EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: ¿Cuál debería ser el futuro del Decreto 7-2025 y la inversión por medio de los Consejos de Desarrollo?
El debate sobre el futuro Decreto 7-2025 ha sido intenso y polarizado. Desde una perspectiva de desarrollo económico, el núcleo de la discusión debería centrarse en un hecho simple: Guatemala lleva décadas sin una estrategia seria para la inversión pública de largo plazo. Este decreto representa un paso importante —aunque claramente insuficiente— para revertir esa tendencia histórica porque introduce el elemento de la multianualidad. Más allá de la discusión política de que si el presidente veta o no esta iniciativa, debemos ser críticos sobre los retos de la ejecución vía los consejos de desarrollo, siendo un elemento preocupante el cortoplacismo de su diseño de inversión. En otras palabras, lo que necesitamos es ir más allá: si queremos desarrollo y, por ende, infraestructura, necesitamos mecanismos para la ejecución multianual y un cambio profundo al sistema de consejos de desarrollo.
Si bien el Decreto 7-2025 está lejos de ser perfecto, el problema de fondo no es el decreto en sí mismo, como veremos adelante. El verdadero problema fue la “tolerancia” a que el Ejecutivo realizara una negociación política donde incrementó de 4 a 12 millardos los recursos para un sistema que al que se le dificultan fijar prioridades de política pública. Al final, el Presupuesto impulsado por el Ejecutivo, el Decreto 36-2024 es el origen del problema: la falta de enfoque técnico. Pero, luego, también es un problema de gestión, ¿o hemos visto al Ejecutivo apoyar en el desarrollo de grandes obras de inversión en agua o saneamiento, promoviendo proyectos regionales?
El artículo 45 Ter, incluido en el decreto 7-2025, busca garantizar la continuidad financiera de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), al permitir que los saldos no ejecutados al final del ejercicio fiscal no regresen automáticamente al Fondo Común, sino que se mantengan para la ejecución de proyectos específicos hasta diciembre 2026. No es una asignación adicional de fondos, es simplemente la posibilidad de ejecutarlos durante un mayor período de tiempo. Este cambio es crucial, porque el actual esquema presupuestario “devolver y reasignar” genera tres problemas graves:
- Le da poder al Ejecutivo sobre los fondos de los Consejos. Puede, fácilmente, hacer que sus ministros se atrasen al expedir las autorizaciones o avales para los proyectos, haciendo que solo los proyectos que le gustan al presidente, sean los que avancen rápido. Por eso es tan importante que la Ley defina tiempos cortos a las entidades del Ejecutivo para emitir estas autorizaciones o avales.
- Desincentiva proyectos de gran escala, ya que obliga a diseñar y ejecutar obras en plazos artificialmente cortos. ¿Qué proyecto puede ejecutarse en solo un año, si se necesita, además, cumplir con todos los trámites del Ejecutivo, lo cual usualmente es lento, y en la actualidad, aún más? Tomemos en cuenta que los proyectos de los consejos de desarrollo tienen un tamaño pequeño, entre los años 2019-2024 fue de GTQ 808 000, algo que difícilmente puede tener un impacto más allá de un vecindario.
- Fomenta subejecución crónica al priorizar obras pequeñas que puedan cerrarse rápido, en lugar de infraestructura transformadora. Esto lleva a obras fragmentadas, sin coordinación, y que no terminan de resolver los problemas: una tubería aquí, otra tubería por allá, no van a resolver el problema de drenajes o acceso a agua potable de los municipios.
En un país con 25 años de rezago en infraestructura, no podemos seguir atrapados en ciclos anuales que solo alimentan la inercia.
¿Qué proyecto de infraestructura que vaya realmente a resolver los problemas de agua, salud o desarrollo productivo realmente puede desarrollarse en solo un año, especialmente con las débiles capacidades de las Municipalidades del país?
