EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Con un sabor agridulce se cierra un capítulo más del proceso para la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA). En el camino fueron notorias algunas malas prácticas, debilidades en las tablas de gradación, la intromisión de operadores externos, entre otras.
- La experiencia de 2024 evidencia la urgencia de cambios para reforzar los mecanismos de la selección de nóminas de candidatos a los diferentes cargos públicos, no solo de las Cortes.
- Observadores y expertos sugieren ampliar algunos plazos, reforzar los mecanismos de evaluación y reglamentar de forma separada cada proceso.
En perspectiva. En 2009 entró en vigor la Ley de Comisiones de Postulación, norma que busca regular y establecer instrumentos y procedimientos relacionados con la selección de las nóminas de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia, entre ellos los magistrados de la CSJ y Contralor General de Cuentas. Además, se aplica para Fiscal General y Procurador de los Derechos Humanos.
- Nos centraremos en la elección de Cortes. Fuentes consultadas aseguran que la ley, como toda normativa, no es mala, mucho menos perfecta. Con el pasar de los años se ha debilitado y retorcido a conveniencia de algunos operadores que buscan mantener el poder judicial —control de los magistrados y jueces—.
- Ha sido evidente la participación de actores y operadores externos —tradicionales y transitorios—. Los primeros han influido de manera indirecta, sin participar en el proceso. Mientras, los operadores han intervenido desde los procesos en los colegios profesionales para decidir qué candidatos son elegibles. Este punto quedó confirmado con los casos que reveló el Ministerio Público (MP), entre ellos el expediente de Comisiones Paralelas 2020.
- A eso se suma las malas prácticas que se aplicaron en las diferentes fases: debilitamiento en la tabla de gradación, cero entrevistas y el grado de optar por elegir las cortes alrededor de la cama de un hotel o en la sala de un centro asistencial.
Qué destacar. Fuentes consultadas coinciden en que en este último evento las mayores debilidades se centraron en las intenciones de retrasar e impedir el desarrollo de las actividades.
- “El decidido bloqueo de los magistrados —apoyados por algunos comisionados del colegio de abogados— a la sede asignada, sin dar razón alguna, se hizo evidente que su intención era hacer fracasar la comisión para eternizarse en el puesto. Solo cedieron cuando la CC otorgó un amparo”, asevera Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones, en entrevista con República.
- El Movimiento ProJusticia indica que hubo un retroceso en las comisiones, por la poca discusión de las cualidades de los candidatos. “Los factores que jugaron en contra de un perfil más sustancioso fueron la carrera contra el tiempo y los intereses subyacentes para establecer límites bastante laxos a la participación de los abogados”, detalla.
- Ambos insisten en nuevos procedimientos que promuevan la ética, idoneidad y honorabilidad de los profesionales. “Los cambios deben ser profundos, no parches para quedar bien”.
Voces. Algunos sugieren modificaciones a la Constitución y otras reformas a la norma vigente —Decreto 19-2009—. Otros proponen elección popular, similar al evento electoral, pero alertan de que existen riesgos que podrían debilitar el sistema de justicia. “Una transformación total implica cambios en la constitución y abrir esa puerta puede dar lugar a otras modificaciones —innecesarias—; sería abrir una verdadera caja de Pandora. Es más factible respetar la constitución y modificar la Ley de Comisiones de Postulación”, asevera Arévalo.
- Agrega la necesidad de un reglamento único e invariable, la tabla de gradación prefijada, no establecida por cada comisión, ya que, como es ahora, se define pensando en favorecer a determinados postulantes.
- Para FADS debe haber menos discrecionalidad en la calificación de los méritos académicos y aceptar y estimular el uso de herramientas más estrictas de evaluación: entrevistas, pruebas psicométricas, exposición de planes de trabajo, entre otras.
- Otros consideran establecer una sede oficial para la elección; pero que no sea en los edificios institucionales, lo que haría necesaria la previsión de recursos económicos para el funcionamiento de las comisiones.
En conclusión. Se sugiere, además, reglamentar de forma separada cada proceso de postulación, tomando en cuenta las características especiales de cada uno, donde queden definidas todas aquellas exigencias que contribuyan a mejorar los instrumentos de evaluación.
- La experiencia en los procesos ha demostrado debilidades y fortalezas —2009 2024—, por ello, es oportuno analizar cambios para seleccionar las nóminas de candidatos a los diferentes cargos públicos.
- Para trabajar en las sugerencias, es prioridad la participación de todos los sectores, principalmente la sociedad civil. Luego, se deben unificar y discutir las propuestas para reforzar el sistema de justicia, antes del colapso total.
