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El dique roto

Redacción República
15 de octubre, 2014

Si algo pavimenta el camino a



la destrucción de las sociedades es el posicionamiento de los grupos de extremistas



que han conducido a la violencia criminal que ha golpeado a los pueblos a lo



largo de la historia. Pero además, esa



división de los ciudadanos fortalece los abusos del poder que irrespeta la ley.

En ese sentido, se ha



generalizado de manera peyorativa el concepto de “sociedad civil” etiquetando a



toda organización no gubernamental con una etiqueta ideológica y radical que no



es correcta. La realidad es que hay



múltiples asociaciones en el país con distintas corrientes de pensamiento y



variados objetivos en sus actividades.

Es importante tener en mente



que en el contexto de la ciencia política



se entiende como sociedad civil “a todos aquellos individuos con el título de



ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, con el



objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de



cualquier tipo de estructura gubernamental.*

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El destape del momento en



nuestro país nuevamente ha motivado una polarización incomprensible para el



objetivo que se persigue: El estricto cumplimiento de los principios del Estado



contenidos en la Constitución Política de la República, dirigidos a la



protección de la persona en un régimen democrático y republicano. El incumplimiento continuado a sus normas ha



producido el hartazgo que alcanzó a muchos ciudadanos en momentos en que el



descaro ha llegado al límite.

Ciertamente lo que colmó la



paciencia, fue la abierta distribución de magistraturas entre los Partidos



Patriota y Líder, para favorecer una mayoría que les garantizara los fallos y



sentencias, que a futuro se apegaran a los intereses de sus



“patrocinadores” eludiendo con ello el peso de la ley.

Resulta que ante la evidente



“sobada de cara” que ha sufrido la población en general, colmada en su vocación



comprensiva y flexible, hoy ha dicho un “hasta aquí”, que quizás llega con



retraso, pero peor es que nunca se manifieste.

El objeto de estos



manipuladores es asegurar que en el ejercicio de la judicatura los magistrados



electos actuarán incondicionalmente en favor de quienes los apadrinaron. Se



trata de maniobras tan elásticas que aniquilan el hilo conductor establecido en



el contexto de la ley en su conjunto y particularmente en la Constitución



Política de la República lo que no es honesto ni cumple con las expectativas



ciudadanas.

Con ello se dio un manotazo a



la separación entre los poderes del Estado y a la independencia judicial ya que



ambos actores (diputados del partido Patriota y Líder) se impusieron en el voto



del Congreso. De allí que el rechazo a



semejante vulneración sea más que legítimo; es impostergable.

Pero a la vez, no tienen igual



validez los reclamos contra el proceso reciente, si la batalla no está basada



estrictamente en los principios contenidos en la Constitución y en las



Convenciones y Tratados internacionales suscritos y ratificadas por Guatemala,



como es la independencia judicial.

Lo que sorprende es que se haya



desatado una ola de agresión contra los denunciantes que como lo hizo la



Magistrada Escobar, se han atrevido a señalar puntualmente las ilegalidades de



funcionarios como es el caso del diputado Rivera. Se les cuestiona, les agrede y se les acusa por



no haber actuado de manera inmediata; pero cabe preguntar cuánto antes? Quién toma una decisión tan delicada sin



ponderar sus consecuencias? Y qué es actuar?



Quién de ellos ha procedido a velocidad de rayo a exponer públicamente



los intentos de soborno o las amenazas?

Son muchos y variados los



intentos que se han hecho en busca de corregir las acciones perversas que



progresivamente contaminaban las instituciones y son muchas las propuestas de



reformas a la ley que precisamente buscaban evitar el precipicio que se veía



venir pero que fueron engavetadas por un Congreso que no responde a su función



principal: legislar de manera responsable teniendo como objetivo el beneficio



de toda la población. Pero son excepcionales las denuncias



concretas, aun cuando se cuenta con pruebas contundentes.

Es mucho lo que se ha señalado



en medios de comunicación, inclusive información de hechos concretos, pero



también se han escuchado declaraciones de funcionarios públicos que reflejan



ilegalidades. En esos casos el



Ministerio Público ha hecho caso omiso desde años atrás, eludiendo su



obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y por



ende investigar de oficio las denuncias documentadas públicamente. Eso sí, un ente que ciertamente con el apoyo



de la fiscalía de la CICIG se activa en perseguir los casos de “alto impacto”, pero



que mantiene la inoperancia en otros ejes, mientras sigue creciendo la



impunidad que deja al ciudadano común a merced de los criminales.

Finalmente, sustentar



posiciones en un juego de interpretaciones sacadas de contexto para



descalificar al “enemigo”. Cuando la resistencia a los abusos del poder se



centra en el respeto a la ley no caben las divergencias por razones ideológicas



ni preferencias personales.

