EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Por Jonatán Lemus
La magistratura 2016-2021 de la Corte de Constitucionalidad se ha caracterizado por adoptar una tendencia activista en el sistema político guatemalteco. Esto se confirma al observar el comportamiento de los magistrados a lo largo del 2019.
Primero, la CC limitó las actividades del Congreso y la Presidencia en varios temas. Segundo, fue la CC, y no los votantes, el actor principal en las elecciones 2019. Tercero, la CC mantuvo su postura anti-empresarial lo cual limita las posibilidades de inversión y empleo en el país.
Como resultado de esta tendencia, percibo a la Corte como una institución cada vez más independiente pero también menos creíble.
El conflicto entre organismos del Estado es natural en una democracia. Sin embargo durante este año la CC se ha visto involucrada en una pugna sin fin con el Congreso y la Presidencia en varios temas. Se inició el año con la disputa con respecto al mandato de la CICIG. Como parte de esta controversia, se plantearon antejuicios contra tres magistrados, lo cual se vio suspendido por una resolución de la misma Corte. Luego de perder la batalla por la CICIG, la CC entró en conflicto con la Presidencia al intentar frenar la firma del “Acuerdo de Tercer País Seguro” con Estados Unidos. Por razones políticas, y no jurídicas, la Corte se vio obligada a revertir su postura inicial, permitiendo así la aprobación de dicho acuerdo. En el ámbito legislativo, la CC prohibió al Congreso de la República detener la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional y la conformación de la “comisión anti-CICIG”. Más recientemente, ha establecido una cuestionada hoja de ruta para la elección de magistrados de la Corte de Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. En todos estos conflictos, se observa una tendencia clara: la CC pierde solamente cuando Estados Unidos no apoya su postura, de lo contrario, siempre ha sido capaz de prevalecer y dar órdenes a los otros poderes.
Asimismo, la Corte fue el actor principal en las elecciones del 2019 de dos maneras. Primero, al prohibir la candidatura de dos contendientes principales a la presidencia: Thelma Aldana y Zury Ríos, y resolver de forma ambigua la situación de Sandra Torres, permitiendo así su participación. Si bien es cierto, fueron los votantes quienes optaron por la opción de Alejandro Giammattei, este probablemente no habría alcanzado la segunda vuelta de haber participado Aldana o Ríos. Segundo, la Corte pudo declarar inconstitucional los cambios a la Ley Electoral que limitaban el acceso a medios de comunicación para la propaganda de los partidos políticos. Al no hacerlo, se terminó beneficiando a aquellos candidatos con mayor reconocimiento de nombre, es decir, a los políticos tradicionales. Como resultado, los dos candidatos con más participaciones políticas previas alcanzaron la segunda vuelta, y se tuvo una elección con bajos niveles de participación debido a la falta de entusiasmo de los votantes.
En temas económicos, la Corte mantuvo una postura anti-empresarial. Primero, dejó en suspenso el acuerdo que permitía la agilización de la construcción de la red de energía eléctrica. Segundo, la Corte dejó sin efecto el reglamento del Convenio 175 de la OIT, el cual permitía la contratación a tiempo parcial, limitando así las posibilidades de empleo formal para los ciudadanos. Finalmente, la CC revirtió una decisión inicial concerniente al secreto bancario, lo cual confirma la postura estatista en temas tributarios adoptada desde el 2014.
En resumen, en este año se observó una corte más independiente, sin temor de entrar en conflicto con otros organismos del Estado. Sin embargo, llama la atención que la intervención de actores internacionales obligó a la CC a ceder en varias de estas disputas. Asimismo, el desempeño de la CC en temas electorales y económicos pone en tela de juicio su credibilidad, pues se percibe una institución con una agenda política, orientada a reducir la libertad de los individuos, complaciendo a minorías organizadas por motivos ideológicos o rentistas. Por tal razón, aunque la Corte pareciera ser más independiente, termina el año siendo menos creíble. La crítica principal hacia los magistrados de la CC es que han olvidado la función principal de la institución, limitar el poder, y parecen más enfocados en concentrarlo y utilizarlo para sus agendas personales.