Sin mecanismos como el Decreto 27-2024 o el futuro Decreto 7-2025, el sistema está hecho para fracasar: sub-invertir en infraestructura a cambio que el Ejecutivo pueda quedarse con la mayor cantidad de los fondos de los consejos de desarrollo para el año siguiente.
Al contrario de muchas críticas, el problema con el futuro Decreto 7-2025 es que se queda corto porque termina la multianualidad la termina en diciembre 2026, cuando debiera ser un mecanismo permanente: solo así realmente se podrá promover a ejecución de grandes proyectos de inversión a escala mediante el sistema de consejos de desarrollo. Recordemos que los consejos de desarrollo son la única estructura formal que acerca decisiones de inversión al nivel local. Este fortalecimiento puede ser clave para reducir desigualdades territoriales.
Obviamente, ampliar el plazo de ejecución es solo uno de los pasos necesarios. También es indispensable fortalecer la planificación, especialmente a nivel regional, pero entendida como una verdadera planificación de infraestructura y no como las planificaciones regionales de SEGEPLAN que, en la práctica, terminan siendo extensas monografías. A esto debe sumarse la implementación de mecanismos más ágiles para la ejecución de proyectos, incluyendo mayor facilidad para contratar equipos especializados que permitan estructurarlos adecuadamente.
En un país con 25 años de rezago en infraestructura, no podemos seguir atrapados en ciclos anuales que solo alimentan la inercia. La introducción del elemento de multianualidad en el Decreto 7-2025 representa una oportunidad para comenzar a construir una verdadera cultura de inversión pública de largo plazo. Vetarlo sin más significaría volver a un modelo ya probado de parálisis.
Siendo justos, lo que hace falta no es desecharlo, sino ampliarlo y perfeccionarlo. El siguiente paso debería ser una discusión amplia sobre la reforma al modelo de consejos, de modo que se fortalezca su planificación multianual, la calidad de sus insumos técnicos y su impacto en la planificación regional del desarrollo. Este esfuerzo debería comenzar a aplicarse a partir de 2028, permitiendo así superar las justas preocupaciones de corto plazo de los distintos actores políticos del país.
¿Cuál debería ser el futuro del Decreto 7-2025 y la inversión por medio de los Consejos de Desarrollo?
El debate sobre el futuro Decreto 7-2025 ha sido intenso y polarizado. Desde una perspectiva de desarrollo económico, el núcleo de la discusión debería centrarse en un hecho simple: Guatemala lleva décadas sin una estrategia seria para la inversión pública de largo plazo. Este decreto representa un paso importante —aunque claramente insuficiente— para revertir esa tendencia histórica porque introduce el elemento de la multianualidad. Más allá de la discusión política de que si el presidente veta o no esta iniciativa, debemos ser críticos sobre los retos de la ejecución vía los consejos de desarrollo, siendo un elemento preocupante el cortoplacismo de su diseño de inversión. En otras palabras, lo que necesitamos es ir más allá: si queremos desarrollo y, por ende, infraestructura, necesitamos mecanismos para la ejecución multianual y un cambio profundo al sistema de consejos de desarrollo.
Si bien el Decreto 7-2025 está lejos de ser perfecto, el problema de fondo no es el decreto en sí mismo, como veremos adelante. El verdadero problema fue la “tolerancia” a que el Ejecutivo realizara una negociación política donde incrementó de 4 a 12 millardos los recursos para un sistema que al que se le dificultan fijar prioridades de política pública. Al final, el Presupuesto impulsado por el Ejecutivo, el Decreto 36-2024 es el origen del problema: la falta de enfoque técnico. Pero, luego, también es un problema de gestión, ¿o hemos visto al Ejecutivo apoyar en el desarrollo de grandes obras de inversión en agua o saneamiento, promoviendo proyectos regionales?
