EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En mi última columna de opinión, “Sin romantizar el Bukelismo”, mencioné algunas de las fallas del gobierno actual en El Salvador, los riesgos que impone para la política centroamericana y las amenazas de la medida en la que se ha romantizado en Guatemala. Este artículo va más allá de la opinión. En este espacio optaré por la información disponible respecto a la realidad salvadoreña en la actualidad, no solo para validar lo mencionado, sino para hacer ver a más personas los riesgos del buen marketing en un autoritarismo.
El discurso antisistema de Nayib Bukele fue representativo de la insatisfacción de la población salvadoreña respecto a la inseguridad y corrupción, característico de la situación política del país por décadas. Esta crítica no se dirige a los salvadoreños, quienes reflejaban desesperación por un cambio para el país, sino a la falta de coherencia y consistencia en el mismo presidente. La toma de poder de Bukele no demostró el cambio esperado, sino una dictadura disfrazada de esperanza. Cuando el sistema no funciona, debe transformarse, pero para bien y no auxiliándose del populismo, con más resultados perjudiciales que positivos en un largo plazo. El fin no justifica los medios y la forma en la que se obtuvo el puesto en el segundo período es absolutamente injustificable.
El presidente, por años, ha violado garantías constitucionales de los ciudadanos salvadoreños. Primero, la separación de poderes (Art. 86). En 2021, la Asamblea Legislativa, bajo control del oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general sin debido proceso. Segundo, la independencia judicial en el país (Art. 172 y 186). Los jueces destituidos fueron reemplazados por jueces subjetivamente seleccionados y afines al gobierno. Tercero, derechos individuales, como el debido proceso (Art. 11 y 12). El régimen de excepción, impuesto en 2022) presenta una amenaza contra la libertad individual, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el plazo de máxima detención administrativa. Como resultado, se ha detenido a casi 100 000 personas, muchas sin orden judicial, pruebas sólidas o culpa alguna. Cuarto, prohibición de reelección inmediata (Art. 152). La Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron impuestos por Bukele, reinterpretó el artículo que la prohíbe y permitió la reelección inconstitucional.
Guatemala tiene mucho en qué mejorar, pero idealizar un gobierno autoritario no es la solución (...) Una verdadera República se sostiene con pilares como el Estado de derecho, la separación de poderes, la alternabilidad en el poder, la rendición de cuentas y transparencia, así como el respeto a la justicia, la libertad y la vida.
Quinto, la libertad de expresión y prensa (Art. 6). Durante el gobierno de Bukele se ha perseguido a la prensa y ha habido espionaje y campañas de desinformación contra medios como El Faro, forzando su exilio. Sexto, el derecho a la integridad y el respeto por los derechos humanos (Art. 2 y 11). Existen denuncias de tortura y tratos crueles a detenidos e incluso trabajadores estatales, así como muertes bajo custodio estatal, principalmente bajo el régimen de excepción. Por los riesgos e ilegitimidad de los actos, la información pública respecto a la violencia en el país no es confiable. Claro, la tasa de homicidios y violencia por maras o grupos organizados es difícil de desmentir, pero no se habla lo suficiente sobre las ilegalidades realizadas por el mismo gobierno, escondidas por el trabajo en seguridad. Actuar con firmeza no está mal, actuar contra la constitucionalidad sí.
Claro, Guatemala no es libre en su totalidad; pocos países lo son. La tasa de homicidios, extorsiones y robos han incrementado durante este año y el gobierno de Semilla no ha demostrado control sobre el tema, planes de mejora o eficacia respecto a temas similares. A lo largo de mis artículos de opinión, nunca he afirmado el éxito de la gobernabilidad en el país. Por lo contrario, he mencionado su fragilidad institucional y las amenazas que presentan para Guatemala y sus ciudadanos. Esto, no obstante, no justifica la atracción al sistema de gobierno salvadoreño, sus ilegalidades y violaciones contra derechos individuales o el mismo Estado de derecho. En vez de romantizar el bukelismo, ¿por qué no ampliar la mirada? ¿Por qué no buscar inspiración en gobiernos verdaderamente buenos, o por lo menos mejores? Guatemala tiene mucho en qué mejorar, pero idealizar un gobierno autoritario no es la solución y, de hecho, empeoraría la situación social, económica y política para el país. Una verdadera República se sostiene con pilares como el Estado de derecho, la separación de poderes, la alternabilidad en el poder, la rendición de cuentas y transparencia, así como el respeto a la justicia, la libertad y la vida.
No todo lo que brilla es oro. Un autoritarismo disfrazado de justicia y efectividad no implica resultados positivos en el presente; y menos en el futuro.