Por Jonatán Lemus
La magistratura 2016-2021 de la Corte de Constitucionalidad se ha caracterizado por adoptar una tendencia activista en el sistema político guatemalteco. Esto se confirma al observar el comportamiento de los magistrados a lo largo del 2019.
Primero, la CC limitó las actividades del Congreso y la Presidencia en varios temas. Segundo, fue la CC, y no los votantes, el actor principal en las elecciones 2019. Tercero, la CC mantuvo su postura anti-empresarial lo cual limita las posibilidades de inversión y empleo en el país.
Como resultado de esta tendencia, percibo a la Corte como una institución cada vez más independiente pero también menos creíble.
El conflicto entre organismos del Estado es natural en una democracia. Sin embargo durante este año la CC se ha visto involucrada en una pugna sin fin con el Congreso y la Presidencia en varios temas. Se inició el año con la disputa con respecto al mandato de la CICIG. Como parte de esta controversia, se plantearon antejuicios contra tres magistrados, lo cual se vio suspendido por una resolución de la misma Corte. Luego de perder la batalla por la CICIG, la CC entró en conflicto con la Presidencia al intentar frenar la firma del “Acuerdo de Tercer País Seguro” con Estados Unidos. Por razones políticas, y no jurídicas, la Corte se vio obligada a revertir su postura inicial, permitiendo así la aprobación de dicho acuerdo. En el ámbito legislativo, la CC prohibió al Congreso de la República detener la discusión de la Ley de Reconciliación Nacional y la conformación de la “comisión anti-CICIG”. Más recientemente, ha establecido una cuestionada hoja de ruta para la elección de magistrados de la Corte de Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. En todos estos conflictos, se observa una tendencia clara: la CC pierde solamente cuando Estados Unidos no apoya su postura, de lo contrario, siempre ha sido capaz de prevalecer y dar órdenes a los otros poderes.
Asimismo, la Corte fue el actor principal en las elecciones del 2019 de dos maneras. Primero, al prohibir la candidatura de dos contendientes principales a la presidencia: Thelma Aldana y Zury Ríos, y resolver de forma ambigua la situación de Sandra Torres, permitiendo así su participación. Si bien es cierto, fueron los votantes quienes optaron por la opción de Alejandro Giammattei, este probablemente no habría alcanzado la segunda vuelta de haber participado Aldana o Ríos. Segundo, la Corte pudo declarar inconstitucional los cambios a la Ley Electoral que limitaban el acceso a medios de comunicación para la propaganda de los partidos políticos. Al no hacerlo, se terminó beneficiando a aquellos candidatos con mayor reconocimiento de nombre, es decir, a los políticos tradicionales. Como resultado, los dos candidatos con más participaciones políticas previas alcanzaron la segunda vuelta, y se tuvo una elección con bajos niveles de participación debido a la falta de entusiasmo de los votantes.
En temas económicos, la Corte mantuvo una postura anti-empresarial. Primero, dejó en suspenso el acuerdo que permitía la agilización de la construcción de la red de energía eléctrica. Segundo, la Corte dejó sin efecto el reglamento del Convenio 175 de la OIT, el cual permitía la contratación a tiempo parcial, limitando así las posibilidades de empleo formal para los ciudadanos. Finalmente, la CC revirtió una decisión inicial concerniente al secreto bancario, lo cual confirma la postura estatista en temas tributarios adoptada desde el 2014.
En resumen, en este año se observó una corte más independiente, sin temor de entrar en conflicto con otros organismos del Estado. Sin embargo, llama la atención que la intervención de actores internacionales obligó a la CC a ceder en varias de estas disputas. Asimismo, el desempeño de la CC en temas electorales y económicos pone en tela de juicio su credibilidad, pues se percibe una institución con una agenda política, orientada a reducir la libertad de los individuos, complaciendo a minorías organizadas por motivos ideológicos o rentistas. Por tal razón, aunque la Corte pareciera ser más independiente, termina el año siendo menos creíble. La crítica principal hacia los magistrados de la CC es que han olvidado la función principal de la institución, limitar el poder, y parecen más enfocados en concentrarlo y utilizarlo para sus agendas personales.
