EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: América Latina ha sido una región de contrastes: abundante en recursos naturales, con una ubicación geográfica estratégica, y con una dinámica demográfica capaz de impulsar cualquier economía. Tanto así que volvió a ocupar un lugar central en las discusiones del Foro Económico Mundial en Davos. Pero, al mismo tiempo, convive con desafíos estructurales que persisten: tensiones geopolíticas que reconfiguran prioridades, dinámicas internas que cambian de país en país y episodios de volatilidad que ponen a prueba la confianza y la estabilidad institucional.
Hoy, ese contraste de fortalezas y fragilidades expone un punto crítico: la necesidad de movilizar financiación de largo plazo capaz de traducirse en bienestar real, mayor productividad y más oportunidades para las personas y las empresas.
Las cifras muestran la dimensión del reto. En 2024, la inversión total en la región llegó apenas al 19,5% del PIB, por debajo de las economías avanzadas (22,3%) y muy lejos de Asia emergente (37,5%) o de Oriente Medio y Asia Central (26,1%), lo que limita la capacidad de innovar y progresar.
A esto se suma la brecha de digitalización inclusiva, que requiere US$221.000 millones anuales, más US$68.500 millones adicionales al año para acercar la conectividad a estándares de la OCDE. En sectores clave como el agroalimentario la región necesita US$98.000 millones anuales en financiamiento, mientras miles de pequeños productores aún operan sin acceso estable al crédito formal o insumos esenciales.
En vivienda, 86 millones de personas viven en asentamientos informales y 55 millones de hogares presentan déficit habitacional. En infraestructura, elevar niveles de inversión similares a los de la OCDE podría aumentar la productividad regional hasta en 75% y duplicar el ingreso per cápita en una generación.
Además, la financiación sostenible exige movilizar entre 5% y 7% del PIB anual en infraestructura verde hasta 2030, por encima del 3% actual, para cumplir con los ODS. Y la transición energética requiere acelerar el paso: aunque hoy el 64% de la generación eléctrica es renovable, la meta es alcanzar el 80% en 2030.
Frente a este panorama, la pregunta es cómo movilizar la inversión necesaria y quiénes deben articularla. Porque ninguna de estas brechas se cerrará desde esfuerzos aislados. Estas requieren de coordinación, visión compartida y mecanismos que permitan multiplicar los recursos disponibles, no solo incrementarlos. Y ahí es donde el sistema financiero adquiere un papel decisivo.
Para ello, la banca comercial, la banca de desarrollo y los gobiernos tienen la responsabilidad de coordinar capacidades y construir soluciones que compartan riesgos, amplíen el acceso al crédito productivo y habiliten inversiones de largo plazo en sectores que definirán el futuro económico de la región.
Porque cuando todos los actores trabajamos con una misma hoja de ruta, se generan garantías que habilitan financiamiento para más empresas, se comparten datos que mejoran la articulación y se diseñan productos financieros que acompañan el ciclo real de cada sector. En conjunto, estas herramientas no solo permiten que el capital llegue a donde más impacto genera, sino que alinean esfuerzos públicos y privados detrás de un mismo propósito: transformar el potencial de la región en crecimiento sostenible.
De eso se trata cooperar para multiplicar: no solo de movilizar más recursos, sino de hacerlo con propósito, orientando el financiamiento hacia un triple equilibrio que combine rentabilidad razonable, responsabilidad ambiental e impacto social efectivo. Esta será la guía para una banca verdaderamente responsable y el camino para que la financiación de largo plazo en América Latina se traduzca en oportunidades, la cooperación en escala y el desarrollo en bienestar real
Cooperar para multiplicar: financiar el futuro de América Latina
América Latina ha sido una región de contrastes: abundante en recursos naturales, con una ubicación geográfica estratégica, y con una dinámica demográfica capaz de impulsar cualquier economía. Tanto así que volvió a ocupar un lugar central en las discusiones del Foro Económico Mundial en Davos. Pero, al mismo tiempo, convive con desafíos estructurales que persisten: tensiones geopolíticas que reconfiguran prioridades, dinámicas internas que cambian de país en país y episodios de volatilidad que ponen a prueba la confianza y la estabilidad institucional.
Hoy, ese contraste de fortalezas y fragilidades expone un punto crítico: la necesidad de movilizar financiación de largo plazo capaz de traducirse en bienestar real, mayor productividad y más oportunidades para las personas y las empresas.
Las cifras muestran la dimensión del reto. En 2024, la inversión total en la región llegó apenas al 19,5% del PIB, por debajo de las economías avanzadas (22,3%) y muy lejos de Asia emergente (37,5%) o de Oriente Medio y Asia Central (26,1%), lo que limita la capacidad de innovar y progresar.
A esto se suma la brecha de digitalización inclusiva, que requiere US$221.000 millones anuales, más US$68.500 millones adicionales al año para acercar la conectividad a estándares de la OCDE. En sectores clave como el agroalimentario la región necesita US$98.000 millones anuales en financiamiento, mientras miles de pequeños productores aún operan sin acceso estable al crédito formal o insumos esenciales.
En vivienda, 86 millones de personas viven en asentamientos informales y 55 millones de hogares presentan déficit habitacional. En infraestructura, elevar niveles de inversión similares a los de la OCDE podría aumentar la productividad regional hasta en 75% y duplicar el ingreso per cápita en una generación.
Además, la financiación sostenible exige movilizar entre 5% y 7% del PIB anual en infraestructura verde hasta 2030, por encima del 3% actual, para cumplir con los ODS. Y la transición energética requiere acelerar el paso: aunque hoy el 64% de la generación eléctrica es renovable, la meta es alcanzar el 80% en 2030.
Frente a este panorama, la pregunta es cómo movilizar la inversión necesaria y quiénes deben articularla. Porque ninguna de estas brechas se cerrará desde esfuerzos aislados. Estas requieren de coordinación, visión compartida y mecanismos que permitan multiplicar los recursos disponibles, no solo incrementarlos. Y ahí es donde el sistema financiero adquiere un papel decisivo.
Para ello, la banca comercial, la banca de desarrollo y los gobiernos tienen la responsabilidad de coordinar capacidades y construir soluciones que compartan riesgos, amplíen el acceso al crédito productivo y habiliten inversiones de largo plazo en sectores que definirán el futuro económico de la región.
Porque cuando todos los actores trabajamos con una misma hoja de ruta, se generan garantías que habilitan financiamiento para más empresas, se comparten datos que mejoran la articulación y se diseñan productos financieros que acompañan el ciclo real de cada sector. En conjunto, estas herramientas no solo permiten que el capital llegue a donde más impacto genera, sino que alinean esfuerzos públicos y privados detrás de un mismo propósito: transformar el potencial de la región en crecimiento sostenible.
De eso se trata cooperar para multiplicar: no solo de movilizar más recursos, sino de hacerlo con propósito, orientando el financiamiento hacia un triple equilibrio que combine rentabilidad razonable, responsabilidad ambiental e impacto social efectivo. Esta será la guía para una banca verdaderamente responsable y el camino para que la financiación de largo plazo en América Latina se traduzca en oportunidades, la cooperación en escala y el desarrollo en bienestar real
