El tema de los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca tiene alcances que van mucho más allá de lo político, de la corrupción en materia impositiva, afectan también a familias en pleno litigio. Esa firma no sólo se dedicaba a esconder fondos para evadir impuestos, sino también por ejemplo, para protegerse ante un divorcio. Creando compañías fantasma (existen sólo en papel) como cobertura, o con cuentas offshore (operaciones financieras que se desenvuelven en un país extranjero para aprovechar ventajas fiscales y legales) escondiendo la verdadera identidad del propietario del dinero, siendo las Islas Vírgenes Británicas y Panamá los paraísos fiscales de preferencia. Obviamente, entes como Transparencia Internacional rápido metió a ricos, poderosos y corruptos en la misma lista.
Los más de 11 millones de documentos que fueran filtrados por un grupo de 78 periodistas del Consorcio Internacional de Investigaciones Periodísticas (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) sacaron a la luz pública mundial que la firma había deliberada o indeliberadamente ayudado a evadir impuestos, lavar dinero o esconder el origen de los mismos a figuras de mucho poder político y económico. El ente investigativo internacional ya había en el pasado hecho algo similar con Luxemburgo, denunciando los acuerdos entre multinacionales y el gobierno de ése país. Según The Economist, los famosos documentos se refieren a aproximadamente 214,000 empresas, con 21 jurisdicciones y más o menos 14,000 intermediarios (entre bufetes y bancos) y 12 líderes mundiales en ejercicio del poder o ya retirados. Si bien las cifras sean alarmantes, es fundamental que la opinión pública entienda que no todos los involucrados han procedido ilegalmente.
Lo sensacionalista del tema se deriva de ciertas figuras un tanto controversiales u obscuras que han salido a bailar en este tango. Me refiero por ejemplo a Vladimir Putin, Xi Jinping o a Petro Poroshenko, entre las 140 figuras políticas internacionales con nexos con Mossack Fonseca. Hasta el momento de redacción del presente artículo, Putin se declaró inocente de falta alguna, mientras que a Poroshenko se le vino una avalancha de problemas ya que prometió vender sus empresas antes de tomar posesión de su cargo y ahora se sabe que únicamente las transfirió a un offshore.
La primera “víctima” de los “Panama leaks” es el Primer Ministro de Islandia si se vio forzado a renunciar a su cargo, aunque mantiene el liderazgo de su partido y hasta donde se sabe no correrá riesgos legales en su país ya que transfirió su propiedad en las empresas familiares a su esposa por la módica suma de $1, bajo una empresa offshore con intereses en los principales bancos de Islandia.
Tapar el sol con un dedo ya vimos que es difícil, por no decir imposible. Por ejemplo, Putin, que es casi dueño de Banco Rossiya, según el gobierno de los Estados Unidos, no podrá alegar que es “putinofobia” siempre que lo ataquen. Ya salió también a bailar el primo de Vashar Al Azad como el financiero de la familia que se encarga de lavar y esconder el dinero de la familia en cuentas offshore. Pero este tema salpica a todos los continentes, países del mundo libre y del no libre. Por ahora, Irán, Egipto, Corea del Norte, Siria, Rusia, Ucrania y Guatemala han sido mencionadas en los medios, además de los nombrados arriba.
El problema de Mossack Fonseca es que si bien dice no haber procedido erróneamente con ninguno de sus clientes, se hizo de la vista gorda al recibir fondos del narcotráfico, como el caso de la Reina del Sur. Lastimosamente, como siempre, una noticia tan caliente como ésta es usada, en Guatemala, para tratar de dañar la reputación de una persona fallecida, con el fin evidente de dañar a su viuda en una causa que algunos consideran impopular. Eso también me parece golpear bajo y no precisamente ético ya que el mencionado no puede defenderse.
El Presidente Obama declaró en conferencia de prensa del 5 de abril que el problema no es que se rompa la Ley, sino que la Ley no es lo suficientemente efectiva para impedir que quienes pueden usen los vacíos legales para su ventaja. Varias entidades han pues hecho un llamado al G20 para que implemente sanciones contra quienes no acaten los estándares internacionales de registros de riqueza. El Task Force de Acción Financiera (Financial Action Task Force FATF), del que Guatemala es miembro, establece las normas que los gobiernos deben adoptar para combatir el lavado de dinero. El último reporte de la entidad data del 2014, determinó que Guatemala había para entonces mejorado substantivamente su nivel de cumplimiento con las recomendaciones emanadas de FATF y por ende fue sacada de la lista de países a los que les debían de dar seguimiento. Es importante entonces que el gobierno actual no baje la guardia y continúe aplicando las recomendaciones de FATF.
Finalmente estoy en algo de acuerdo con Obama: la inversión social debiera ser el mejor modo de evadir impuestos y las empresas debieran usarlas. El problema es pues que los políticos, que no siendo empresarios, amasan fortunas gracias a prácticas corruptas y a que las empresas en paraísos fiscales no adoptan las leyes internacionales existentes para el intercambio de información con gobiernos y entes supervisores. Mucho de lo que está saliendo a la luz es legal, simplemente permitida por las leyes que Obama describió como “defectuosas” y que se aplican en la mayoría de países. Como bien dijo el Presidente de los Estados Unidos, siempre ha existido y existirá la evasión fiscal, pero no debiera ser facilitada por el Estado gracias a leyes ineficientes. Con esto no propongo crear más leyes, sino aplicar y hacer más eficientes las existentes.
