EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Nuevamente
la salvajada de los grupos terroristas, que se escudan bajo el falso título de
los “defensores de los derechos humanos” – concretamente el Comité del Unidad
Campesina (CUC) encabezado por exguerrillero y beneficiario de las donaciones
internacionales Daniel Pascual – estremeció Guatemala.
El
conflicto de Pascual y de la banda que encabeza – CUC – con las empresas
privadas es de larga duración. El exguerrillero, quien nunca ha pedido perdón a
la población por sus crímenes del Conflicto Armado, con un odio inexplicable se
ensaña contra los empresarios de varias regiones del país, aduciendo “la
defensa de los campesinos”. Con todos los ataques y las agresiones de los
terroristas (que se hacen llamar con el eufemismo “patrulleros”) no solo contra
las empresas sino contra la gente humilde a quienes no les dejan salir
adelante, Pascual tiene la desvergüenza de acusar al Estado y a los propios
empresarios de empobrecer el país. ¿Su razonamiento? Ninguno. ¿Coherencia?
Menos.
Las
empresas contra las que se ensaña Pascual y sus secuaces, operan en el país
generando empleo, construyendo escuelas y centros comunitarios en varias
poblaciones del país, capacitando a sus trabajadores y a los vecinos de los
lugares donde construye sus plantas. Sin embargo, existen los salvajes a
quienes la prosperidad ajena les provoca rabia y odio.
Solamente
en San Juan Sacatepéquez, donde se construye una de las plantas de Cementos
Progreso, los patrulleros – terroristas – del CUC, en su intento de amedrentar
a la población, han perpetrado más de 50 ataques físicos, violaciones y
asesinatos contra los trabajadores locales. El 1 de enero y el 13 de diciembre
del 2008, el 9 de octubre del 2009, el 27 de agosto del 2010, el 11 de febrero
del 2012, el 28 y el 22 de enero de 2014. Son algunas fechas, registradas tanto
en el Ministerio Público como en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en
las que los terroristas acosaron, hostigaron y cometieron vejámenes contra los
lugareños que habían comenzado a salir adelante gracias a su trabajo en la
cementera.
Uno
de los hechos más aberrantes sucedió en junio pasado en la Feria de Empleo que
realizó la cementera en esta comunidad de San Juan Sacatepéquez y en la que
pretendía contratar trabajadores para los 800 puestos de trabajo creados. La
feria fue irrumpida por la misma horda de los terroristas que golpeó de manera
más salvaje a los asistentes con un saldo de un muerto y decenas de heridos y
lesionados. La policía, amenazada por los patrulleros, no se atrevió a entrar
en el lugar.
Recordemos
el asesinato de Francisco Tepeu Pirir en 2008 de manos de los patrulleros y el
crimen quedó archivado por un Ministerio Público asediado por los exguerrilleros
resentidos y dirigido por una de ellos, Claudia Paz y Paz… Las últimas persecuciones
a las personas que vendieron voluntariamente sus terrenos para la construcción
de una carretera (que, además, beneficiaría a todas las comunidades
colindantes) y asesinatos de Marcelo Pajoc Matz, de su padre y demás familiares
con una crueldad dantesca por la turba de criminales, todo ello corre el mismo
peligro de ser engavetado si las autoridades policiales no cumplen con las
órdenes de detención de todos los implicados identificados, entre ellos Daniel
Pascual. Es más que evidente que el país estará destinado al fracaso si estos
extorsionistas y asesinos no son castigados y separados de la sociedad.
Haciendo
un paréntesis, es necesario aclarar y subrayar el papel de la planta cementera
en esta región guatemalteca. Haciendo una búsqueda en internet, llamando a la
Municipalidad de San Juan Sacatepéquez y a la propia cementera, se han conseguido
los datos muy importantes. Según todas las fuentes, directamente en la
construcción actualmente trabajan 900 personas. ¿Se imagina usted la cantidad
de puestos de trabajo indirectos? De las 900 hectáreas que ocupa la planta,
solamente 66 hectáreas son las instalaciones, mientras que el resto es un un
bosque en cuya reforestación y mantenimiento trabajan 100 mujeres. Según el
Ministerio de Educación, la empresa cementera ha capacitado en los últimos 5
años a mil 800 maestros de escuela públicas en esta región. Y una larga lista
de las mejoras en la comunidad. Cualquiera puede conseguir estos datos y sacar
sus propias conclusiones, si tiene ganas y voluntad. Es solo un ejemplo de solo
una comunidad y una empresa guatemalteca agobiadas por los terroristas. Y en
realidad son muchas.
Entonces,
si es innegable que el progreso y el desarrollo empresarial traen el beneficio
en forma del progreso y desarrollo comunitario y, por extensión, individual
para la población, ¿qué es lo que pretenden exactamente Pascual y los demás
implicados en estos casos de salvajismo? ¿Qué obtienen con las extorsiones de
los empresarios, con amenazas a los propios campesinos – en su mayoría
indígenas? ¿Cuál es su verdadero objetivo?
