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Indignante falta de Seguridad y Justicia

Redacción República
25 de septiembre, 2014

Acabo de



regresar de un viaje fuera del país y cuando decía que venía de Guatemala me



preguntaban, con tono de preocupación, por la inseguridad. Les decía que se están haciendo grandes



esfuerzos por reducir la delincuencia y homicidios, que hay una tendencia a



mejorar.





De hecho la tasa de homicidios



por cada cien mil habitantes tocó un pico de 46.4 en el 2009 y había bajado a



34 en el 2013. Sin embargo, ésta sigue



siendo muy alta en comparación con Europa que no sobrepasa una tasa de 1



homicidio por cada cien mil habitantes.





A pesar de mi esfuerzo por



explicar que las cosas parecen mejorar, me quedé sin argumentos ante los hechos



reales de linchamientos en el interior del país. Y justo, la semana pasada, ocurre una



terrible masacre en San Juan Sacatepéquez, al estilo de los terroristas más



sanguinarios del mundo entero, en la que ocho miembros de la familia Pajoc Matz



fueron humillados, torturados, quemados, macheteados, baleados hasta que



murieron. No importó si eran ancianos o



jóvenes. Además, humillaron públicamente



a varias mujeres a las que les cortaron el cabello y las desnudaron frente al



grupo de personas que participó con total complicidad e impunidad en tal



vergonzoso acto terrorista.

SUSCRÍBASE A NUESTRO NEWSLETTER




No se



justifica la causa de esta masacre ni la de los linchamientos. Inocentes han muerto sin ser sometidos a la



justicia, sin haber tenido una defensa, sin haber tenido la oportunidad de



proteger sus vidas y el Gobierno de Guatemala ha sido culpable por estar



ausente, por dejar que las cosas llegaran a este extremo. Este



fatídico resultado había sido advertido en varias ocasiones en un gran número



de denuncia y se pudo evitar.





El



gobierno es complice porque en vez de utilizar los escasos recursos que recibe



de los tributarios en seguridad y justicia los ha dedicado a malgastar en



programas que no tienen que ver con su función primordial que es la de



garantizar la vida, la libertad y la propiedad.



Han desviado los recursos de



seguridad y justicia hacia otras funciones menos prioritarias. El resultado es un país donde los ciudadanos



se toman por si mismos la seguridad y justicia cometiendo en el camino una gran



cantidad de arbitrariedades e injusticias.





No es



posible que una persona sea torturara, quemada y asesinada simplemente por



vender sus pertenencias. Y es que los asesinos



estaban en desacuerdo con hubieran vendido su propiedad para que ahí se



construyera una importante carretera. Y



no importa si ellos querían ejercer su derecho de vender la propiedad a quienes



le dieran la gana, al fin y al cabo ellos eran los únicos que tenían ese



derecho sobre sus pertenencias y qué hacer con ellas y a quién



vendérselas. Esto, aunque suene



primitivo y nada civilizado, es lo que pasó en San Juán Sacatepéquez. ¿Y la policía?, ¿Y los jueces?





No es posible que por cada



vehículo de la policía apenas se le den 3 galones de combustibles al día. No es posible que los mismos policías tengan



que contribuir con sus balas y equipo de seguridad y protección. No es posible que se graduaran policías y no



se les incorpore porque no hay recursos para ello. No es posible que existan más de 20 órdenes



de captura desde hace meses y no se les dé seguimiento. No es posible que los líderes que en varias



ocasiones actuaron ilegalmente cometiendo actos de terrorismo estuvieran libres



e impunes.





No es posible que la justicia



tarde tanto si es que llega, cuando llega.



No es posible que sigamos protegiendo los “supuestos derechos humanos” de



los delincuentes y no el de los ciudadanos trabajadores, honrados y



responsables. Y no es posible que muchas



organizaciones que actúan de esta forma estén financiadas por dineros estatales



de países extranjeros que se consideran nuestros amigos.