*”http://www.definicionabc.com/social/sociedad-civil.php#ixzz3Ftd6ctcJ

El dique roto

Redacción República
15 de octubre, 2014

Si algo pavimenta el camino a



la destrucción de las sociedades es el posicionamiento de los grupos de extremistas



que han conducido a la violencia criminal que ha golpeado a los pueblos a lo



largo de la historia. Pero además, esa



división de los ciudadanos fortalece los abusos del poder que irrespeta la ley.

En ese sentido, se ha



generalizado de manera peyorativa el concepto de “sociedad civil” etiquetando a



toda organización no gubernamental con una etiqueta ideológica y radical que no



es correcta. La realidad es que hay



múltiples asociaciones en el país con distintas corrientes de pensamiento y



variados objetivos en sus actividades.

Es importante tener en mente



que en el contexto de la ciencia política



se entiende como sociedad civil “a todos aquellos individuos con el título de



ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, con el



objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de



cualquier tipo de estructura gubernamental.*

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nuestro país nuevamente ha motivado una polarización incomprensible para el



objetivo que se persigue: El estricto cumplimiento de los principios del Estado



contenidos en la Constitución Política de la República, dirigidos a la



protección de la persona en un régimen democrático y republicano. El incumplimiento continuado a sus normas ha



producido el hartazgo que alcanzó a muchos ciudadanos en momentos en que el



descaro ha llegado al límite.

Ciertamente lo que colmó la



paciencia, fue la abierta distribución de magistraturas entre los Partidos



Patriota y Líder, para favorecer una mayoría que les garantizara los fallos y



sentencias, que a futuro se apegaran a los intereses de sus



“patrocinadores” eludiendo con ello el peso de la ley.

Resulta que ante la evidente



“sobada de cara” que ha sufrido la población en general, colmada en su vocación



comprensiva y flexible, hoy ha dicho un “hasta aquí”, que quizás llega con



retraso, pero peor es que nunca se manifieste.

El objeto de estos



manipuladores es asegurar que en el ejercicio de la judicatura los magistrados



electos actuarán incondicionalmente en favor de quienes los apadrinaron. Se



trata de maniobras tan elásticas que aniquilan el hilo conductor establecido en



el contexto de la ley en su conjunto y particularmente en la Constitución



Política de la República lo que no es honesto ni cumple con las expectativas



ciudadanas.

Con ello se dio un manotazo a



la separación entre los poderes del Estado y a la independencia judicial ya que



ambos actores (diputados del partido Patriota y Líder) se impusieron en el voto



del Congreso. De allí que el rechazo a



semejante vulneración sea más que legítimo; es impostergable.

Pero a la vez, no tienen igual



validez los reclamos contra el proceso reciente, si la batalla no está basada



estrictamente en los principios contenidos en la Constitución y en las



Convenciones y Tratados internacionales suscritos y ratificadas por Guatemala,



como es la independencia judicial.

Lo que sorprende es que se haya



desatado una ola de agresión contra los denunciantes que como lo hizo la



Magistrada Escobar, se han atrevido a señalar puntualmente las ilegalidades de



funcionarios como es el caso del diputado Rivera. Se les cuestiona, les agrede y se les acusa por



no haber actuado de manera inmediata; pero cabe preguntar cuánto antes? Quién toma una decisión tan delicada sin



ponderar sus consecuencias? Y qué es actuar?



Quién de ellos ha procedido a velocidad de rayo a exponer públicamente



los intentos de soborno o las amenazas?

Son muchos y variados los



intentos que se han hecho en busca de corregir las acciones perversas que



progresivamente contaminaban las instituciones y son muchas las propuestas de



reformas a la ley que precisamente buscaban evitar el precipicio que se veía



venir pero que fueron engavetadas por un Congreso que no responde a su función



principal: legislar de manera responsable teniendo como objetivo el beneficio



de toda la población. Pero son excepcionales las denuncias



concretas, aun cuando se cuenta con pruebas contundentes.

Es mucho lo que se ha señalado



en medios de comunicación, inclusive información de hechos concretos, pero



también se han escuchado declaraciones de funcionarios públicos que reflejan



ilegalidades. En esos casos el



Ministerio Público ha hecho caso omiso desde años atrás, eludiendo su



obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y por



ende investigar de oficio las denuncias documentadas públicamente. Eso sí, un ente que ciertamente con el apoyo



de la fiscalía de la CICIG se activa en perseguir los casos de “alto impacto”, pero



que mantiene la inoperancia en otros ejes, mientras sigue creciendo la



impunidad que deja al ciudadano común a merced de los criminales.

Finalmente, sustentar



posiciones en un juego de interpretaciones sacadas de contexto para



descalificar al “enemigo”. Cuando la resistencia a los abusos del poder se



centra en el respeto a la ley no caben las divergencias por razones ideológicas



ni preferencias personales.

*”http://www.definicionabc.com/social/sociedad-civil.php#ixzz3Ftd6ctcJ

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