EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La audiencia de primera declaración programada para este 25 de noviembre en el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Selman Portillo Vargas, no se realizó.
Es noticia. El motivo: el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, promovió acciones legales que derivaron en la recusación del juez, lo que detuvo el avance del proceso contra Roberto Arzú García-Granados.
- El fiscal Noé Rivera explicó que la decisión se tomó ante una serie de circunstancias que, según el MP, comprometen la imparcialidad y la correcta conducción del caso.
- “Había demasiado ruido en redes sociales, vulnerando incluso derechos fundamentales, porque Arzú García-Granados sabe perfectamente que debe declarar ante un juez competente. Sin embargo, ignorando el ordenamiento jurídico, ha estado haciendo demasiado ruido, lo que ha venido en detrimento de la investigación”, señaló Rivera.
- De acuerdo con el fiscal, la conducta del señalado en redes sociales ha generado temor entre testigos, quienes se han mostrado reticentes a colaborar. “Creemos que hay presiones de poderes fácticos, económicos y políticos, incluso dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, que buscan favorecer a esta persona”, afirmó.
Qué destacar. Ante este contexto, el MP decidió actuar en tres vías: primero, planteó una acción constitucional de amparo contra la decisión del juez de citar al señalado a primera declaración.
- Según Rivera, no se cumplían los presupuestos legales para esa citación, ya que el imputado representa un peligro de fuga y obstaculiza la averiguación de la verdad.
- “El juez, violando los derechos del Ministerio Público, lo cita a sabiendas de la conducta reticente y la forma violenta en que se ha conducido en relación con el proceso”, agregó.
- Al salir del juzgado, el señalado rechazó las acciones de la fiscalía y cuestionó las causas por las que se inició el proceso penal en su contra.
En el radar. La segunda acción fue presentar una excusa, debido a que el fiscal a cargo del caso tenía programado un debate oral y público en un Tribunal de Mayor Riesgo en la misma fecha y hora.
- La tercera medida consistió en promover la recusación del juez, argumentando dudas sobre su imparcialidad. “Las redes sociales están diciendo que él tiene acuerdos con la defensa técnica para favorecer a Arzú García-Granados. No podemos permitir que se preste a ese juego”, indicó Rivera.
- El fiscal también criticó la estrategia mediática del señalado, a quien acusó de preparar un “show” para desacreditar al MP. “Está ingresando a los tribunales como si se tratara de un interés particular el que estamos tutelando, cuando en realidad se trata de un delito contra un operador de justicia”, enfatizó.
- El funcionario subrayó que el caso tiene un componente adicional: la víctima es la fiscal general de la República, lo que agrava la situación. “No vamos a tolerar ni dejar pasar nada. Máximo es que la víctima es una mujer y tenemos pruebas científicas que establecen que él hace aseveraciones violentas y reproduce estereotipos machistas. Es imperativo sentar un precedente para evitar que se normalicen las amenazas contra operadores de justicia”, afirmó.
En conclusión. El delito que se investiga es obstaculización a la acción penal, que establece penas de seis a ocho años. Según el MP, la conducta del señalado no se limita a una amenaza simple, sino que busca intimidar y coaccionar a la autoridad, afectando el curso de la investigación.
- La acusación se originó en un video publicado en redes sociales, donde Arzú García-Granados afirmó que “sacaría a patadas” a la fiscal general si llegara a gobernar. El MP considera que este mensaje, emitido en un contexto público, constituye un acto de intimidación que erosiona el Estado de Derecho.
- “Amenazar jueces, fiscales y defensores públicos no es correcto y la población debe saberlo”, enfatizó Rivera. Con la recusación, el proceso queda detenido hasta que se resuelva si el juez continúa conociendo el caso.
- Paralelamente, el MP espera que la sala jurisdiccional se pronuncie sobre el amparo planteado y sobre la orden de captura solicitada el pasado 7 de noviembre, que fue denegada por el juez. “Vamos a hacer prevalecer el Estado Constitucional de Derecho”, concluyó el fiscal.
