EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los eventos más recientes en la política guatemalteca evidencian cómo la deformación del concepto de democracia ha conducido a Guatemala a un desbalance de poder y una pérdida de valor de los principios republicanos sobre los que se fundó el país. La detención de los representantes de los 48 Cantones, particularmente del entonces presidente, Luis Pacheco, por su participación en las protestas de 2023, en donde se defendió la elección del ahora presidente, revela un problema que va más allá de la pugna personal entre el Ministerio Público (MP), específicamente la fiscal general, y Arévalo. Esto se debe a que, a diferencia del simplismo acuñado por el oficialismo, en donde vinculan estas medidas a expresiones como golpistas o corruptos, en realidad se trata de un profundo desarreglo en el andamiaje institucional.
De la voluntad general a la institucionalidad
Tradicionalmente, el concepto de democracia iba acompañado del apellido liberal, ya que este se definía desde una perspectiva procedimental vinculada a la idea de un proceso de toma de decisiones mediante un cuerpo representativo. No obstante, en la última década, especialmente desde el fortalecimiento del movimiento populista, esta tradición ha evolucionado hacia una definición más relacionada con la concepción de democracia directa, asociada con la idea de la voluntad general. Por ello, bajo la noción de un gobierno del pueblo para el pueblo, se considera que “si es en defensa de la democracia, todo se vale”, independientemente de las restricciones institucionales que existan. De manera contraria, el republicanismo se funda sobre los pilares de un sistema de pesos y contrapesos, a fin de resguardar la división de poderes y controlar posibles extralimitaciones de cualquiera de las ramas del gobierno.
Estas definiciones revelan que lo que realmente subyace en la pugna entre el MP y los defensores del oficialismo, es la disputa entre un concepto, deformado, de la democracia y la concepción republicana del poder público. Esto se debe a que, en 2023, los líderes indígenas bajo la concepción del poder irrestricto del pueblo, consideraron legítimo protestar, no solo de forma violenta e ilegal, al bloquear las calles del país, sino que también a costa de los derechos de todos los guatemaltecos, justificándolo como una defensa del sentir “de la mayoría”.
Un sistema de gobierno funcional debe ser capaz de balancear las pasiones democráticas, que apelan al sentir popular, con los elementos republicanos, que resguardan la institucionalidad.
Consecuentemente, el MP, bajo la bandera del revanchismo, incurrió en una extralimitación de poderes, a fin de castigar estos actos. No obstante, estas acciones, de manera indirecta, desvirtúan la división y balance de poderes, dado que, una entidad, a fin de penalizar los actos derivados del ejercicio de la democracia directa, no solo ensanchó su margen de discrecionalidad en la aplicación de las normas, sino que también sobrepuso los intereses individuales sobre el principio del bien común.
Así pues, este ejemplo demuestra cómo la democracia no puede ser ilimitada, sino que está obligada a interactuar con un marco institucional que le impone restricciones a fin de garantizar los derechos y libertades de la verdadera mayoría. Al mismo tiempo, un órgano del entramado institucional no puede excederse en sus funciones y caer en arbitrariedades, independientemente de la justificación de sus actos.
Por ello, un sistema de gobierno funcional debe ser capaz de balancear las pasiones democráticas, que apelan al sentir popular, con los elementos republicanos, que resguardan la institucionalidad. Pese a que es una línea fina, el resultado contrario abre la puerta a una tiranía, ya sea, de la mayoría minoritaria, o la institucional.
Cómo la democracia erosionó la República guatemalteca
Los eventos más recientes en la política guatemalteca evidencian cómo la deformación del concepto de democracia ha conducido a Guatemala a un desbalance de poder y una pérdida de valor de los principios republicanos sobre los que se fundó el país. La detención de los representantes de los 48 Cantones, particularmente del entonces presidente, Luis Pacheco, por su participación en las protestas de 2023, en donde se defendió la elección del ahora presidente, revela un problema que va más allá de la pugna personal entre el Ministerio Público (MP), específicamente la fiscal general, y Arévalo. Esto se debe a que, a diferencia del simplismo acuñado por el oficialismo, en donde vinculan estas medidas a expresiones como golpistas o corruptos, en realidad se trata de un profundo desarreglo en el andamiaje institucional.
De la voluntad general a la institucionalidad
Tradicionalmente, el concepto de democracia iba acompañado del apellido liberal, ya que este se definía desde una perspectiva procedimental vinculada a la idea de un proceso de toma de decisiones mediante un cuerpo representativo. No obstante, en la última década, especialmente desde el fortalecimiento del movimiento populista, esta tradición ha evolucionado hacia una definición más relacionada con la concepción de democracia directa, asociada con la idea de la voluntad general. Por ello, bajo la noción de un gobierno del pueblo para el pueblo, se considera que “si es en defensa de la democracia, todo se vale”, independientemente de las restricciones institucionales que existan. De manera contraria, el republicanismo se funda sobre los pilares de un sistema de pesos y contrapesos, a fin de resguardar la división de poderes y controlar posibles extralimitaciones de cualquiera de las ramas del gobierno.
Estas definiciones revelan que lo que realmente subyace en la pugna entre el MP y los defensores del oficialismo, es la disputa entre un concepto, deformado, de la democracia y la concepción republicana del poder público. Esto se debe a que, en 2023, los líderes indígenas bajo la concepción del poder irrestricto del pueblo, consideraron legítimo protestar, no solo de forma violenta e ilegal, al bloquear las calles del país, sino que también a costa de los derechos de todos los guatemaltecos, justificándolo como una defensa del sentir “de la mayoría”.
Un sistema de gobierno funcional debe ser capaz de balancear las pasiones democráticas, que apelan al sentir popular, con los elementos republicanos, que resguardan la institucionalidad.
Consecuentemente, el MP, bajo la bandera del revanchismo, incurrió en una extralimitación de poderes, a fin de castigar estos actos. No obstante, estas acciones, de manera indirecta, desvirtúan la división y balance de poderes, dado que, una entidad, a fin de penalizar los actos derivados del ejercicio de la democracia directa, no solo ensanchó su margen de discrecionalidad en la aplicación de las normas, sino que también sobrepuso los intereses individuales sobre el principio del bien común.
Así pues, este ejemplo demuestra cómo la democracia no puede ser ilimitada, sino que está obligada a interactuar con un marco institucional que le impone restricciones a fin de garantizar los derechos y libertades de la verdadera mayoría. Al mismo tiempo, un órgano del entramado institucional no puede excederse en sus funciones y caer en arbitrariedades, independientemente de la justificación de sus actos.
Por ello, un sistema de gobierno funcional debe ser capaz de balancear las pasiones democráticas, que apelan al sentir popular, con los elementos republicanos, que resguardan la institucionalidad. Pese a que es una línea fina, el resultado contrario abre la puerta a una tiranía, ya sea, de la mayoría minoritaria, o la institucional.
