EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En Guatemala, mientras una parte importante de la población enfrenta problemas de malnutrición, toneladas de alimentos terminan perdiéndose cada día. No siempre se trata de comida en mal estado. Muchas veces son productos que no cumplen con estándares de apariencia, que tienen errores de empaque o que simplemente no lograron colocarse a tiempo en el mercado. Para Juan Pablo Ruano, el problema no es la falta de alimentos, sino la forma en que el sistema los desperdicia.
Ruano dirige el Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento, una organización que trabaja en recuperar comida que, aunque apta para el consumo, queda fuera del circuito comercial. “Cerca de una tercera parte de toda la producción de alimentos se desperdicia”, explica. En Guatemala, dice, la situación tiene características particulares: a diferencia de países desarrollados, donde el desperdicio ocurre principalmente en los hogares, aquí las pérdidas se concentran en la cadena de distribución.
Del campo al mercado: dónde se pierde la comida
El fenómeno empieza desde el campo. En algunos casos, los agricultores prefieren no cosechar porque los precios no compensan los costos. En otros, los productos no cumplen con los estándares de exportación, aunque sean perfectamente consumibles. También influye un factor cultural: la apariencia. Zanahorias deformes, tomates irregulares o frutas con pequeños defectos suelen quedar fuera del mercado.
A eso se suman fallas en la industria. Errores en el etiquetado, problemas de empaque o decisiones comerciales —como producir más de lo que se demanda— generan excedentes que no siempre encuentran salida. “Hay productos que, cuando les quedan dos semanas de vida útil, ya no pueden comercializarse. Para nosotros, en cambio, todavía son aprovechables”, señala.
El resultado es una paradoja persistente: Guatemala pierde, según estimaciones del propio banco, al menos 180 libras de alimentos por persona al año, mientras miles de familias enfrentan inseguridad alimentaria.
Frente a ese escenario, el Banco de Alimentos opera como un intermediario. La organización cuenta con una red de más de 130 empresas donantes y un sistema logístico que incluye rutas de recolección en siete departamentos. Cada día, sus camiones recogen alimentos en mercados, centros de distribución y empresas, para luego trasladarlos a su centro de acopio.
Ahí comienza un proceso clave: la clasificación. No todo lo que se recoge se puede entregar. Los productos pasan por filtros para garantizar que sean aptos para el consumo. “No somos la basura”, enfatiza Ruano. La intención es recuperar alimentos, no desechos.
Recuperar alimentos, reducir impacto
Una vez seleccionados, los productos se distribuyen a través de una red de más de 100 organizaciones sociales y comunidades. A diferencia de otros países, donde los beneficiarios acuden a los bancos de alimentos, en Guatemala el modelo es inverso: el banco llega a las personas. Actualmente, atienden a unas 80 mil personas cada mes, muchas de ellas en zonas rurales de difícil acceso.
El apoyo no se limita a la entrega de alimentos. La organización ha desarrollado programas específicos para mejorar la nutrición y fomentar la autosuficiencia. Uno de ellos consiste en paquetes alimentarios diseñados por nutricionistas, que cubren parte de las necesidades de una familia durante dos semanas. Otro programa impulsa a pequeños agricultores con insumos y capacitación para mejorar su productividad.
También han identificado oportunidades en el emprendimiento. En algunas comunidades, especialmente entre mujeres, promueven la transformación de excedentes en productos que puedan comercializarse. La idea es que el acceso a alimentos no sea solo asistencial, sino un punto de partida para generar ingresos.
A la par del impacto social, hay un componente ambiental. Recuperar alimentos evita que estos terminen en vertederos, donde generan emisiones de gases de efecto invernadero. Según sus mediciones, el banco logró evitar el equivalente a más de 4,500 toneladas de CO2 en un año. “Ese alimento ya fue producido, ya generó una huella ambiental. Si se desperdicia, el impacto es doble”, explica Ruano.
Sin embargo, el modelo enfrenta un obstáculo estructural: la legislación. Actualmente, en Guatemala resulta más barato destruir alimentos que donarlos. Esto se debe, en parte, a limitaciones fiscales que restringen los incentivos para las donaciones. “El incentivo está al revés”, resume Ruano.
La organización ha impulsado cambios legales para facilitar la donación de alimentos, pero el proceso ha enfrentado trabas políticas. Una iniciativa presentada en el Congreso no logró avanzar, pese a contar con respaldo técnico. Según Ruano, el problema no radica en la viabilidad de la propuesta, sino en dinámicas internas que han frenado su discusión.
Aun así, el banco insiste en que la solución no pasa únicamente por reformas legales. También requiere un cambio cultural. Desde el consumidor que descarta productos por su apariencia, hasta las empresas que deben replantear sus procesos, el desafío es entender que el desperdicio no es inevitable. “Esto no es caridad”, subraya Ruano. “Es una solución a un problema que ya existe”. En un país donde la pérdida de alimentos convive con la desnutrición, recuperar lo que hoy se descarta podría marcar una diferencia significativa. La clave, dice, está en ver esos productos no como residuos, sino como lo que realmente son: comida.
