EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Un total de 20 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal fueron retiradas durante operativos de seguridad.
Es noticia. Los atentados fueron ejecutados en la colonia La Bethania, zona 7 de la ciudad de Guatemala, como parte de las acciones preventivas para debilitar a las estructuras criminales que operan en sectores urbanos de alta conflictividad.
- Las autoridades presumen que los dispositivos eran utilizados por pandilleros para vigilar a los vecinos y monitorear la presencia policial en la zona.
- El operativo fue desarrollado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y tuvo como objetivo principal neutralizar un sistema de vigilancia clandestino que favorecía el control territorial de grupos delictivos.
- Las cámaras se encontraban colocadas en postes de alumbrado público, fachadas de viviendas y otras estructuras visibles desde la vía pública, sin contar con autorización legal.
En el radar. Los aparatos permitían a los pandilleros observar en tiempo real los movimientos de vecinos y de las fuerzas de seguridad, lo que les facilitaba anticiparse a operativos policiales y mantener control sobre accesos, rutas internas y puntos estratégicos del sector.
- Las cámaras fueron retiradas y embaladas como evidencia para fortalecer las investigaciones en curso y determinar a los responsables de su instalación y operación.
- En las diligencias participaron unidades especializadas de la PNC, incluidas divisiones dedicadas al combate contra las pandillas y el crimen organizado.
- Aunque durante este operativo no se reportaron capturas, las autoridades aclararon que la investigación continúa para establecer desde dónde eran monitoreados los dispositivos y si estaban conectados a centros de control clandestinos o a aplicaciones móviles utilizadas por integrantes de estructuras criminales.
Por qué importa. Este tipo de acciones forma parte de una estrategia más amplia que no se limita a la zona 7.
- En febrero de este año, la PNC informó sobre el retiro de 39 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de la zona 18 capitalina.
- Estos aparatos también habrían sido utilizados por pandilleros para vigilar a la población y alertar sobre la presencia policial.
- En ese caso, las investigaciones apuntaron a que los sistemas estaban vinculados a redes delictivas con capacidad tecnológica para operar equipos de monitoreo a distancia.
Datos clave. Asimismo, en operativos recientes realizados en otros sectores de la capital, como el barrio El Gallito, zona 3, y la colonia Reyna Barrios, zona 13, las fuerzas de seguridad desinstalaron decenas de cámaras similares.
- Todas con el mismo patrón: dispositivos colocados sin autorización y utilizados como herramientas de vigilancia criminal para facilitar actividades ilícitas como extorsión, narcomenudeo y control territorial.
- El Ministerio de Gobernación y la PNC recalcaron que la instalación de sistemas de videovigilancia sin permiso en espacios públicos constituye un delito, ya que vulnera la privacidad de los ciudadanos y representa una amenaza directa a la seguridad.
- Por ello, hicieron un llamado a la población para denunciar de forma anónima cualquier cámara sospechosa o actividad vinculada a pandillas, a través de los números 110 y 1561.
Un total de 20 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal fueron retiradas durante operativos de seguridad.
Es noticia. Los atentados fueron ejecutados en la colonia La Bethania, zona 7 de la ciudad de Guatemala, como parte de las acciones preventivas para debilitar a las estructuras criminales que operan en sectores urbanos de alta conflictividad.
- Las autoridades presumen que los dispositivos eran utilizados por pandilleros para vigilar a los vecinos y monitorear la presencia policial en la zona.
- El operativo fue desarrollado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y tuvo como objetivo principal neutralizar un sistema de vigilancia clandestino que favorecía el control territorial de grupos delictivos.
- Las cámaras se encontraban colocadas en postes de alumbrado público, fachadas de viviendas y otras estructuras visibles desde la vía pública, sin contar con autorización legal.
En el radar. Los aparatos permitían a los pandilleros observar en tiempo real los movimientos de vecinos y de las fuerzas de seguridad, lo que les facilitaba anticiparse a operativos policiales y mantener control sobre accesos, rutas internas y puntos estratégicos del sector.
- Las cámaras fueron retiradas y embaladas como evidencia para fortalecer las investigaciones en curso y determinar a los responsables de su instalación y operación.
- En las diligencias participaron unidades especializadas de la PNC, incluidas divisiones dedicadas al combate contra las pandillas y el crimen organizado.
- Aunque durante este operativo no se reportaron capturas, las autoridades aclararon que la investigación continúa para establecer desde dónde eran monitoreados los dispositivos y si estaban conectados a centros de control clandestinos o a aplicaciones móviles utilizadas por integrantes de estructuras criminales.
Por qué importa. Este tipo de acciones forma parte de una estrategia más amplia que no se limita a la zona 7.
- En febrero de este año, la PNC informó sobre el retiro de 39 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de la zona 18 capitalina.
- Estos aparatos también habrían sido utilizados por pandilleros para vigilar a la población y alertar sobre la presencia policial.
- En ese caso, las investigaciones apuntaron a que los sistemas estaban vinculados a redes delictivas con capacidad tecnológica para operar equipos de monitoreo a distancia.
Datos clave. Asimismo, en operativos recientes realizados en otros sectores de la capital, como el barrio El Gallito, zona 3, y la colonia Reyna Barrios, zona 13, las fuerzas de seguridad desinstalaron decenas de cámaras similares.
- Todas con el mismo patrón: dispositivos colocados sin autorización y utilizados como herramientas de vigilancia criminal para facilitar actividades ilícitas como extorsión, narcomenudeo y control territorial.
- El Ministerio de Gobernación y la PNC recalcaron que la instalación de sistemas de videovigilancia sin permiso en espacios públicos constituye un delito, ya que vulnera la privacidad de los ciudadanos y representa una amenaza directa a la seguridad.
- Por ello, hicieron un llamado a la población para denunciar de forma anónima cualquier cámara sospechosa o actividad vinculada a pandillas, a través de los números 110 y 1561.
