La configuración de un Estado democrático implica la participación de las distintas fuerzas que, desde su ámbito de acción, pueden contribuir a la mejora de las condiciones que impactan la vida de todos los ciudadanos. En la reserva de lo privado no habrá mucho que cuestionar, siempre y cuando no contravenga la normativa vigente, pero es de vital importancia contar con acuerdos claros sobre cómo interactuar en la esfera pública.
Condicionado por la perspectiva desde la cual soy testigo de la realidad nacional, veo como grandes logros recientes la negociación del Acuerdo Bilateral entre Guatemala y los Estados Unidos de América, habiéndose avanzado en la negociación hacia un marco para un acuerdo de comercio recíproco, el cual beneficiará a muchos exportadores nacionales. No tengo menos que encomiar y reconocer el trabajo del Ministerio de Economía y sus autoridades, quienes llevan meses trabajando de la mano con un vasto equipo técnico proveniente de la iniciativa privada.
De igual manera, es innegable el beneficio que se genera cuando las tres calificadoras de riesgo más reconocidas en el mundo elevan la calificación del país; hasta el punto en el que Guatemala queda al borde de alcanzar el grado de inversión. Y eso solamente fue posible gracias al liderazgo del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual ha sido acompañado en cada reunión y viaje por los delegados representantes de entidades del sector empresarial guatemalteco.
Además, quiero destacar la colaboración que se ha dado entre el Gobierno de Guatemala y las Asociaciones y Cámaras Empresariales para impulsar, de la mano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la revitalización de infraestructura que es clave para el desarrollo económico presente y futuro. Este esfuerzo busca impactar la eficiencia portuaria, la movilidad ferroviaria, y la logística vial.
Y es por estos ejemplos que me llama mucho más la atención la reciente pugna que un grupo de diputados independientes han propiciado en el Congreso. Poniendo como excusa la aprobación de las reformas a la ley que regula las Alianzas Público-Privadas en Guatemala, se ha incurrido en un discurso incendiario que pretende invalidar la necesidad de una estrecha relación entre el Gobierno y el Sector Empresarial Organizado.
Sorprenden las manifestaciones públicas de quienes todavía ven la política como militancia, valiéndose de diatribas sin sentido para ganar popularidad con un grupo desimpatizantes que prefieren declarar enemigos públicos en lugar de fomentar el trabajo coordinado. Ser injuriosos genera réditos concentrados, a costa de un gran perjuicio a quienes más necesitan que el país se encamine en la ruta del desarrollo.
Irreflexivamente se argumenta que en otros países no existen prácticas corporativistas de este tipo, pero si buscamos ejemplos en países más desarrollados, también habría que señalar que en esos lugares la clase política es consciente de los impactos que generan sus decisiones, no sólo por su trayectoria de décadas, sino porque han tenido en sus manos la responsabilidad de dirigir y administrar empresas propias.
Para un país como Guatemala, el tener políticos que impulsan medidas antojadizas sin más respaldo que ocurrencias advenedizas, implica riesgos altísimos para quienes asumen el costo económico de aciertos y desaciertos. Ojalá existiera un atisbo de sensatez al momento de propiciar cambios y reformas, pero el granjearse apoyos políticos termina nublando la vista de quienes tienen en sus manos el poder de derrumbar esfuerzos que se han construido por generaciones.
Trabajar conjuntamente, aún reconociendo las diferencias, ha demostrado que puede redituar en extensos beneficios para una gran parte de la población. Pero para lograr esto se necesita de muestras claras de madurez política, en donde alrededor de una mesa pueda haber diálogo, debate y consenso. Ojalá no hubiera necesidad de tener cuerpos colegiados tan burocráticos, pero las condiciones de las que partimos requieren de la participación de quienes pueden aportar a que se construya el futuro del país, no solamente por ser una voz o un voto más, sino porque en sus espaldas acarrean y han sostenido el futuro de muchísimos guatemaltecos.
