PGN aclara que los amparos buscan garantizar clases, no afectar a sindicalistas

La Procuraduría General de la Nación (PGN) fue enfática en que las recientes acciones contra el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) no implican una persecución penal contra los sindicalistas. Aclaran que, si bien se han tomado medidas y se ha apercibido al STEG, y de no cumplir lo dictado se notificará al Ministerio Público (MP), esto no equivale a una criminalización de la labor sindical.

Es noticia. El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, reiteró que las acciones judiciales contra el STEG buscan restablecer el derecho a la educación, no criminalizar la actividad sindical. Esto ocurre tras los amparos provisionales que exigen al sindicato cesar las “medidas de hecho” que han afectado las clases.

• Saavedra enfatizó que “criminalizar la labor sindical es inadmisible” en un Estado de derecho, descartando que el objetivo sea iniciar una persecución criminal.

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• Aunque un juez ordenó remitir actuaciones al MP por incumplimiento, la PGN afirmó que no presentará denuncias penales por ahora, salvo que se determinen situaciones constitutivas de delito.

• El presidente Bernardo Arévalo informó que el Ministerio de Educación (MINEDUC) levantó más de 5000 actas a maestros que no han acudido a sus labores, subrayando la magnitud del impacto.

Aspectos clave. La PGN presentó nueve acciones constitucionales de amparo para proteger el derecho fundamental de los niños a la educación, reconociendo que las “asambleas permanentes” son un eufemismo para huelgas ilegales que sacrifican bienes superiores. Esto demuestra un compromiso firme con la legalidad y el bienestar de la niñez guatemalteca.

• El procurador Saavedra destacó que la educación “no puede convertirse en moneda de cambio” ni ser condicionada por presiones sindicales.

• Además de los amparos, se ha solicitado certificar los juzgados para que el MP investigue el incumplimiento de órdenes judiciales por parte del STEG.

• La PGN ha sido clara en que, aunque se tomen medidas disciplinarias, el porcentaje de maestros incumplidores es minoritario, no superando el 10 % del total.

Lo indispensable. La restitución del derecho a la educación es una prioridad central para el Gobierno, dado que su interrupción afecta a otros derechos fundamentales como la alimentación escolar. El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Anabella Giracca, ha coordinado esfuerzos con la PGN para garantizar que los niños vuelvan a las aulas y accedan a servicios esenciales.

• En muchos casos, la alimentación escolar es la única comida sería que los niños reciben, un factor crítico impactado por la suspensión de clases.

• La PGN enfatiza que la buena fe debe prevalecer en toda negociación colectiva, y las acciones que impiden la asistencia de los niños a clases son inaceptables.

• El Estado no puede permitir que “los privilegios de unos pocos” prevalezcan sobre el futuro de toda una generación, lo que fundamenta las acciones legales emprendidas.

Antecedentes históricos. Desde hace casi tres semanas, integrantes del STEG han mantenido un campamento frente al Palacio Nacional para exigir el cumplimiento de sus demandas, incluyendo la aprobación de un pacto colectivo. Esta medida ha provocado la respuesta legal de la PGN, buscando garantizar la continuidad educativa ante lo que se considera una interrupción ilegal.

• El Juzgado Quinto de Trabajo ordenó recientemente certificar lo conducente al MP por el incumplimiento del Comité Ejecutivo Nacional del STEG a un amparo provisional emitido el 4 de junio.

• Este amparo instaba al sindicato a deponer las “medidas de hecho” y asegurar la educación, demostrando la persistencia del conflicto.

• Las autoridades recalcan que Guatemala no es ajena a “excesos cometidos en el marco de algunas actividades sindicales”, lo que justifica la intervención legal para defender el orden constitucional.