Continuará
[email protected]
Nuevamente
la salvajada de los grupos terroristas, que se escudan bajo el falso título de
los “defensores de los derechos humanos” – concretamente el Comité del Unidad
Campesina (CUC) encabezado por exguerrillero y beneficiario de las donaciones
internacionales Daniel Pascual – estremeció Guatemala.
El
conflicto de Pascual y de la banda que encabeza – CUC – con las empresas
privadas es de larga duración. El exguerrillero, quien nunca ha pedido perdón a
la población por sus crímenes del Conflicto Armado, con un odio inexplicable se
ensaña contra los empresarios de varias regiones del país, aduciendo “la
defensa de los campesinos”. Con todos los ataques y las agresiones de los
terroristas (que se hacen llamar con el eufemismo “patrulleros”) no solo contra
las empresas sino contra la gente humilde a quienes no les dejan salir
adelante, Pascual tiene la desvergüenza de acusar al Estado y a los propios
empresarios de empobrecer el país. ¿Su razonamiento? Ninguno. ¿Coherencia?
Menos.
Las
empresas contra las que se ensaña Pascual y sus secuaces, operan en el país
generando empleo, construyendo escuelas y centros comunitarios en varias
poblaciones del país, capacitando a sus trabajadores y a los vecinos de los
lugares donde construye sus plantas. Sin embargo, existen los salvajes a
quienes la prosperidad ajena les provoca rabia y odio.
Solamente
en San Juan Sacatepéquez, donde se construye una de las plantas de Cementos
Progreso, los patrulleros – terroristas – del CUC, en su intento de amedrentar
a la población, han perpetrado más de 50 ataques físicos, violaciones y
asesinatos contra los trabajadores locales. El 1 de enero y el 13 de diciembre
del 2008, el 9 de octubre del 2009, el 27 de agosto del 2010, el 11 de febrero
del 2012, el 28 y el 22 de enero de 2014. Son algunas fechas, registradas tanto
en el Ministerio Público como en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en
las que los terroristas acosaron, hostigaron y cometieron vejámenes contra los
lugareños que habían comenzado a salir adelante gracias a su trabajo en la
cementera.
Uno
de los hechos más aberrantes sucedió en junio pasado en la Feria de Empleo que
realizó la cementera en esta comunidad de San Juan Sacatepéquez y en la que
pretendía contratar trabajadores para los 800 puestos de trabajo creados. La
feria fue irrumpida por la misma horda de los terroristas que golpeó de manera
más salvaje a los asistentes con un saldo de un muerto y decenas de heridos y
lesionados. La policía, amenazada por los patrulleros, no se atrevió a entrar
en el lugar.
Recordemos
el asesinato de Francisco Tepeu Pirir en 2008 de manos de los patrulleros y el
crimen quedó archivado por un Ministerio Público asediado por los exguerrilleros
resentidos y dirigido por una de ellos, Claudia Paz y Paz… Las últimas persecuciones
a las personas que vendieron voluntariamente sus terrenos para la construcción
de una carretera (que, además, beneficiaría a todas las comunidades
colindantes) y asesinatos de Marcelo Pajoc Matz, de su padre y demás familiares
con una crueldad dantesca por la turba de criminales, todo ello corre el mismo
peligro de ser engavetado si las autoridades policiales no cumplen con las
órdenes de detención de todos los implicados identificados, entre ellos Daniel
Pascual. Es más que evidente que el país estará destinado al fracaso si estos
extorsionistas y asesinos no son castigados y separados de la sociedad.
Haciendo
un paréntesis, es necesario aclarar y subrayar el papel de la planta cementera
en esta región guatemalteca. Haciendo una búsqueda en internet, llamando a la
Municipalidad de San Juan Sacatepéquez y a la propia cementera, se han conseguido
los datos muy importantes. Según todas las fuentes, directamente en la
construcción actualmente trabajan 900 personas. ¿Se imagina usted la cantidad
de puestos de trabajo indirectos? De las 900 hectáreas que ocupa la planta,
solamente 66 hectáreas son las instalaciones, mientras que el resto es un un
bosque en cuya reforestación y mantenimiento trabajan 100 mujeres. Según el
Ministerio de Educación, la empresa cementera ha capacitado en los últimos 5
años a mil 800 maestros de escuela públicas en esta región. Y una larga lista
de las mejoras en la comunidad. Cualquiera puede conseguir estos datos y sacar
sus propias conclusiones, si tiene ganas y voluntad. Es solo un ejemplo de solo
una comunidad y una empresa guatemalteca agobiadas por los terroristas. Y en
realidad son muchas.
Entonces,
si es innegable que el progreso y el desarrollo empresarial traen el beneficio
en forma del progreso y desarrollo comunitario y, por extensión, individual
para la población, ¿qué es lo que pretenden exactamente Pascual y los demás
implicados en estos casos de salvajismo? ¿Qué obtienen con las extorsiones de
los empresarios, con amenazas a los propios campesinos – en su mayoría
indígenas? ¿Cuál es su verdadero objetivo?
Continuará
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