EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El año
pasado, en una encuesta realizada por Prensa Libre se destacó que únicamente el
1% de la población considera que la corrupción es de los principales problemas
del país.
Si
consideramos que el 49.7% de la población infantil sufre de desnutrición crónica;
que más de 7 millones de guatemaltecos son catalogados como pobres; y que
nuestro índice de violencia – 34 homicidios por cada 100 mil habitantes- es uno
de los más altos de la región, suena lógico que solo un reducido número de
personas considere la corrupción como un problema grave.
Pero,
¿Cuáles son las consecuencias de que sigamos considerando la corrupción como un
problema no tan grave?
Qué
les parece si tomamos de ejemplo la Ley de Obtención de Vegetales. Además de
adaptarse perfectamente a lo que me gustaría evidenciar, creo que ya todos
conocemos bastante sobre el tema que ha capturado la atención de los medios de
comunicación está última semana.
El
decreto 19-2014, o mejor conocida como la Ley Monsanto, ha estado en boca de
todos, principalmente por los efectos negativos que podría provocar para los
pequeños y medianos agricultores. Pero díganme ustedes, ¿cuáles de esos
programas radiales, televisivos o escritos se ha tomado la molestia de evaluar
profundamente el artículo 46 de la Ley que no tiene absolutamente nada que ver
con las semillas o los vegetales? Exacto, ninguno.
Para
los que no conocen del artículo 46, este amplía el presupuesto de ingresos por
una cantidad de quinientos cincuenta millones de quetzales que serán otorgados
al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la reparación
y construcción de cuatro carriles de la ruta CA-2 Oriente.
Nuestra
indiferencia o desestimación de los actos de corrupción ha llegado a tal grado,
que el hecho que nuestros “admirables” representantes hayan colocado un
artículo que no guarda ninguna relación con la intención de la ley, pase de
manera desapercibida o no se le de la importancia que merece. Y déjenme
decirles que dicho artículo y nuestra indolencia hacia ello, son igual de
catastróficos que los efectos que podría provocar la Ley Monsanto.
Con la
aprobación de este decreto, estamos dejando la puerta abierta a los diputados para
que continúen abusando y corrompiendo leyes que podrían ser positivas para el
país, pero que dentro de ellas, se “cuelen” artículos que claramente favorecen
a personas, empresas o instituciones.
Además
de seguir alcahueteando el trabajo mediocre que realizan los legisladores
dentro del Congreso, y acá me refiero a todos los diputados sin excepción.
¿Cómo
es posible que dos meses después, vengan a darse cuenta que lo que aprobaron no
se adapta a las complejidades de nuestro país?
Esto
quiere decir que ninguno de ellos realmente leen lo que están aprobando o
simplemente no se presentan a trabajar (59 ausentes) y que además, ninguno de sus asesores y
asistentes tampoco lo hacen. Así que los Q30,000 que pagamos con nuestros
impuestos a cada uno de ellos, y los otros Q30,000 que pagamos a asesores,
asistentes y secretarios está siendo desperdiciados por que el mundial de
fútbol resulta más importante que nuestras necesidades.
En
resumen, creo que es tiempo que nos demos cuenta que la corrupción es el virus
transversal que acrecienta nuestros principales problemas de pobreza,
desnutrición e inseguridad del país, ya sea pagando favores al colocar personas
incompetentes en puestos claves; sobrevalorando servicios y productos y dejando
así pocos fondos para inversión en políticas públicas; o funcionarios
enriqueciéndose sin ninguna vergüenza o consecuencia.
Por
último, quiero finalizar proponiendo no solo deberíamos reformar la Ley de
Obtención de Vegetales, pero también deberíamos sancionar a los diputados que
promovieron la inclusión del artículo 46 dentro de la ley.*
*Desafortunadamente,
no pude encontrar los nombres de quienes promovieron dicha reforma, ya que
“casualmente” la página del Congreso no ha subido la iniciativa 4850 en la
cual, según el Diario de Sesiones de la fecha 3 de junio del 2014, están los
nombres y firmas de quienes solicitaron agregar dicha modificación.