En Guatemala, mientras una parte importante de la población enfrenta problemas de malnutrición, toneladas de alimentos terminan perdiéndose cada día. No siempre se trata de comida en mal estado. Muchas veces son productos que no cumplen con estándares de apariencia, que tienen errores de empaque o que simplemente no lograron colocarse a tiempo en el mercado. Para Juan Pablo Ruano, el problema no es la falta de alimentos, sino la forma en que el sistema los desperdicia.
Ruano dirige el Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento, una organización que trabaja en recuperar comida que, aunque apta para el consumo, queda fuera del circuito comercial. “Cerca de una tercera parte de toda la producción de alimentos se desperdicia”, explica. En Guatemala, dice, la situación tiene características particulares: a diferencia de países desarrollados, donde el desperdicio ocurre principalmente en los hogares, aquí las pérdidas se concentran en la cadena de distribución.
Del campo al mercado: dónde se pierde la comida
El fenómeno empieza desde el campo. En algunos casos, los agricultores prefieren no cosechar porque los precios no compensan los costos. En otros, los productos no cumplen con los estándares de exportación, aunque sean perfectamente consumibles. También influye un factor cultural: la apariencia. Zanahorias deformes, tomates irregulares o frutas con pequeños defectos suelen quedar fuera del mercado.
A eso se suman fallas en la industria. Errores en el etiquetado, problemas de empaque o decisiones comerciales —como producir más de lo que se demanda— generan excedentes que no siempre encuentran salida. “Hay productos que, cuando les quedan dos semanas de vida útil, ya no pueden comercializarse. Para nosotros, en cambio, todavía son aprovechables”, señala.
El resultado es una paradoja persistente: Guatemala pierde, según estimaciones del propio banco, al menos 180 libras de alimentos por persona al año, mientras miles de familias enfrentan inseguridad alimentaria.
Frente a ese escenario, el Banco de Alimentos opera como un intermediario. La organización cuenta con una red de más de 130 empresas donantes y un sistema logístico que incluye rutas de recolección en siete departamentos. Cada día, sus camiones recogen alimentos en mercados, centros de distribución y empresas, para luego trasladarlos a su centro de acopio.
Ahí comienza un proceso clave: la clasificación. No todo lo que se recoge se puede entregar. Los productos pasan por filtros para garantizar que sean aptos para el consumo. “No somos la basura”, enfatiza Ruano. La intención es recuperar alimentos, no desechos.
Recuperar alimentos, reducir impacto
Una vez seleccionados, los productos se distribuyen a través de una red de más de 100 organizaciones sociales y comunidades. A diferencia de otros países, donde los beneficiarios acuden a los bancos de alimentos, en Guatemala el modelo es inverso: el banco llega a las personas. Actualmente, atienden a unas 80 mil personas cada mes, muchas de ellas en zonas rurales de difícil acceso.
El apoyo no se limita a la entrega de alimentos. La organización ha desarrollado programas específicos para mejorar la nutrición y fomentar la autosuficiencia. Uno de ellos consiste en paquetes alimentarios diseñados por nutricionistas, que cubren parte de las necesidades de una familia durante dos semanas. Otro programa impulsa a pequeños agricultores con insumos y capacitación para mejorar su productividad.
También han identificado oportunidades en el emprendimiento. En algunas comunidades, especialmente entre mujeres, promueven la transformación de excedentes en productos que puedan comercializarse. La idea es que el acceso a alimentos no sea solo asistencial, sino un punto de partida para generar ingresos.
A la par del impacto social, hay un componente ambiental. Recuperar alimentos evita que estos terminen en vertederos, donde generan emisiones de gases de efecto invernadero. Según sus mediciones, el banco logró evitar el equivalente a más de 4,500 toneladas de CO2 en un año. “Ese alimento ya fue producido, ya generó una huella ambiental. Si se desperdicia, el impacto es doble”, explica Ruano.
Sin embargo, el modelo enfrenta un obstáculo estructural: la legislación. Actualmente, en Guatemala resulta más barato destruir alimentos que donarlos. Esto se debe, en parte, a limitaciones fiscales que restringen los incentivos para las donaciones. “El incentivo está al revés”, resume Ruano.
La organización ha impulsado cambios legales para facilitar la donación de alimentos, pero el proceso ha enfrentado trabas políticas. Una iniciativa presentada en el Congreso no logró avanzar, pese a contar con respaldo técnico. Según Ruano, el problema no radica en la viabilidad de la propuesta, sino en dinámicas internas que han frenado su discusión.
Aun así, el banco insiste en que la solución no pasa únicamente por reformas legales. También requiere un cambio cultural. Desde el consumidor que descarta productos por su apariencia, hasta las empresas que deben replantear sus procesos, el desafío es entender que el desperdicio no es inevitable. “Esto no es caridad”, subraya Ruano. “Es una solución a un problema que ya existe”. En un país donde la pérdida de alimentos convive con la desnutrición, recuperar lo que hoy se descarta podría marcar una diferencia significativa. La clave, dice, está en ver esos productos no como residuos, sino como lo que realmente son: comida.
