de ser únicamente de seguridad y se convierte en una amenaza estructural.

Ese es, probablemente, el mayor triunfo de los extorsionistas. No necesitan administrar una empresa ni controlar formalmente una actividad económica. Les basta con sembrar suficiente miedo para apropiarse de una parte del esfuerzo ajeno. Crearon una especie de impuesto criminal en el trabajo honrado y castiga a quienes producen, sirven o emprenden.

La pregunta que debemos hacernos como sociedad es incómoda, pero inevitable: ¿Cómo llegamos al punto en que incluso la basura se convirtió en una fuente de ingresos para el crimen organizado?

La respuesta apunta a décadas de impunidad, debilidad institucional y ausencia del Estado en numerosos territorios. Allí donde las instituciones retroceden, otros ocuparán el espacio y cuando quienes ocupan ese espacio son organizaciones criminales, terminan imponiendo sus propias reglas mediante la intimidación y la violencia.

Combatir la extorsión no puede quedarse en capturas aisladas o en operativos mediáticos. Se necesita inteligencia criminal, investigaciones sólidas, protección efectiva para las víctimas y una recuperación real de los territorios donde estas estructuras han consolidado su poder. También exige reconocer que detrás de cada estadística hay personas que arriesgan su vida realizando labores indispensables para el bienestar colectivo.

Una sociedad que permite que sus recolectores de basura trabajen bajo amenaza permanente está enviando un mensaje preocupante sobre sus prioridades. Porque cuando hasta la basura paga extorsión, el problema ya no es únicamente la inseguridad. Es la evidencia de que el crimen organizado logró infiltrarse en funciones esenciales que sostienen la vida cotidiana y si no somos capaces de proteger a quienes recogen nuestros desechos, difícilmente podremos afirmar que estamos protegiendo al resto de la sociedad.