El tema de los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca tiene alcances que van mucho más allá de lo político, de la corrupción en materia impositiva, afectan también a familias en pleno litigio. Esa firma no sólo se dedicaba a esconder fondos para evadir impuestos, sino también por ejemplo, para protegerse ante un divorcio. Creando compañías fantasma (existen sólo en papel) como cobertura, o con cuentas offshore (operaciones financieras que se desenvuelven en un país extranjero para aprovechar ventajas fiscales y legales) escondiendo la verdadera identidad del propietario del dinero, siendo las Islas Vírgenes Británicas y Panamá los paraísos fiscales de preferencia. Obviamente, entes como Transparencia Internacional rápido metió a ricos, poderosos y corruptos en la misma lista.
Los más de 11 millones de documentos que fueran filtrados por un grupo de 78 periodistas del Consorcio Internacional de Investigaciones Periodísticas (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ) sacaron a la luz pública mundial que la firma había deliberada o indeliberadamente ayudado a evadir impuestos, lavar dinero o esconder el origen de los mismos a figuras de mucho poder político y económico. El ente investigativo internacional ya había en el pasado hecho algo similar con Luxemburgo, denunciando los acuerdos entre multinacionales y el gobierno de ése país. Según The Economist, los famosos documentos se refieren a aproximadamente 214,000 empresas, con 21 jurisdicciones y más o menos 14,000 intermediarios (entre bufetes y bancos) y 12 líderes mundiales en ejercicio del poder o ya retirados. Si bien las cifras sean alarmantes, es fundamental que la opinión pública entienda que no todos los involucrados han procedido ilegalmente.
Lo sensacionalista del tema se deriva de ciertas figuras un tanto controversiales u obscuras que han salido a bailar en este tango. Me refiero por ejemplo a Vladimir Putin, Xi Jinping o a Petro Poroshenko, entre las 140 figuras políticas internacionales con nexos con Mossack Fonseca. Hasta el momento de redacción del presente artículo, Putin se declaró inocente de falta alguna, mientras que a Poroshenko se le vino una avalancha de problemas ya que prometió vender sus empresas antes de tomar posesión de su cargo y ahora se sabe que únicamente las transfirió a un offshore.
La primera “víctima” de los “Panama leaks” es el Primer Ministro de Islandia si se vio forzado a renunciar a su cargo, aunque mantiene el liderazgo de su partido y hasta donde se sabe no correrá riesgos legales en su país ya que transfirió su propiedad en las empresas familiares a su esposa por la módica suma de $1, bajo una empresa offshore con intereses en los principales bancos de Islandia.
Tapar el sol con un dedo ya vimos que es difícil, por no decir imposible. Por ejemplo, Putin, que es casi dueño de Banco Rossiya, según el gobierno de los Estados Unidos, no podrá alegar que es “putinofobia” siempre que lo ataquen. Ya salió también a bailar el primo de Vashar Al Azad como el financiero de la familia que se encarga de lavar y esconder el dinero de la familia en cuentas offshore. Pero este tema salpica a todos los continentes, países del mundo libre y del no libre. Por ahora, Irán, Egipto, Corea del Norte, Siria, Rusia, Ucrania y Guatemala han sido mencionadas en los medios, además de los nombrados arriba.
El problema de Mossack Fonseca es que si bien dice no haber procedido erróneamente con ninguno de sus clientes, se hizo de la vista gorda al recibir fondos del narcotráfico, como el caso de la Reina del Sur. Lastimosamente, como siempre, una noticia tan caliente como ésta es usada, en Guatemala, para tratar de dañar la reputación de una persona fallecida, con el fin evidente de dañar a su viuda en una causa que algunos consideran impopular. Eso también me parece golpear bajo y no precisamente ético ya que el mencionado no puede defenderse.
El Presidente Obama declaró en conferencia de prensa del 5 de abril que el problema no es que se rompa la Ley, sino que la Ley no es lo suficientemente efectiva para impedir que quienes pueden usen los vacíos legales para su ventaja. Varias entidades han pues hecho un llamado al G20 para que implemente sanciones contra quienes no acaten los estándares internacionales de registros de riqueza. El Task Force de Acción Financiera (Financial Action Task Force FATF), del que Guatemala es miembro, establece las normas que los gobiernos deben adoptar para combatir el lavado de dinero. El último reporte de la entidad data del 2014, determinó que Guatemala había para entonces mejorado substantivamente su nivel de cumplimiento con las recomendaciones emanadas de FATF y por ende fue sacada de la lista de países a los que les debían de dar seguimiento. Es importante entonces que el gobierno actual no baje la guardia y continúe aplicando las recomendaciones de FATF.
Finalmente estoy en algo de acuerdo con Obama: la inversión social debiera ser el mejor modo de evadir impuestos y las empresas debieran usarlas. El problema es pues que los políticos, que no siendo empresarios, amasan fortunas gracias a prácticas corruptas y a que las empresas en paraísos fiscales no adoptan las leyes internacionales existentes para el intercambio de información con gobiernos y entes supervisores. Mucho de lo que está saliendo a la luz es legal, simplemente permitida por las leyes que Obama describió como “defectuosas” y que se aplican en la mayoría de países. Como bien dijo el Presidente de los Estados Unidos, siempre ha existido y existirá la evasión fiscal, pero no debiera ser facilitada por el Estado gracias a leyes ineficientes. Con esto no propongo crear más leyes, sino aplicar y hacer más eficientes las existentes.