EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En su segunda administración, el presidente Donald Trump nos demuestra que no está dispuesto a perder el tiempo. En solo una semana, entre el 19 y el 26 de marzo de 2025, firmó 17 acciones ejecutivas, elevando a 150 el total desde su regreso a la Casa Blanca. Detrás de esta cifra no solo hay rapidez: Tiene una clara voluntad de imponer una agenda que mezcla nacionalismo económico, depuración institucional y centralización del poder. El tema no radica únicamente en lo que hace, sino en cómo lo está ejecutando.
Uno de los casos más sonados fue el de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La orden ejecutiva califica a sus miembros como “Enemigos extranjeros” y permite su detención y expulsión inmediata. En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano venezolano, mayor de 14 años y sin residencia legal, que sea vinculado a este grupo puede ser deportado sin más trámite. La medida ya enfrenta revisión judicial, pero sienta un precedente: Una administración dispuesta a utilizar leyes de guerra para abordar problemas de migración y crimen organizado.
En el plano económico, Trump relanzó su tradicional proteccionismo bajo el Plan Justo y Recíproco (FRP). Este busca sancionar a los países con relaciones comerciales “no recíprocas” hacia Estados Unidos, incluso si estas prácticas están amparadas en acuerdos multilaterales. El FRP ordena revisar tratados, imponer aranceles y condicionar el acceso al mercado estadounidense, desafiando abiertamente los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A esto se suma la imposición de un arancel del 25 % a todos los productos provenientes de países que importen petróleo venezolano. Una medida dirigida especialmente a China y otros mercados asiáticos, que reexportan gran parte del crudo venezolano.
En el frente interno, las acciones ejecutivas van aún más lejos. Trump ya ordenó la eliminación de varias agencias federales, como el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, el Consejo Interinstitucional para Personas sin Hogar y hasta el cierre del propio Departamento de Educación.
La democracia no se mide solo por la voluntad popular expresada en las urnas, sino por la manera en que se ejerce el poder. Y en esa medida, Trump está poniendo a prueba a todas las instituciones estadounidenses.
Argumenta que estas estructuras fomentaron el despilfarro y promovieron ideologías contrarias a los valores tradicionales. El nuevo discurso presidencial condena la “Ideología de equidad”, acusándola de generar discriminación inversa y de interferir en procesos de contratación y promoción en el servicio público.
En nombre de la eficiencia, Trump también ya centralizó las adquisiciones gubernamentales y digitalizó todos los pagos federales (Eliminando el uso de cheques físicos) y le cedió al Departamento del Tesoro el control sobre todas las transacciones gubernamentales. Al mismo tiempo, giró instrucciones para auditorías masivas del padrón electoral y ordenó a revocar las credenciales de seguridad de líderes políticos demócratas, incluidos Joseph Biden, Kamala Harris y Hillary Clinton. Esto último, sin duda, roza los límites del uso legítimo del poder presidencial.
Estas acciones generan una pregunta inquietante: ¿Está Estados Unidos ante una administración eficiente o ante una que erosiona la arquitectura institucional estadounidense? Porque, si bien muchas de estas medidas responden a problemas reales —fraude, burocracia excesiva, debilidad fronteriza—, la forma en que se imponen parece diseñada para eliminar los filtros y controles que sostienen el equilibrio democrático.
Que el 13 % de estas acciones ya esté bajo revisión judicial es indicio de que los tribunales siguen funcionando como contrapeso. Pero también es evidencia de que la tensión entre poderes será una constante en este segundo mandato. La democracia no se mide solo por la voluntad popular expresada en las urnas, sino por la manera en que se ejerce el poder. Y en esa medida, Trump está poniendo a prueba, una vez más, a todas las instituciones estadounidenses.
Acciones ejecutivas recientes de la Administración Trump
En su segunda administración, el presidente Donald Trump nos demuestra que no está dispuesto a perder el tiempo. En solo una semana, entre el 19 y el 26 de marzo de 2025, firmó 17 acciones ejecutivas, elevando a 150 el total desde su regreso a la Casa Blanca. Detrás de esta cifra no solo hay rapidez: Tiene una clara voluntad de imponer una agenda que mezcla nacionalismo económico, depuración institucional y centralización del poder. El tema no radica únicamente en lo que hace, sino en cómo lo está ejecutando.
Uno de los casos más sonados fue el de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros contra el grupo criminal venezolano Tren de Aragua. La orden ejecutiva califica a sus miembros como “Enemigos extranjeros” y permite su detención y expulsión inmediata. En la práctica, esto significa que cualquier ciudadano venezolano, mayor de 14 años y sin residencia legal, que sea vinculado a este grupo puede ser deportado sin más trámite. La medida ya enfrenta revisión judicial, pero sienta un precedente: Una administración dispuesta a utilizar leyes de guerra para abordar problemas de migración y crimen organizado.
En el plano económico, Trump relanzó su tradicional proteccionismo bajo el Plan Justo y Recíproco (FRP). Este busca sancionar a los países con relaciones comerciales “no recíprocas” hacia Estados Unidos, incluso si estas prácticas están amparadas en acuerdos multilaterales. El FRP ordena revisar tratados, imponer aranceles y condicionar el acceso al mercado estadounidense, desafiando abiertamente los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A esto se suma la imposición de un arancel del 25 % a todos los productos provenientes de países que importen petróleo venezolano. Una medida dirigida especialmente a China y otros mercados asiáticos, que reexportan gran parte del crudo venezolano.
En el frente interno, las acciones ejecutivas van aún más lejos. Trump ya ordenó la eliminación de varias agencias federales, como el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas, el Consejo Interinstitucional para Personas sin Hogar y hasta el cierre del propio Departamento de Educación.
La democracia no se mide solo por la voluntad popular expresada en las urnas, sino por la manera en que se ejerce el poder. Y en esa medida, Trump está poniendo a prueba a todas las instituciones estadounidenses.
Argumenta que estas estructuras fomentaron el despilfarro y promovieron ideologías contrarias a los valores tradicionales. El nuevo discurso presidencial condena la “Ideología de equidad”, acusándola de generar discriminación inversa y de interferir en procesos de contratación y promoción en el servicio público.
En nombre de la eficiencia, Trump también ya centralizó las adquisiciones gubernamentales y digitalizó todos los pagos federales (Eliminando el uso de cheques físicos) y le cedió al Departamento del Tesoro el control sobre todas las transacciones gubernamentales. Al mismo tiempo, giró instrucciones para auditorías masivas del padrón electoral y ordenó a revocar las credenciales de seguridad de líderes políticos demócratas, incluidos Joseph Biden, Kamala Harris y Hillary Clinton. Esto último, sin duda, roza los límites del uso legítimo del poder presidencial.
Estas acciones generan una pregunta inquietante: ¿Está Estados Unidos ante una administración eficiente o ante una que erosiona la arquitectura institucional estadounidense? Porque, si bien muchas de estas medidas responden a problemas reales —fraude, burocracia excesiva, debilidad fronteriza—, la forma en que se imponen parece diseñada para eliminar los filtros y controles que sostienen el equilibrio democrático.
Que el 13 % de estas acciones ya esté bajo revisión judicial es indicio de que los tribunales siguen funcionando como contrapeso. Pero también es evidencia de que la tensión entre poderes será una constante en este segundo mandato. La democracia no se mide solo por la voluntad popular expresada en las urnas, sino por la manera en que se ejerce el poder. Y en esa medida, Trump está poniendo a prueba, una vez más, a todas las instituciones estadounidenses.