La audiencia de primera declaración programada para este 25 de noviembre en el Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Selman Portillo Vargas, no se realizó.
Es noticia. El motivo: el Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, promovió acciones legales que derivaron en la recusación del juez, lo que detuvo el avance del proceso contra Roberto Arzú García-Granados.
- El fiscal Noé Rivera explicó que la decisión se tomó ante una serie de circunstancias que, según el MP, comprometen la imparcialidad y la correcta conducción del caso.
- “Había demasiado ruido en redes sociales, vulnerando incluso derechos fundamentales, porque Arzú García-Granados sabe perfectamente que debe declarar ante un juez competente. Sin embargo, ignorando el ordenamiento jurídico, ha estado haciendo demasiado ruido, lo que ha venido en detrimento de la investigación”, señaló Rivera.
- De acuerdo con el fiscal, la conducta del señalado en redes sociales ha generado temor entre testigos, quienes se han mostrado reticentes a colaborar. “Creemos que hay presiones de poderes fácticos, económicos y políticos, incluso dentro de la misma Corte Suprema de Justicia, que buscan favorecer a esta persona”, afirmó.
Qué destacar. Ante este contexto, el MP decidió actuar en tres vías: primero, planteó una acción constitucional de amparo contra la decisión del juez de citar al señalado a primera declaración.
- Según Rivera, no se cumplían los presupuestos legales para esa citación, ya que el imputado representa un peligro de fuga y obstaculiza la averiguación de la verdad.
- “El juez, violando los derechos del Ministerio Público, lo cita a sabiendas de la conducta reticente y la forma violenta en que se ha conducido en relación con el proceso”, agregó.
- Al salir del juzgado, el señalado rechazó las acciones de la fiscalía y cuestionó las causas por las que se inició el proceso penal en su contra.
En el radar. La segunda acción fue presentar una excusa, debido a que el fiscal a cargo del caso tenía programado un debate oral y público en un Tribunal de Mayor Riesgo en la misma fecha y hora.
- La tercera medida consistió en promover la recusación del juez, argumentando dudas sobre su imparcialidad. “Las redes sociales están diciendo que él tiene acuerdos con la defensa técnica para favorecer a Arzú García-Granados. No podemos permitir que se preste a ese juego”, indicó Rivera.
- El fiscal también criticó la estrategia mediática del señalado, a quien acusó de preparar un “show” para desacreditar al MP. “Está ingresando a los tribunales como si se tratara de un interés particular el que estamos tutelando, cuando en realidad se trata de un delito contra un operador de justicia”, enfatizó.
- El funcionario subrayó que el caso tiene un componente adicional: la víctima es la fiscal general de la República, lo que agrava la situación. “No vamos a tolerar ni dejar pasar nada. Máximo es que la víctima es una mujer y tenemos pruebas científicas que establecen que él hace aseveraciones violentas y reproduce estereotipos machistas. Es imperativo sentar un precedente para evitar que se normalicen las amenazas contra operadores de justicia”, afirmó.
En conclusión. El delito que se investiga es obstaculización a la acción penal, que establece penas de seis a ocho años. Según el MP, la conducta del señalado no se limita a una amenaza simple, sino que busca intimidar y coaccionar a la autoridad, afectando el curso de la investigación.
- La acusación se originó en un video publicado en redes sociales, donde Arzú García-Granados afirmó que “sacaría a patadas” a la fiscal general si llegara a gobernar. El MP considera que este mensaje, emitido en un contexto público, constituye un acto de intimidación que erosiona el Estado de Derecho.
- “Amenazar jueces, fiscales y defensores públicos no es correcto y la población debe saberlo”, enfatizó Rivera. Con la recusación, el proceso queda detenido hasta que se resuelva si el juez continúa conociendo el caso.
- Paralelamente, el MP espera que la sala jurisdiccional se pronuncie sobre el amparo planteado y sobre la orden de captura solicitada el pasado 7 de noviembre, que fue denegada por el juez. “Vamos a hacer prevalecer el Estado Constitucional de Derecho”, concluyó el fiscal.
