EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La aprobación, mediante urgencia nacional, del Decreto 07-2025 ha levantado muchas críticas en la sociedad, dado que no solo reduce los controles para la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos de los Consejos de Desarrollo (CODEDE), sino que también agranda los bolsillos de una entidad que, históricamente, ha sido poco transparente e ineficiente en sus funciones. No obstante, para la oposición, quien promovió la iniciativa, esta norma va más allá de una asignación y un trato extraordinario a los Consejos. En realidad, para el bloque contrario al gobierno, esta representa un jaque al poder ejecutivo y una transformación de las fuerzas a lo interno de la administración pública.
Así pues, la votación de la plenaria del Congreso del 9 de septiembre no puede pasar desapercibida. En esta sesión, tanto el oficialismo, como la oposición, se midieron el pulso con la discusión y posterior desaprobación de las objeciones y recomendaciones al Decreto. No obstante, más que debilitar a la oposición mediante las críticas al contenido de la norma, esta agrupación mostró un bloque sólido, alineado y disciplinado. Como consecuencia, con una votación arrolladora, el oficialismo quedó acorralado y sin ninguna capacidad de negociación, tanto dentro, como fuera del hemiciclo.
Frente (des)unido
Estos últimos movimientos por parte de la oposición sugieren que los intereses trascienden los COCODES, la negociación presupuestaria e incluso la X Legislatura. Para entender la relevancia de estas estrategias es necesario recordar que en 2026 la institucionalidad del país penderá de un hilo dada la elección de entidades importantes como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
Si el presidente Bernardo Arévalo, como centro de poder del oficialismo, no consigue disciplinar a sus diputados a fin de tener cierta voz y voto en los procesos de elección del 2026, todo el andamiaje institucional se pondrá en su contra y, esta vez, las excusas ya no tendrán lugar.
Consecuentemente, debido a que los diputados son un actor central en gran parte de estos procesos, quiere decir que, quien controle el hemiciclo, controlará el Congreso, quien controle el Congreso, controlará las elecciones institucionales y quien controle las elecciones, capturará el sistema. Así pues, desde ya, es fundamental la construcción de un frente unido, en contraposición al oficialismo, a fin de inclinar la balanza de poder en su favor.
Aunque esta lógica de poder parece simple, pero poderosa, el oficialismo parece haberla pasado por alto. Esto se debe a que, en vez de invertir todas sus fuerzas en la creación de un bloque sólido con aliados estratégicos en las periferias del poder, a fin de influir sobre los próximos procesos de elección y así contar con un marco institucional favorable para su gestión, se han volcado en las pugnas internas, destruyendo las últimas fibras que unía a los miembros del oficialismo. Sin embargo, el riesgo más grande es que las disputas de poder a lo interno del “partido” de gobierno tienen consecuencias que van más allá de las elecciones, ya que podrían perpetuar la erosión de la institucionalidad en Guatemala. En otras palabras, aquella promesa de la renovación institucional en manos del nuevo gobierno de la primavera parece haber quedado oscurecida por la tormenta de los intereses individuales y el hambre de poder.
En este sentido, si el presidente Bernardo Arévalo, como centro de poder del oficialismo, no consigue disciplinar a sus diputados a fin de tener cierta voz y voto en los procesos de elección del 2026, todo el andamiaje institucional se pondrá en su contra y, esta vez, las excusas ya no tendrán lugar, dado que es un escenario que ellos mismos han creado. Asumiendo que ya se están formando las filas y conformando los frentes de batalla para la lucha institucional de 2026, es crucial entender qué dinámicas de poder se pueden percibir, con el objetivo de proyectar el desenlace final.
La aprobación, mediante urgencia nacional, del Decreto 07-2025 ha levantado muchas críticas en la sociedad, dado que no solo reduce los controles para la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos de los Consejos de Desarrollo (CODEDE), sino que también agranda los bolsillos de una entidad que, históricamente, ha sido poco transparente e ineficiente en sus funciones. No obstante, para la oposición, quien promovió la iniciativa, esta norma va más allá de una asignación y un trato extraordinario a los Consejos. En realidad, para el bloque contrario al gobierno, esta representa un jaque al poder ejecutivo y una transformación de las fuerzas a lo interno de la administración pública.
Así pues, la votación de la plenaria del Congreso del 9 de septiembre no puede pasar desapercibida. En esta sesión, tanto el oficialismo, como la oposición, se midieron el pulso con la discusión y posterior desaprobación de las objeciones y recomendaciones al Decreto. No obstante, más que debilitar a la oposición mediante las críticas al contenido de la norma, esta agrupación mostró un bloque sólido, alineado y disciplinado. Como consecuencia, con una votación arrolladora, el oficialismo quedó acorralado y sin ninguna capacidad de negociación, tanto dentro, como fuera del hemiciclo.
Frente (des)unido
Estos últimos movimientos por parte de la oposición sugieren que los intereses trascienden los COCODES, la negociación presupuestaria e incluso la X Legislatura. Para entender la relevancia de estas estrategias es necesario recordar que en 2026 la institucionalidad del país penderá de un hilo dada la elección de entidades importantes como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, entre otros.
Si el presidente Bernardo Arévalo, como centro de poder del oficialismo, no consigue disciplinar a sus diputados a fin de tener cierta voz y voto en los procesos de elección del 2026, todo el andamiaje institucional se pondrá en su contra y, esta vez, las excusas ya no tendrán lugar.
Consecuentemente, debido a que los diputados son un actor central en gran parte de estos procesos, quiere decir que, quien controle el hemiciclo, controlará el Congreso, quien controle el Congreso, controlará las elecciones institucionales y quien controle las elecciones, capturará el sistema. Así pues, desde ya, es fundamental la construcción de un frente unido, en contraposición al oficialismo, a fin de inclinar la balanza de poder en su favor.
Aunque esta lógica de poder parece simple, pero poderosa, el oficialismo parece haberla pasado por alto. Esto se debe a que, en vez de invertir todas sus fuerzas en la creación de un bloque sólido con aliados estratégicos en las periferias del poder, a fin de influir sobre los próximos procesos de elección y así contar con un marco institucional favorable para su gestión, se han volcado en las pugnas internas, destruyendo las últimas fibras que unía a los miembros del oficialismo. Sin embargo, el riesgo más grande es que las disputas de poder a lo interno del “partido” de gobierno tienen consecuencias que van más allá de las elecciones, ya que podrían perpetuar la erosión de la institucionalidad en Guatemala. En otras palabras, aquella promesa de la renovación institucional en manos del nuevo gobierno de la primavera parece haber quedado oscurecida por la tormenta de los intereses individuales y el hambre de poder.
En este sentido, si el presidente Bernardo Arévalo, como centro de poder del oficialismo, no consigue disciplinar a sus diputados a fin de tener cierta voz y voto en los procesos de elección del 2026, todo el andamiaje institucional se pondrá en su contra y, esta vez, las excusas ya no tendrán lugar, dado que es un escenario que ellos mismos han creado. Asumiendo que ya se están formando las filas y conformando los frentes de batalla para la lucha institucional de 2026, es crucial entender qué dinámicas de poder se pueden percibir, con el objetivo de proyectar el desenlace final.