El año
pasado, en una encuesta realizada por Prensa Libre se destacó que únicamente el
1% de la población considera que la corrupción es de los principales problemas
del país.
Si
consideramos que el 49.7% de la población infantil sufre de desnutrición crónica;
que más de 7 millones de guatemaltecos son catalogados como pobres; y que
nuestro índice de violencia – 34 homicidios por cada 100 mil habitantes- es uno
de los más altos de la región, suena lógico que solo un reducido número de
personas considere la corrupción como un problema grave.
Pero,
¿Cuáles son las consecuencias de que sigamos considerando la corrupción como un
problema no tan grave?
Qué
les parece si tomamos de ejemplo la Ley de Obtención de Vegetales. Además de
adaptarse perfectamente a lo que me gustaría evidenciar, creo que ya todos
conocemos bastante sobre el tema que ha capturado la atención de los medios de
comunicación está última semana.
El
decreto 19-2014, o mejor conocida como la Ley Monsanto, ha estado en boca de
todos, principalmente por los efectos negativos que podría provocar para los
pequeños y medianos agricultores. Pero díganme ustedes, ¿cuáles de esos
programas radiales, televisivos o escritos se ha tomado la molestia de evaluar
profundamente el artículo 46 de la Ley que no tiene absolutamente nada que ver
con las semillas o los vegetales? Exacto, ninguno.
Para
los que no conocen del artículo 46, este amplía el presupuesto de ingresos por
una cantidad de quinientos cincuenta millones de quetzales que serán otorgados
al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para la reparación
y construcción de cuatro carriles de la ruta CA-2 Oriente.
Nuestra
indiferencia o desestimación de los actos de corrupción ha llegado a tal grado,
que el hecho que nuestros “admirables” representantes hayan colocado un
artículo que no guarda ninguna relación con la intención de la ley, pase de
manera desapercibida o no se le de la importancia que merece. Y déjenme
decirles que dicho artículo y nuestra indolencia hacia ello, son igual de
catastróficos que los efectos que podría provocar la Ley Monsanto.
Con la
aprobación de este decreto, estamos dejando la puerta abierta a los diputados para
que continúen abusando y corrompiendo leyes que podrían ser positivas para el
país, pero que dentro de ellas, se “cuelen” artículos que claramente favorecen
a personas, empresas o instituciones.
Además
de seguir alcahueteando el trabajo mediocre que realizan los legisladores
dentro del Congreso, y acá me refiero a todos los diputados sin excepción.
¿Cómo
es posible que dos meses después, vengan a darse cuenta que lo que aprobaron no
se adapta a las complejidades de nuestro país?
Esto
quiere decir que ninguno de ellos realmente leen lo que están aprobando o
simplemente no se presentan a trabajar (59 ausentes) y que además, ninguno de sus asesores y
asistentes tampoco lo hacen. Así que los Q30,000 que pagamos con nuestros
impuestos a cada uno de ellos, y los otros Q30,000 que pagamos a asesores,
asistentes y secretarios está siendo desperdiciados por que el mundial de
fútbol resulta más importante que nuestras necesidades.
En
resumen, creo que es tiempo que nos demos cuenta que la corrupción es el virus
transversal que acrecienta nuestros principales problemas de pobreza,
desnutrición e inseguridad del país, ya sea pagando favores al colocar personas
incompetentes en puestos claves; sobrevalorando servicios y productos y dejando
así pocos fondos para inversión en políticas públicas; o funcionarios
enriqueciéndose sin ninguna vergüenza o consecuencia.
Por
último, quiero finalizar proponiendo no solo deberíamos reformar la Ley de
Obtención de Vegetales, pero también deberíamos sancionar a los diputados que
promovieron la inclusión del artículo 46 dentro de la ley.*
*Desafortunadamente,
no pude encontrar los nombres de quienes promovieron dicha reforma, ya que
“casualmente” la página del Congreso no ha subido la iniciativa 4850 en la
cual, según el Diario de Sesiones de la fecha 3 de junio del 2014, están los
nombres y firmas de quienes solicitaron agregar dicha modificación.