La configuración de un Estado democrático implica la participación de las distintas fuerzas que, desde su ámbito de acción, pueden contribuir a la mejora de las condiciones que impactan la vida de todos los ciudadanos. En la reserva de lo privado no habrá mucho que cuestionar, siempre y cuando no contravenga la normativa vigente, pero es de vital importancia contar con acuerdos claros sobre cómo interactuar en la esfera pública.
Condicionado por la perspectiva desde la cual soy testigo de la realidad nacional, veo como grandes logros recientes la negociación del Acuerdo Bilateral entre Guatemala y los Estados Unidos de América, habiéndose avanzado en la negociación hacia un marco para un acuerdo de comercio recíproco, el cual beneficiará a muchos exportadores nacionales. No tengo menos que encomiar y reconocer el trabajo del Ministerio de Economía y sus autoridades, quienes llevan meses trabajando de la mano con un vasto equipo técnico proveniente de la iniciativa privada.
De igual manera, es innegable el beneficio que se genera cuando las tres calificadoras de riesgo más reconocidas en el mundo elevan la calificación del país; hasta el punto en el que Guatemala queda al borde de alcanzar el grado de inversión. Y eso solamente fue posible gracias al liderazgo del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual ha sido acompañado en cada reunión y viaje por los delegados representantes de entidades del sector empresarial guatemalteco.
Además, quiero destacar la colaboración que se ha dado entre el Gobierno de Guatemala y las Asociaciones y Cámaras Empresariales para impulsar, de la mano del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la revitalización de infraestructura que es clave para el desarrollo económico presente y futuro. Este esfuerzo busca impactar la eficiencia portuaria, la movilidad ferroviaria, y la logística vial.
Y es por estos ejemplos que me llama mucho más la atención la reciente pugna que un grupo de diputados independientes han propiciado en el Congreso. Poniendo como excusa la aprobación de las reformas a la ley que regula las Alianzas Público-Privadas en Guatemala, se ha incurrido en un discurso incendiario que pretende invalidar la necesidad de una estrecha relación entre el Gobierno y el Sector Empresarial Organizado.
Sorprenden las manifestaciones públicas de quienes todavía ven la política como militancia, valiéndose de diatribas sin sentido para ganar popularidad con un grupo desimpatizantes que prefieren declarar enemigos públicos en lugar de fomentar el trabajo coordinado. Ser injuriosos genera réditos concentrados, a costa de un gran perjuicio a quienes más necesitan que el país se encamine en la ruta del desarrollo.
Irreflexivamente se argumenta que en otros países no existen prácticas corporativistas de este tipo, pero si buscamos ejemplos en países más desarrollados, también habría que señalar que en esos lugares la clase política es consciente de los impactos que generan sus decisiones, no sólo por su trayectoria de décadas, sino porque han tenido en sus manos la responsabilidad de dirigir y administrar empresas propias.
Para un país como Guatemala, el tener políticos que impulsan medidas antojadizas sin más respaldo que ocurrencias advenedizas, implica riesgos altísimos para quienes asumen el costo económico de aciertos y desaciertos. Ojalá existiera un atisbo de sensatez al momento de propiciar cambios y reformas, pero el granjearse apoyos políticos termina nublando la vista de quienes tienen en sus manos el poder de derrumbar esfuerzos que se han construido por generaciones.
Trabajar conjuntamente, aún reconociendo las diferencias, ha demostrado que puede redituar en extensos beneficios para una gran parte de la población. Pero para lograr esto se necesita de muestras claras de madurez política, en donde alrededor de una mesa pueda haber diálogo, debate y consenso. Ojalá no hubiera necesidad de tener cuerpos colegiados tan burocráticos, pero las condiciones de las que partimos requieren de la participación de quienes pueden aportar a que se construya el futuro del país, no solamente por ser una voz o un voto más, sino porque en sus espaldas acarrean y han sostenido el futuro de muchísimos guatemaltecos.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: