EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ya superó la primera mitad de su gestión y, pese a que tiene más fallos que aciertos, sí es posible encontrar patrones de comportamiento que desvelan la estrategia de mando. A diferencia de otros gobiernos, esta administración prometió que una de las características de su gestión sería su cercanía con las autoridades locales, como un modelo para conocer las necesidades de las poblaciones de forma más directa. No obstante, lo que en su momento se desconocía era el andamiaje que permitiría poner en marcha esta promesa. Finalmente, la entidad elegida fueron los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), una estructura más conocida por la opacidad de sus acciones que por contribuciones al desarrollo. Como consecuencia, el acercamiento a las organizaciones locales se lograría mediante el robustecimiento de estos Consejos.
A primera vista, esta ciega e ingenua confianza en los CODEDES se puede explicar por la falta de representación departamental del oficialismo. Como se mencionó durante las elecciones, el partido de gobierno y el presidente son producto de las áreas urbanas, ya que, mientras que esta agrupación sí fue capaz de concentrar el voto urbano, su representación a nivel comunitario y departamental es casi nula. Como consecuencia de esta falta de representación, el gobierno reconoció la necesidad de fortalecer estructuras locales, como los Consejos, a fin de contar con presencia a nivel local. Ahora bien, el detalle que se pasó por alto es que, inundar de fondos, estas estructuras, sin que esté acompañado del fortalecimiento de la capacidad de gestión, no solo no se transformará en desarrollo, sino que, al mismo tiempo, únicamente promoverá incentivos perversos en su ejecución.
Una receta para el desastre
El primer paso en la estrategia del gobierno consistía en generar intercambios recurrentes, entre las estructuras centrales y las locales, creando vínculos de lealtad, a fin de garantizar la promoción de la agenda central en las comunidades. En este sentido, aunque el fin de querer acercar la administración central a las comunidades es válido, los medios a través de los cuales se lograron dejan mucho que desear.
Más que fortalecer los pilares para avanzar en una agenda coherente del desarrollo, únicamente se está alimentando un botín que, al menos por los próximos dos años, parece no tener fin.
Esto se debe a que, siguiendo patrones del pasado, el gobierno inundó las arcas de los Consejos con fondos, sin tomar en cuenta la capacidad de ejecución, con la finalidad de crear una relación de dependencia e incrementar los costos de la relación centro-periferia.
No obstante, debido a que esta estructura institucional no funciona como una caja negra, en donde los resultados responden a un modelo de input-output, la falta de capacidad llevó al oficialismo a promover excepciones legales, tanto para justificar sus acciones, como para lanzar un salvavidas para mantener la gestión a flore. En el 2024 esta excepción llevaba el nombre de Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la cual evitaba que los recursos no ejecutados durante un año fiscal fueran al fondo común, y, ahora, en el 2025, los diputados promueven la Ley para la Agilización de Inversión Pública. Sin embargo, aunque con diferente portada, el contenido es el mismo: instrumentos legales que habilitan los cheques en blanco para la ejecución discrecional de fondos en los CODEDES.
Ahora bien, como toda caja negra, en la oscuridad surgen incentivos perversos y consecuencias no intencionadas de las decisiones políticas. En el caso de los Consejos, por un lado, estas excepciones, se han convertido en una práctica común para ocultar los errores de cálculo que, a su vez, desincentivan la agilidad en la ejecución de fondos. Por otro lado, debido a la falta de mecanismos de evaluación, este desborde de recursos, sin capacidad de ejecución, únicamente agranda la brecha para su uso discrecional y el desvío de fondos para objetivos ajenos a los planteados por la administración central.
Así pues, aunque dentro de la ingenuidad del gobierno central los CODEDES se convertirían en las estructuras adecuadas para acercar la administración central a las comunidades, la realidad muestra que, como cualquier institución pública, los incentivos predatorios y la búsqueda de rentas se ha antepuesto ante los objetivos nobles como la promoción del desarrollo. Por ende, más que fortalecer los pilares para avanzar en una agenda coherente del desarrollo, únicamente se está alimentando un botín que, al menos por los próximos dos años, parece no tener fin.
