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El carácter clientelar de las transferencias condicionadas

Redacción República
06 de noviembre, 2014

Las recientes elecciones



presidenciales de Brasil, en la cual Dilma Rousseff acabó siendo electa para un



nuevo periodo presidencia, ha dejado un dato importante. Al hacer un análisis demográfico del voto, se



evidenció que Roussef superó a su oponente Aécio Neves en aquellas regiones que



son altamente dependientes de las transferencias condicionadas o Bolsa Familia, como es llamada.

Así, zonas con mayores índices de



pobreza y que son las principales beneficiarias y dependientes de las transferencias



condicionadas, tales como Amazonas, Bahía o Maranhão, fueron zonas en las que



Rousseff obtuvo mayorías amplias. Por



otro lado, en las zonas más prósperas y de mayor actividad económicas, como São



Paulo, Neves aventajó por amplio margen a Rousseff.

Estas políticas, llamadas



políticas sociales, son vehementemente defendidas por unos por considerar que



son esenciales para que mucha gente salga de la pobreza y para reducir las



desigualdades. Citan como ejemplo



justamente a Brasil por los indicadores de pobreza que ha mostrado desde que se



establecieron dichas políticas.

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Por otra parte estas políticas son



criticadas por algunos que afirman que fomentan la dependencia del Estado. Otros las critican bajo el supuesto de que



generan incentivos perversos para que gente que no “necesita” la ayuda acabe



obteniéndola encontrando formas que los hagan calificar para la obtención de



dichos beneficios.

Dejando a un lado los argumentos



más populares habría que tomar en cuenta lo que pueden decir al respecto las



disciplinas científicas. La tarea de los



economistas y estudiosos de las ciencias sociales consiste en analizar las



consecuencias no intencionadas de los actos humanos. En el caso en cuestión no tenemos que tomar en



cuenta simplemente el fin que queramos conseguir. Hay que analizar si los



medios que empleamos son los apropiados para el fin que perseguimos.

Recordemos que los economistas



nos enseñan que los votantes tienden a decidir de forma menos cuidadosa por una



sencilla razón: es estadísticamente imposible que su voto haga la



diferencia. En ese sentido los votantes



manifiestan mucho interés en las discusiones coyunturales en su comunidad pero



no invierten una cantidad óptima de tiempo y recursos para determinar si las



políticas son viables o no.

Así, ningún votante se toma la



molestia de tomar un curso de finanzas públicas para analizar si el presupuesto



estatal es sostenible o no. Del mismo



modo no tomará lecciones de macroeconomía para comprender los planes de



crecimiento económico de su candidato son acertados o no. ¿Por qué? Porque el votante no ve un



beneficio directo lo suficientemente fuerte para incurrir en un costo de



información tan alto.

¿Cómo deciden los votantes? Pues



más bien guiados por sesgos, preconcepciones e impresiones. No porque sean maleducados o poco formados



sino porque el costo de ser “experto” en asuntos públicos no representa ningún



beneficio. Al fin y al cabo todos los



votos valen lo mismo. Los del informado y los del desinformado.

En ese contexto los programas



políticos que crean lazos de dependencia entre beneficiarios y funcionarios tienden



a acrecentar la miopía de la que tanto padecen los políticos. A su vez, incrementan la “irracionalidad” de



los votantes puesto que en ese clima de escasa información en el cual deciden,



ahora sí que tienen un interés directo en juego a la hora de decidir por quién



votar.

El carácter clientelar de las transferencias condicionadas

Redacción República
06 de noviembre, 2014

Las recientes elecciones



presidenciales de Brasil, en la cual Dilma Rousseff acabó siendo electa para un



nuevo periodo presidencia, ha dejado un dato importante. Al hacer un análisis demográfico del voto, se



evidenció que Roussef superó a su oponente Aécio Neves en aquellas regiones que



son altamente dependientes de las transferencias condicionadas o Bolsa Familia, como es llamada.

Así, zonas con mayores índices de



pobreza y que son las principales beneficiarias y dependientes de las transferencias



condicionadas, tales como Amazonas, Bahía o Maranhão, fueron zonas en las que



Rousseff obtuvo mayorías amplias. Por



otro lado, en las zonas más prósperas y de mayor actividad económicas, como São



Paulo, Neves aventajó por amplio margen a Rousseff.

Estas políticas, llamadas



políticas sociales, son vehementemente defendidas por unos por considerar que



son esenciales para que mucha gente salga de la pobreza y para reducir las



desigualdades. Citan como ejemplo



justamente a Brasil por los indicadores de pobreza que ha mostrado desde que se



establecieron dichas políticas.

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Por otra parte estas políticas son



criticadas por algunos que afirman que fomentan la dependencia del Estado. Otros las critican bajo el supuesto de que



generan incentivos perversos para que gente que no “necesita” la ayuda acabe



obteniéndola encontrando formas que los hagan calificar para la obtención de



dichos beneficios.

Dejando a un lado los argumentos



más populares habría que tomar en cuenta lo que pueden decir al respecto las



disciplinas científicas. La tarea de los



economistas y estudiosos de las ciencias sociales consiste en analizar las



consecuencias no intencionadas de los actos humanos. En el caso en cuestión no tenemos que tomar en



cuenta simplemente el fin que queramos conseguir. Hay que analizar si los



medios que empleamos son los apropiados para el fin que perseguimos.

Recordemos que los economistas



nos enseñan que los votantes tienden a decidir de forma menos cuidadosa por una



sencilla razón: es estadísticamente imposible que su voto haga la



diferencia. En ese sentido los votantes



manifiestan mucho interés en las discusiones coyunturales en su comunidad pero



no invierten una cantidad óptima de tiempo y recursos para determinar si las



políticas son viables o no.

Así, ningún votante se toma la



molestia de tomar un curso de finanzas públicas para analizar si el presupuesto



estatal es sostenible o no. Del mismo



modo no tomará lecciones de macroeconomía para comprender los planes de



crecimiento económico de su candidato son acertados o no. ¿Por qué? Porque el votante no ve un



beneficio directo lo suficientemente fuerte para incurrir en un costo de



información tan alto.

¿Cómo deciden los votantes? Pues



más bien guiados por sesgos, preconcepciones e impresiones. No porque sean maleducados o poco formados



sino porque el costo de ser “experto” en asuntos públicos no representa ningún



beneficio. Al fin y al cabo todos los



votos valen lo mismo. Los del informado y los del desinformado.

En ese contexto los programas



políticos que crean lazos de dependencia entre beneficiarios y funcionarios tienden



a acrecentar la miopía de la que tanto padecen los políticos. A su vez, incrementan la “irracionalidad” de



los votantes puesto que en ese clima de escasa información en el cual deciden,



ahora sí que tienen un interés directo en juego a la hora de decidir por quién



votar.

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