En mi última columna de opinión, “Sin romantizar el Bukelismo”, mencioné algunas de las fallas del gobierno actual en El Salvador, los riesgos que impone para la política centroamericana y las amenazas de la medida en la que se ha romantizado en Guatemala. Este artículo va más allá de la opinión. En este espacio optaré por la información disponible respecto a la realidad salvadoreña en la actualidad, no solo para validar lo mencionado, sino para hacer ver a más personas los riesgos del buen marketing en un autoritarismo.
El discurso antisistema de Nayib Bukele fue representativo de la insatisfacción de la población salvadoreña respecto a la inseguridad y corrupción, característico de la situación política del país por décadas. Esta crítica no se dirige a los salvadoreños, quienes reflejaban desesperación por un cambio para el país, sino a la falta de coherencia y consistencia en el mismo presidente. La toma de poder de Bukele no demostró el cambio esperado, sino una dictadura disfrazada de esperanza. Cuando el sistema no funciona, debe transformarse, pero para bien y no auxiliándose del populismo, con más resultados perjudiciales que positivos en un largo plazo. El fin no justifica los medios y la forma en la que se obtuvo el puesto en el segundo período es absolutamente injustificable.
El presidente, por años, ha violado garantías constitucionales de los ciudadanos salvadoreños. Primero, la separación de poderes (Art. 86). En 2021, la Asamblea Legislativa, bajo control del oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general sin debido proceso. Segundo, la independencia judicial en el país (Art. 172 y 186). Los jueces destituidos fueron reemplazados por jueces subjetivamente seleccionados y afines al gobierno. Tercero, derechos individuales, como el debido proceso (Art. 11 y 12). El régimen de excepción, impuesto en 2022) presenta una amenaza contra la libertad individual, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el plazo de máxima detención administrativa. Como resultado, se ha detenido a casi 100 000 personas, muchas sin orden judicial, pruebas sólidas o culpa alguna. Cuarto, prohibición de reelección inmediata (Art. 152). La Sala de lo Constitucional, cuyos magistrados fueron impuestos por Bukele, reinterpretó el artículo que la prohíbe y permitió la reelección inconstitucional.
Guatemala tiene mucho en qué mejorar, pero idealizar un gobierno autoritario no es la solución (...) Una verdadera República se sostiene con pilares como el Estado de derecho, la separación de poderes, la alternabilidad en el poder, la rendición de cuentas y transparencia, así como el respeto a la justicia, la libertad y la vida.
Quinto, la libertad de expresión y prensa (Art. 6). Durante el gobierno de Bukele se ha perseguido a la prensa y ha habido espionaje y campañas de desinformación contra medios como El Faro, forzando su exilio. Sexto, el derecho a la integridad y el respeto por los derechos humanos (Art. 2 y 11). Existen denuncias de tortura y tratos crueles a detenidos e incluso trabajadores estatales, así como muertes bajo custodio estatal, principalmente bajo el régimen de excepción. Por los riesgos e ilegitimidad de los actos, la información pública respecto a la violencia en el país no es confiable. Claro, la tasa de homicidios y violencia por maras o grupos organizados es difícil de desmentir, pero no se habla lo suficiente sobre las ilegalidades realizadas por el mismo gobierno, escondidas por el trabajo en seguridad. Actuar con firmeza no está mal, actuar contra la constitucionalidad sí.
Claro, Guatemala no es libre en su totalidad; pocos países lo son. La tasa de homicidios, extorsiones y robos han incrementado durante este año y el gobierno de Semilla no ha demostrado control sobre el tema, planes de mejora o eficacia respecto a temas similares. A lo largo de mis artículos de opinión, nunca he afirmado el éxito de la gobernabilidad en el país. Por lo contrario, he mencionado su fragilidad institucional y las amenazas que presentan para Guatemala y sus ciudadanos. Esto, no obstante, no justifica la atracción al sistema de gobierno salvadoreño, sus ilegalidades y violaciones contra derechos individuales o el mismo Estado de derecho. En vez de romantizar el bukelismo, ¿por qué no ampliar la mirada? ¿Por qué no buscar inspiración en gobiernos verdaderamente buenos, o por lo menos mejores? Guatemala tiene mucho en qué mejorar, pero idealizar un gobierno autoritario no es la solución y, de hecho, empeoraría la situación social, económica y política para el país. Una verdadera República se sostiene con pilares como el Estado de derecho, la separación de poderes, la alternabilidad en el poder, la rendición de cuentas y transparencia, así como el respeto a la justicia, la libertad y la vida.
No todo lo que brilla es oro. Un autoritarismo disfrazado de justicia y efectividad no implica resultados positivos en el presente; y menos en el futuro.