[email protected]





Indignante falta de Seguridad y Justicia

Redacción República
25 de septiembre, 2014

Acabo de



regresar de un viaje fuera del país y cuando decía que venía de Guatemala me



preguntaban, con tono de preocupación, por la inseguridad. Les decía que se están haciendo grandes



esfuerzos por reducir la delincuencia y homicidios, que hay una tendencia a



mejorar.





De hecho la tasa de homicidios



por cada cien mil habitantes tocó un pico de 46.4 en el 2009 y había bajado a



34 en el 2013. Sin embargo, ésta sigue



siendo muy alta en comparación con Europa que no sobrepasa una tasa de 1



homicidio por cada cien mil habitantes.





A pesar de mi esfuerzo por



explicar que las cosas parecen mejorar, me quedé sin argumentos ante los hechos



reales de linchamientos en el interior del país. Y justo, la semana pasada, ocurre una



terrible masacre en San Juan Sacatepéquez, al estilo de los terroristas más



sanguinarios del mundo entero, en la que ocho miembros de la familia Pajoc Matz



fueron humillados, torturados, quemados, macheteados, baleados hasta que



murieron. No importó si eran ancianos o



jóvenes. Además, humillaron públicamente



a varias mujeres a las que les cortaron el cabello y las desnudaron frente al



grupo de personas que participó con total complicidad e impunidad en tal



vergonzoso acto terrorista.

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No se



justifica la causa de esta masacre ni la de los linchamientos. Inocentes han muerto sin ser sometidos a la



justicia, sin haber tenido una defensa, sin haber tenido la oportunidad de



proteger sus vidas y el Gobierno de Guatemala ha sido culpable por estar



ausente, por dejar que las cosas llegaran a este extremo. Este



fatídico resultado había sido advertido en varias ocasiones en un gran número



de denuncia y se pudo evitar.





El



gobierno es complice porque en vez de utilizar los escasos recursos que recibe



de los tributarios en seguridad y justicia los ha dedicado a malgastar en



programas que no tienen que ver con su función primordial que es la de



garantizar la vida, la libertad y la propiedad.



Han desviado los recursos de



seguridad y justicia hacia otras funciones menos prioritarias. El resultado es un país donde los ciudadanos



se toman por si mismos la seguridad y justicia cometiendo en el camino una gran



cantidad de arbitrariedades e injusticias.





No es



posible que una persona sea torturara, quemada y asesinada simplemente por



vender sus pertenencias. Y es que los asesinos



estaban en desacuerdo con hubieran vendido su propiedad para que ahí se



construyera una importante carretera. Y



no importa si ellos querían ejercer su derecho de vender la propiedad a quienes



le dieran la gana, al fin y al cabo ellos eran los únicos que tenían ese



derecho sobre sus pertenencias y qué hacer con ellas y a quién



vendérselas. Esto, aunque suene



primitivo y nada civilizado, es lo que pasó en San Juán Sacatepéquez. ¿Y la policía?, ¿Y los jueces?





No es posible que por cada



vehículo de la policía apenas se le den 3 galones de combustibles al día. No es posible que los mismos policías tengan



que contribuir con sus balas y equipo de seguridad y protección. No es posible que se graduaran policías y no



se les incorpore porque no hay recursos para ello. No es posible que existan más de 20 órdenes



de captura desde hace meses y no se les dé seguimiento. No es posible que los líderes que en varias



ocasiones actuaron ilegalmente cometiendo actos de terrorismo estuvieran libres



e impunes.





No es posible que la justicia



tarde tanto si es que llega, cuando llega.



No es posible que sigamos protegiendo los “supuestos derechos humanos” de



los delincuentes y no el de los ciudadanos trabajadores, honrados y



responsables. Y no es posible que muchas



organizaciones que actúan de esta forma estén financiadas por dineros estatales



de países extranjeros que se consideran nuestros amigos.

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