EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Muchos ciudadanos pensamos que en Guatemala el Fortalecimiento del
Sistema de Justicia, sin duda es necesario. Pues el Estado tiene muchas
dificultades para actuar mediante el Poder Judicial y hacer que se cumpla la
Constitución y las Leyes del País por el deterioro integral en el Sistema de
Justicia.
El fortalecimiento del Poder Judical, no es una tarea fácil, requiere una reforma profunda en el sistema
regulatorio que lo conforma, especialmente en una normativa que permita una
eficiente y oportuna aplicación del régimen disciplinario y sancionatorio, contra aquellos jueces o magistrados que
incumplen con lo que la Constitución y las leyes les imponen, y que a su vez, permita depurar el Sistema de Justicia y el
Poder Judicial.
En todo sistema Republicano de Gobierno el Sistema de Justicia y el Poder Judicial tienen límites. Las fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y magistrados que lo conforman,
incluyendo el Presidente del Organismo Judicial, no están por encima de la ley
sino debe sujetarse también a ella. Es
decir, deben rendir cuentas de su función y pueden ser sancionados
administrativa, civil o penalmente en aquellos casos en que, aún y siendo
miembros del Sistema de Justicia y del Poder judicial, cometan una ilegalidad.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIG, tiene un
problema de fondo desde su concepción, el cual
radica en que es un ente supranacional que no está sujeta a la
Constitución y las Leyes de Guatemala y por lo tanto no puede exigírsele la
rendición de cuentas en nuestro País. Es decir, que si contraviene la
Constitución Política de la República o las leyes en Guatemala, no puede
sancionársele administrativa, civil o penalmente, al responsable en nuestro
País.
La CICIG en Guatemala, es un Poder que no tiene límites ante nuestra
Constitución y nuestras leyes; es un ente supranacional que está por encima de ellas y no sujeto a las
mismas. Lo anterior le permite a la CICIG, de forma muy particular,
distorsionar el funcionamiento normal del Sistema de Justicia de un País
Soberano, debilitando con ello, el ya precario Sistema Republicano en
Guatemala.
Uno de los pilares fundamentales del Sistema Republicano es el de
igualdad ante la ley, es decir un gobierno de leyes, en donde nadie es superior
a la ley; ni gobernantes ni gobernados.
Pero desde el momento que se acepta a un Poder, que actúa dentro del Sistema de
Justicia de Guatemala, sin que deba rendir cuentas de su actuar y con inmunidad
en su actuar, el debilitamiento del sistema Republicano es evidente.
Personalmente creo que en Guatemala deben mejorarse las capacidades
técnicas de todos los actores del Sistema de Justicia y del Poder
Judicial. Sin duda la capacitación y la
mejora de esas capacidades puede darse en forma más acelerada con convenios de
apoyo técnico internacional. Sin
embargo, creo que el modelo que se ha venido utilizando en Guatemala, con un
ente supranacional que está por encima de la Constitución y de las leyes del
País, es un camino además de equivocado,
riesgoso para las demás libertades de los ciudadanos y a costa de un
debilitamiento mayor del Sistema Republicano de Gobierno, que dicho sea de paso, esta consagrado en
nuestra Constitución cono un precepto constitucional de rango mayor al ser un
artículo no reformable.
Por la razón anterior, que para mí es suficiente, espero
no se le renueve su mandato.
Muchos ciudadanos pensamos que en Guatemala el Fortalecimiento del
Sistema de Justicia, sin duda es necesario. Pues el Estado tiene muchas
dificultades para actuar mediante el Poder Judicial y hacer que se cumpla la
Constitución y las Leyes del País por el deterioro integral en el Sistema de
Justicia.
El fortalecimiento del Poder Judical, no es una tarea fácil, requiere una reforma profunda en el sistema
regulatorio que lo conforma, especialmente en una normativa que permita una
eficiente y oportuna aplicación del régimen disciplinario y sancionatorio, contra aquellos jueces o magistrados que
incumplen con lo que la Constitución y las leyes les imponen, y que a su vez, permita depurar el Sistema de Justicia y el
Poder Judicial.
En todo sistema Republicano de Gobierno el Sistema de Justicia y el Poder Judicial tienen límites. Las fuerzas de seguridad, fiscales, jueces y magistrados que lo conforman,
incluyendo el Presidente del Organismo Judicial, no están por encima de la ley
sino debe sujetarse también a ella. Es
decir, deben rendir cuentas de su función y pueden ser sancionados
administrativa, civil o penalmente en aquellos casos en que, aún y siendo
miembros del Sistema de Justicia y del Poder judicial, cometan una ilegalidad.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIG, tiene un
problema de fondo desde su concepción, el cual
radica en que es un ente supranacional que no está sujeta a la
Constitución y las Leyes de Guatemala y por lo tanto no puede exigírsele la
rendición de cuentas en nuestro País. Es decir, que si contraviene la
Constitución Política de la República o las leyes en Guatemala, no puede
sancionársele administrativa, civil o penalmente, al responsable en nuestro
País.
La CICIG en Guatemala, es un Poder que no tiene límites ante nuestra
Constitución y nuestras leyes; es un ente supranacional que está por encima de ellas y no sujeto a las
mismas. Lo anterior le permite a la CICIG, de forma muy particular,
distorsionar el funcionamiento normal del Sistema de Justicia de un País
Soberano, debilitando con ello, el ya precario Sistema Republicano en
Guatemala.
Uno de los pilares fundamentales del Sistema Republicano es el de
igualdad ante la ley, es decir un gobierno de leyes, en donde nadie es superior
a la ley; ni gobernantes ni gobernados.
Pero desde el momento que se acepta a un Poder, que actúa dentro del Sistema de
Justicia de Guatemala, sin que deba rendir cuentas de su actuar y con inmunidad
en su actuar, el debilitamiento del sistema Republicano es evidente.
Personalmente creo que en Guatemala deben mejorarse las capacidades
técnicas de todos los actores del Sistema de Justicia y del Poder
Judicial. Sin duda la capacitación y la
mejora de esas capacidades puede darse en forma más acelerada con convenios de
apoyo técnico internacional. Sin
embargo, creo que el modelo que se ha venido utilizando en Guatemala, con un
ente supranacional que está por encima de la Constitución y de las leyes del
País, es un camino además de equivocado,
riesgoso para las demás libertades de los ciudadanos y a costa de un
debilitamiento mayor del Sistema Republicano de Gobierno, que dicho sea de paso, esta consagrado en
nuestra Constitución cono un precepto constitucional de rango mayor al ser un
artículo no reformable.
Por la razón anterior, que para mí es suficiente, espero
no se le renueve su mandato.