CODEDES, la caja negra del gobierno de Arévalo
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ya superó la primera mitad de su gestión y, pese a que tiene más fallos que aciertos, sí es posible encontrar patrones de comportamiento que desvelan la estrategia de mando. A diferencia de otros gobiernos, esta administración prometió que una de las características de su gestión sería su cercanía con las autoridades locales, como un modelo para conocer las necesidades de las poblaciones de forma más directa. No obstante, lo que en su momento se desconocía era el andamiaje que permitiría poner en marcha esta promesa. Finalmente, la entidad elegida fueron los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), una estructura más conocida por la opacidad de sus acciones que por contribuciones al desarrollo. Como consecuencia, el acercamiento a las organizaciones locales se lograría mediante el robustecimiento de estos Consejos.
A primera vista, esta ciega e ingenua confianza en los CODEDES se puede explicar por la falta de representación departamental del oficialismo. Como se mencionó durante las elecciones, el partido de gobierno y el presidente son producto de las áreas urbanas, ya que, mientras que esta agrupación sí fue capaz de concentrar el voto urbano, su representación a nivel comunitario y departamental es casi nula. Como consecuencia de esta falta de representación, el gobierno reconoció la necesidad de fortalecer estructuras locales, como los Consejos, a fin de contar con presencia a nivel local. Ahora bien, el detalle que se pasó por alto es que, inundar de fondos, estas estructuras, sin que esté acompañado del fortalecimiento de la capacidad de gestión, no solo no se transformará en desarrollo, sino que, al mismo tiempo, únicamente promoverá incentivos perversos en su ejecución.
Una receta para el desastre
El primer paso en la estrategia del gobierno consistía en generar intercambios recurrentes, entre las estructuras centrales y las locales, creando vínculos de lealtad, a fin de garantizar la promoción de la agenda central en las comunidades. En este sentido, aunque el fin de querer acercar la administración central a las comunidades es válido, los medios a través de los cuales se lograron dejan mucho que desear.
Más que fortalecer los pilares para avanzar en una agenda coherente del desarrollo, únicamente se está alimentando un botín que, al menos por los próximos dos años, parece no tener fin.
Esto se debe a que, siguiendo patrones del pasado, el gobierno inundó las arcas de los Consejos con fondos, sin tomar en cuenta la capacidad de ejecución, con la finalidad de crear una relación de dependencia e incrementar los costos de la relación centro-periferia.
No obstante, debido a que esta estructura institucional no funciona como una caja negra, en donde los resultados responden a un modelo de input-output, la falta de capacidad llevó al oficialismo a promover excepciones legales, tanto para justificar sus acciones, como para lanzar un salvavidas para mantener la gestión a flore. En el 2024 esta excepción llevaba el nombre de Ley para la Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la cual evitaba que los recursos no ejecutados durante un año fiscal fueran al fondo común, y, ahora, en el 2025, los diputados promueven la Ley para la Agilización de Inversión Pública. Sin embargo, aunque con diferente portada, el contenido es el mismo: instrumentos legales que habilitan los cheques en blanco para la ejecución discrecional de fondos en los CODEDES.
Ahora bien, como toda caja negra, en la oscuridad surgen incentivos perversos y consecuencias no intencionadas de las decisiones políticas. En el caso de los Consejos, por un lado, estas excepciones, se han convertido en una práctica común para ocultar los errores de cálculo que, a su vez, desincentivan la agilidad en la ejecución de fondos. Por otro lado, debido a la falta de mecanismos de evaluación, este desborde de recursos, sin capacidad de ejecución, únicamente agranda la brecha para su uso discrecional y el desvío de fondos para objetivos ajenos a los planteados por la administración central.
Así pues, aunque dentro de la ingenuidad del gobierno central los CODEDES se convertirían en las estructuras adecuadas para acercar la administración central a las comunidades, la realidad muestra que, como cualquier institución pública, los incentivos predatorios y la búsqueda de rentas se ha antepuesto ante los objetivos nobles como la promoción del desarrollo. Por ende, más que fortalecer los pilares para avanzar en una agenda coherente del desarrollo, únicamente se está alimentando un botín que, al menos por los próximos dos años, parece no tener fin.