El artículo 45 Ter, incluido en el decreto 7-2025, busca garantizar la continuidad financiera de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), al permitir que los saldos no ejecutados al final del ejercicio fiscal no regresen automáticamente al Fondo Común, sino que se mantengan para la ejecución de proyectos específicos hasta diciembre 2026. No es una asignación adicional de fondos, es simplemente la posibilidad de ejecutarlos durante un mayor período de tiempo. Este cambio es crucial, porque el actual esquema presupuestario “devolver y reasignar” genera tres problemas graves:
- Le da poder al Ejecutivo sobre los fondos de los Consejos. Puede, fácilmente, hacer que sus ministros se atrasen al expedir las autorizaciones o avales para los proyectos, haciendo que solo los proyectos que le gustan al presidente, sean los que avancen rápido. Por eso es tan importante que la Ley defina tiempos cortos a las entidades del Ejecutivo para emitir estas autorizaciones o avales.
- Desincentiva proyectos de gran escala, ya que obliga a diseñar y ejecutar obras en plazos artificialmente cortos. ¿Qué proyecto puede ejecutarse en solo un año, si se necesita, además, cumplir con todos los trámites del Ejecutivo, lo cual usualmente es lento, y en la actualidad, aún más? Tomemos en cuenta que los proyectos de los consejos de desarrollo tienen un tamaño pequeño, entre los años 2019-2024 fue de GTQ 808 000, algo que difícilmente puede tener un impacto más allá de un vecindario.
- Fomenta subejecución crónica al priorizar obras pequeñas que puedan cerrarse rápido, en lugar de infraestructura transformadora. Esto lleva a obras fragmentadas, sin coordinación, y que no terminan de resolver los problemas: una tubería aquí, otra tubería por allá, no van a resolver el problema de drenajes o acceso a agua potable de los municipios.
En un país con 25 años de rezago en infraestructura, no podemos seguir atrapados en ciclos anuales que solo alimentan la inercia.
¿Qué proyecto de infraestructura que vaya realmente a resolver los problemas de agua, salud o desarrollo productivo realmente puede desarrollarse en solo un año, especialmente con las débiles capacidades de las Municipalidades del país?
Sin mecanismos como el Decreto 27-2024 o el futuro Decreto 7-2025, el sistema está hecho para fracasar: sub-invertir en infraestructura a cambio que el Ejecutivo pueda quedarse con la mayor cantidad de los fondos de los consejos de desarrollo para el año siguiente.
Al contrario de muchas críticas, el problema con el futuro Decreto 7-2025 es que se queda corto porque termina la multianualidad la termina en diciembre 2026, cuando debiera ser un mecanismo permanente: solo así realmente se podrá promover a ejecución de grandes proyectos de inversión a escala mediante el sistema de consejos de desarrollo. Recordemos que los consejos de desarrollo son la única estructura formal que acerca decisiones de inversión al nivel local. Este fortalecimiento puede ser clave para reducir desigualdades territoriales.
Obviamente, ampliar el plazo de ejecución es solo uno de los pasos necesarios. También es indispensable fortalecer la planificación, especialmente a nivel regional, pero entendida como una verdadera planificación de infraestructura y no como las planificaciones regionales de SEGEPLAN que, en la práctica, terminan siendo extensas monografías. A esto debe sumarse la implementación de mecanismos más ágiles para la ejecución de proyectos, incluyendo mayor facilidad para contratar equipos especializados que permitan estructurarlos adecuadamente.
En un país con 25 años de rezago en infraestructura, no podemos seguir atrapados en ciclos anuales que solo alimentan la inercia. La introducción del elemento de multianualidad en el Decreto 7-2025 representa una oportunidad para comenzar a construir una verdadera cultura de inversión pública de largo plazo. Vetarlo sin más significaría volver a un modelo ya probado de parálisis.
Siendo justos, lo que hace falta no es desecharlo, sino ampliarlo y perfeccionarlo. El siguiente paso debería ser una discusión amplia sobre la reforma al modelo de consejos, de modo que se fortalezca su planificación multianual, la calidad de sus insumos técnicos y su impacto en la planificación regional del desarrollo. Este esfuerzo debería comenzar a aplicarse a partir de 2028, permitiendo así superar las justas preocupaciones de corto plazo de los distintos actores políticos del país.
