EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A casi tres décadas de la Ley General de Electricidad, Guatemala enfrenta desafíos estructurales y sociales que amenazan su estabilidad energética. Expertos piden visión de Estado y reformas urgentes. Estas reflexiones surgieron en el panel "Vamos bien, pero hablemos de los retos", parte del Summit de Sostenibilidad 2025, donde líderes del sector analizaron las barreras y oportunidades del modelo eléctrico del país.
Por qué importa. La matriz energética de Guatemala es reconocida por su diversificación y estabilidad tarifaria, resultado de un marco regulatorio robusto y participación privada sostenida. Sin embargo, esa “joya de la corona” enfrenta tensiones que podrían afectar su sostenibilidad a mediano plazo.
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Paulo Parra, gerente de Energuate, recordó que la conflictividad social y la presencia de estructuras ilegales dificultan las operaciones de distribución: “no podemos acceder a ciertas zonas”. Esto compromete inversiones, mantenimiento y expansión de redes.
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El país conecta anualmente a más de 120 000 nuevos usuarios, según Parra, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura existente y resalta la urgencia de planificación estratégica.
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La generación térmica, renovable y la cogeneración han jugado un papel clave. José Alday, presidente de la Industria Energética, resaltó: “la diversificación nos blindó ante crisis internacionales”.
Punto de fricción. Los transportistas eléctricos enfrentan bloqueos persistentes derivados de la falta de certeza jurídica en la tenencia de tierra y una institucionalidad dispersa. Estos obstáculos ralentizan obras vitales para la expansión del sistema.
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David Cabrera, presidente de la Asociación de Transportistas de Electricidad, explicó que “pedidos fuera de toda lógica” —como escuelas o carreteras a cambio de servidumbre— agravan la situación. El crecimiento de la red es del 1.5 % anual, muy por debajo del 5–7 % de la demanda.
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Permisos ambientales y licencias pueden tardar hasta tres años. “Hoy no sabes si es más largo un estudio de impacto ambiental o una licencia de construcción”, dijo Cabrera.
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Las obras planificadas en la PET-3 suman más de 1,500 kilómetros, pero la primera licitación contempla solo 300. La esperanza del sector es que sea solo “la punta del iceberg”.
Visto y no visto. Guatemala posee un inmenso potencial de generación renovable subutilizado. La cogeneración, la geotermia y hasta el gas natural están sobre la mesa, pero requieren ajustes normativos, claridad en las reglas del juego y planificación interinstitucional coordinada.
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Steffan Lehnhoff, presidente de la Asociación de Cogeneradores, defendió que la cogeneración es “100 % térmica y 100 % renovable”, gracias al uso del bagazo de caña y ciclos energéticos firmes de 180 días. Pide que esta tecnología sea reconocida normativamente.
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El gas natural será inevitable. Pero, según José Alday, su inclusión enfrenta retos de infraestructura, puertos y regulación. “Nadie invertirá USD 900 millones sin certeza de conexión a la red”, advirtió.
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Alfonso González, presidente de AGER, destacó que la geotermia —con un potencial de 1,000 MW— está estancada por falta de decisión política. “Probablemente, el camino más eficaz sea concesionar los campos del INDE”, dijo.
Lo que sigue. El futuro eléctrico de Guatemala depende de cerrar las brechas entre generación, transmisión y distribución. La expansión de redes y la inclusión tecnológica deben acompañarse de reformas legales, diálogo con comunidades y consistencia política.
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La meta oficial es lograr una cobertura del 99 % en electrificación. Parra alertó de que el plan actual “es de distribución, no de transmisión”. Sin subestaciones, no habrá potencia para atender nuevos usuarios.
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El próximo Plan de Expansión de Transmisión (2026) debe ser “agresivo y robusto”. Para Cabrera, debe coordinar oferta y demanda y facilitar licitaciones más frecuentes y ágiles.
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La PEG-5, orientada a la demanda regulada, debe ajustar condiciones para atraer proyectos diversos. Lehnhoff subrayó que “la ley funciona; solo falta activar normas dormidas” que envíen señales claras a inversionistas listos para actuar".
