EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Jose Carlos Ortega Santa Cruz
La justicia necesita cumplir con ciertos principios, garantías o derechos para otorgar a todos la oportunidad de tener un juicio justo. Es por ello que los principios del debido proceso, el derecho a una legítima defensa, la presunción de inocencia, la imparcialidad de los jueces, la independencia, etc. son garantías que reciben las partes que permiten a todos ser iguales ante la ley, no ser abusados por los poderes – sobre todo el poder del Estado.
En los países desarrollados estas garantías se han perfeccionado de tal manera que hace unos años un amigo fue citado a declarar como testigo de la parte acusatoria. Cuando llegó, le mostraron la bodega de evidencias del caso, la cual se resguardaba de forma incólume y no le permitieron el acceso, así como no se lo permitían más que a un pequeño grupo de personas. Pese a ser citado por la parte demandante y ser testigo de esa parte, los abogados tenían prohibido hablar o discutir del caso so pena de perder el caso y sus licencias profesionales para ejercer la abogacía. Aún más, las partes tienen prohibido reunirse entre sí y los jueces y magistrados no pueden reunirse con una única de las partes, deben citar a ambas en todo caso.
La separación de la parte que juzga, la judicatura, los juzgados o salas, de la parte acusatoria y la defendida es un principio que debe resguardarse a toda costa para que por medio de esa separación se garantice el debido proceso, la imparcialidad e independencia judicial. Así que nunca, jamás, debe permitirse que las partes con funciones independientes se mezclen para nada. En otras latitudes ni siquiera pueden tomar el mismo elevador para evitar toda clase de malentendidos.
No puede verse bien que un juez o magistrado se reúna con un abogado defensor o de la parte demandada, así como con un abogado acusador, demandante o fiscal, según sea el caso.
No debe permitirse en ninguna circunstancia. Debe ser prohibido para todas las partes con la reglamentación adecuada que castigue esas acciones.
Así que debiera ser el principal tema de violencia a los procesos legales la declaración de los ignorantes y descalificados representantes y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que destaparon de forma descarada, porque no creo que ingenuamente, lo que ya todos sabíamos: que hay jueces que colaboran con CICIG.
¡Es decir, que los jueces, a los que debemos exigir independencia e imparcialidad y el cumplimiento de las garantías de presunción de inocencia, legítima defensa y debido proceso, entre otras, están influenciados y “colaboran” de forma parcializada con la CICIG!
Esta declaración debiera ser suficiente prueba para abrir investigación contra aquellos jueces que han declarado tal situación y ser separados de los diferentes procesos y de toda clase de posibilidad de ser juez o magistrado. ¡Ah! Y por supuesto que debiera ser otra raya para el tigre llamada CICIG que demuestra a cada paso que da la enorme cantidad de violaciones jurídicas.
Pero aquí, lejos de hacer eso, siempre en la búsqueda del ser moral perfecto, les premiaran. Jueces corruptos que por estar alineados del lado “bueno” o “políticamente correcto” de la historia – de este momento – pero que si fueran del tiempo del enfrentamiento armado o cualquiera de los aciagos momentos de nuestra historia serían calificados de lacras y vergüenza para la judicatura, sus familias y la nación.
Jose Carlos Ortega Santa Cruz
La justicia necesita cumplir con ciertos principios, garantías o derechos para otorgar a todos la oportunidad de tener un juicio justo. Es por ello que los principios del debido proceso, el derecho a una legítima defensa, la presunción de inocencia, la imparcialidad de los jueces, la independencia, etc. son garantías que reciben las partes que permiten a todos ser iguales ante la ley, no ser abusados por los poderes – sobre todo el poder del Estado.
En los países desarrollados estas garantías se han perfeccionado de tal manera que hace unos años un amigo fue citado a declarar como testigo de la parte acusatoria. Cuando llegó, le mostraron la bodega de evidencias del caso, la cual se resguardaba de forma incólume y no le permitieron el acceso, así como no se lo permitían más que a un pequeño grupo de personas. Pese a ser citado por la parte demandante y ser testigo de esa parte, los abogados tenían prohibido hablar o discutir del caso so pena de perder el caso y sus licencias profesionales para ejercer la abogacía. Aún más, las partes tienen prohibido reunirse entre sí y los jueces y magistrados no pueden reunirse con una única de las partes, deben citar a ambas en todo caso.
La separación de la parte que juzga, la judicatura, los juzgados o salas, de la parte acusatoria y la defendida es un principio que debe resguardarse a toda costa para que por medio de esa separación se garantice el debido proceso, la imparcialidad e independencia judicial. Así que nunca, jamás, debe permitirse que las partes con funciones independientes se mezclen para nada. En otras latitudes ni siquiera pueden tomar el mismo elevador para evitar toda clase de malentendidos.
No puede verse bien que un juez o magistrado se reúna con un abogado defensor o de la parte demandada, así como con un abogado acusador, demandante o fiscal, según sea el caso.
No debe permitirse en ninguna circunstancia. Debe ser prohibido para todas las partes con la reglamentación adecuada que castigue esas acciones.
Así que debiera ser el principal tema de violencia a los procesos legales la declaración de los ignorantes y descalificados representantes y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas que destaparon de forma descarada, porque no creo que ingenuamente, lo que ya todos sabíamos: que hay jueces que colaboran con CICIG.
¡Es decir, que los jueces, a los que debemos exigir independencia e imparcialidad y el cumplimiento de las garantías de presunción de inocencia, legítima defensa y debido proceso, entre otras, están influenciados y “colaboran” de forma parcializada con la CICIG!
Esta declaración debiera ser suficiente prueba para abrir investigación contra aquellos jueces que han declarado tal situación y ser separados de los diferentes procesos y de toda clase de posibilidad de ser juez o magistrado. ¡Ah! Y por supuesto que debiera ser otra raya para el tigre llamada CICIG que demuestra a cada paso que da la enorme cantidad de violaciones jurídicas.
Pero aquí, lejos de hacer eso, siempre en la búsqueda del ser moral perfecto, les premiaran. Jueces corruptos que por estar alineados del lado “bueno” o “políticamente correcto” de la historia – de este momento – pero que si fueran del tiempo del enfrentamiento armado o cualquiera de los aciagos momentos de nuestra historia serían calificados de lacras y vergüenza para la judicatura, sus familias y la nación.