Con un sabor agridulce se cierra un capítulo más del proceso para la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA). En el camino fueron notorias algunas malas prácticas, debilidades en las tablas de gradación, la intromisión de operadores externos, entre otras.
- La experiencia de 2024 evidencia la urgencia de cambios para reforzar los mecanismos de la selección de nóminas de candidatos a los diferentes cargos públicos, no solo de las Cortes.
- Observadores y expertos sugieren ampliar algunos plazos, reforzar los mecanismos de evaluación y reglamentar de forma separada cada proceso.
En perspectiva. En 2009 entró en vigor la Ley de Comisiones de Postulación, norma que busca regular y establecer instrumentos y procedimientos relacionados con la selección de las nóminas de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas de relevancia, entre ellos los magistrados de la CSJ y Contralor General de Cuentas. Además, se aplica para Fiscal General y Procurador de los Derechos Humanos.
- Nos centraremos en la elección de Cortes. Fuentes consultadas aseguran que la ley, como toda normativa, no es mala, mucho menos perfecta. Con el pasar de los años se ha debilitado y retorcido a conveniencia de algunos operadores que buscan mantener el poder judicial —control de los magistrados y jueces—.
- Ha sido evidente la participación de actores y operadores externos —tradicionales y transitorios—. Los primeros han influido de manera indirecta, sin participar en el proceso. Mientras, los operadores han intervenido desde los procesos en los colegios profesionales para decidir qué candidatos son elegibles. Este punto quedó confirmado con los casos que reveló el Ministerio Público (MP), entre ellos el expediente de Comisiones Paralelas 2020.
- A eso se suma las malas prácticas que se aplicaron en las diferentes fases: debilitamiento en la tabla de gradación, cero entrevistas y el grado de optar por elegir las cortes alrededor de la cama de un hotel o en la sala de un centro asistencial.
Qué destacar. Fuentes consultadas coinciden en que en este último evento las mayores debilidades se centraron en las intenciones de retrasar e impedir el desarrollo de las actividades.
- “El decidido bloqueo de los magistrados —apoyados por algunos comisionados del colegio de abogados— a la sede asignada, sin dar razón alguna, se hizo evidente que su intención era hacer fracasar la comisión para eternizarse en el puesto. Solo cedieron cuando la CC otorgó un amparo”, asevera Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones, en entrevista con República.
- El Movimiento ProJusticia indica que hubo un retroceso en las comisiones, por la poca discusión de las cualidades de los candidatos. “Los factores que jugaron en contra de un perfil más sustancioso fueron la carrera contra el tiempo y los intereses subyacentes para establecer límites bastante laxos a la participación de los abogados”, detalla.
- Ambos insisten en nuevos procedimientos que promuevan la ética, idoneidad y honorabilidad de los profesionales. “Los cambios deben ser profundos, no parches para quedar bien”.
Voces. Algunos sugieren modificaciones a la Constitución y otras reformas a la norma vigente —Decreto 19-2009—. Otros proponen elección popular, similar al evento electoral, pero alertan de que existen riesgos que podrían debilitar el sistema de justicia. “Una transformación total implica cambios en la constitución y abrir esa puerta puede dar lugar a otras modificaciones —innecesarias—; sería abrir una verdadera caja de Pandora. Es más factible respetar la constitución y modificar la Ley de Comisiones de Postulación”, asevera Arévalo.
- Agrega la necesidad de un reglamento único e invariable, la tabla de gradación prefijada, no establecida por cada comisión, ya que, como es ahora, se define pensando en favorecer a determinados postulantes.
- Para FADS debe haber menos discrecionalidad en la calificación de los méritos académicos y aceptar y estimular el uso de herramientas más estrictas de evaluación: entrevistas, pruebas psicométricas, exposición de planes de trabajo, entre otras.
- Otros consideran establecer una sede oficial para la elección; pero que no sea en los edificios institucionales, lo que haría necesaria la previsión de recursos económicos para el funcionamiento de las comisiones.
En conclusión. Se sugiere, además, reglamentar de forma separada cada proceso de postulación, tomando en cuenta las características especiales de cada uno, donde queden definidas todas aquellas exigencias que contribuyan a mejorar los instrumentos de evaluación.
- La experiencia en los procesos ha demostrado debilidades y fortalezas —2009 2024—, por ello, es oportuno analizar cambios para seleccionar las nóminas de candidatos a los diferentes cargos públicos.
- Para trabajar en las sugerencias, es prioridad la participación de todos los sectores, principalmente la sociedad civil. Luego, se deben unificar y discutir las propuestas para reforzar el sistema de justicia, antes del colapso total.