A casi tres décadas de la Ley General de Electricidad, Guatemala enfrenta desafíos estructurales y sociales que amenazan su estabilidad energética. Expertos piden visión de Estado y reformas urgentes. Estas reflexiones surgieron en el panel "Vamos bien, pero hablemos de los retos", parte del Summit de Sostenibilidad 2025, donde líderes del sector analizaron las barreras y oportunidades del modelo eléctrico del país.
Por qué importa. La matriz energética de Guatemala es reconocida por su diversificación y estabilidad tarifaria, resultado de un marco regulatorio robusto y participación privada sostenida. Sin embargo, esa “joya de la corona” enfrenta tensiones que podrían afectar su sostenibilidad a mediano plazo.
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Paulo Parra, gerente de Energuate, recordó que la conflictividad social y la presencia de estructuras ilegales dificultan las operaciones de distribución: “no podemos acceder a ciertas zonas”. Esto compromete inversiones, mantenimiento y expansión de redes.
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El país conecta anualmente a más de 120 000 nuevos usuarios, según Parra, lo que incrementa la presión sobre la infraestructura existente y resalta la urgencia de planificación estratégica.
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La generación térmica, renovable y la cogeneración han jugado un papel clave. José Alday, presidente de la Industria Energética, resaltó: “la diversificación nos blindó ante crisis internacionales”.
Punto de fricción. Los transportistas eléctricos enfrentan bloqueos persistentes derivados de la falta de certeza jurídica en la tenencia de tierra y una institucionalidad dispersa. Estos obstáculos ralentizan obras vitales para la expansión del sistema.
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David Cabrera, presidente de la Asociación de Transportistas de Electricidad, explicó que “pedidos fuera de toda lógica” —como escuelas o carreteras a cambio de servidumbre— agravan la situación. El crecimiento de la red es del 1.5 % anual, muy por debajo del 5–7 % de la demanda.
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Permisos ambientales y licencias pueden tardar hasta tres años. “Hoy no sabes si es más largo un estudio de impacto ambiental o una licencia de construcción”, dijo Cabrera.
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Las obras planificadas en la PET-3 suman más de 1,500 kilómetros, pero la primera licitación contempla solo 300. La esperanza del sector es que sea solo “la punta del iceberg”.
Visto y no visto. Guatemala posee un inmenso potencial de generación renovable subutilizado. La cogeneración, la geotermia y hasta el gas natural están sobre la mesa, pero requieren ajustes normativos, claridad en las reglas del juego y planificación interinstitucional coordinada.
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Steffan Lehnhoff, presidente de la Asociación de Cogeneradores, defendió que la cogeneración es “100 % térmica y 100 % renovable”, gracias al uso del bagazo de caña y ciclos energéticos firmes de 180 días. Pide que esta tecnología sea reconocida normativamente.
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El gas natural será inevitable. Pero, según José Alday, su inclusión enfrenta retos de infraestructura, puertos y regulación. “Nadie invertirá USD 900 millones sin certeza de conexión a la red”, advirtió.
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Alfonso González, presidente de AGER, destacó que la geotermia —con un potencial de 1,000 MW— está estancada por falta de decisión política. “Probablemente, el camino más eficaz sea concesionar los campos del INDE”, dijo.
Lo que sigue. El futuro eléctrico de Guatemala depende de cerrar las brechas entre generación, transmisión y distribución. La expansión de redes y la inclusión tecnológica deben acompañarse de reformas legales, diálogo con comunidades y consistencia política.
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La meta oficial es lograr una cobertura del 99 % en electrificación. Parra alertó de que el plan actual “es de distribución, no de transmisión”. Sin subestaciones, no habrá potencia para atender nuevos usuarios.
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El próximo Plan de Expansión de Transmisión (2026) debe ser “agresivo y robusto”. Para Cabrera, debe coordinar oferta y demanda y facilitar licitaciones más frecuentes y ágiles.
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La PEG-5, orientada a la demanda regulada, debe ajustar condiciones para atraer proyectos diversos. Lehnhoff subrayó que “la ley funciona; solo falta activar normas dormidas” que envíen señales claras a inversionistas listos para actuar".
