EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Es inevitable no sentir un nudo en la garganta o de contener las lágrimas, al escuchar los testimonios de las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA), ocho años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.
Fue el incidente que alteró la vida de las 56 niñas y adolescentes —41 fallecidas y 15 sobrevivientes—. Sus sueños de ser maestras, estilistas o contadoras quedaron aniquilados. Esas situaciones se han vivido y observado durante el proceso de investigación y en las audiencias del debate, dice con tristeza Edgar Gómez, fiscal adjunto de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP).
Para las 15 sobrevivientes, el camino ha sido más complejo por los estigmas, la poca o nula atención para su reincorporación a sus comunidades, y la burocracia para acceder a los programas ofrecidos por el Estado. 11 viven en Guatemala, dos en Estados Unidos, una en México, y una en Belice. Algunas son madres, esposas, estudiantes o trabajadoras.
Una de ellas narró que, durante una entrevista de trabajo, hicieron referencia a que era complicado contratarla porque eran de las niñas que habían tenido problemas en el Hogar Seguro. Otra de las víctimas indicó que esconde las quemaduras de su rostro con un fleco largo, pues teme burlas o ataques. Mientras que otra, dijo que sufría constantes dolores en la espalda por las quemaduras.
Han pasado 2920 días después del incendio, tanto las víctimas y sus familiares esperan justicia. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación (PGN), y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), trabajan para esclarecer el atroz incidente para que no se repita.
En 2017, avanzaron dos fases del Caso Hogar Seguro. Hubo capturas y se ligaron a proceso a los primeros implicados —funcionarios y trabajadores, en ese momento, de la SBS, PGN, PDH y PNC—. Al año siguiente, se concretó la tercera fase con la captura de la jueza de Paz de San José Pinula y algunas monitoras. La audiencia de primera declaración fue bastante extensa, se llevó aproximadamente un año y hasta en 2019 fueron ligadas al proceso penal.
En 2020, el proceso se estancó, no por falta de voluntad o acciones, fue por las restricciones y zozobra que generó la pandemia del covid-19 a nivel mundial. Al año siguiente se retomó el proceso y se logró unificar dos fases y agendar el debate.
“Para 2022 se tenía la confianza de empezar el juicio; sin embargo, se pospuso para el 2023. En esta ocasión surgió una lluvia de acciones, amparos, desintegración del tribunal y recusaciones que detuvieron el juicio. Se retrasó un año más”, contó el fiscal Edgar Gómez, durante la entrevista.
Fue hasta el 10 de enero de 2024 que empezó el juicio en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Desde ese momento se acordó programar tres audiencias por semana.
El investigador señaló que la fiscalía ha presentado 45 expertos en el debate, con hasta 30 peritajes. Las audiencias han sido maratónicas. También se han reproducido alrededor de 22 declaraciones testimoniales, 50 testigos e inspecciones oculares. Hasta ahora se ha tramitado el 90 % de la prueba del MP.
En esta etapa deben sintetizar los 15 000 folios de la prueba y los 300 escritos de la acusación. El MP prevé para mayo concluya el debate.
“Todos estos años he aprendido a despojarme del chaleco del MP para compartir con mi familia, compartir cada minuto con mis hijos, para sobrellevar esto. Y ya, al siguiente día, dejar mi traje de Edgar Gómez, padre y esposo en casa para usar la vestimenta de fiscal”, enfatizó mientras revisaba un documento en el celular.
Por último, añadió: “Hay una tarea, se debe recalcar la importancia de clarificar la situación en que estaban las niñas en el Hogar Seguro; hay una visión errónea y existe desconocimiento de que las niñas que estaban ahí institucionalizadas eran personas víctimas. Que estaban precisamente para que el Estado procurara su acogimiento y abrigo”.
Es inevitable no sentir un nudo en la garganta o de contener las lágrimas, al escuchar los testimonios de las sobrevivientes del incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA), ocho años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.
Fue el incidente que alteró la vida de las 56 niñas y adolescentes —41 fallecidas y 15 sobrevivientes—. Sus sueños de ser maestras, estilistas o contadoras quedaron aniquilados. Esas situaciones se han vivido y observado durante el proceso de investigación y en las audiencias del debate, dice con tristeza Edgar Gómez, fiscal adjunto de la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP).
Para las 15 sobrevivientes, el camino ha sido más complejo por los estigmas, la poca o nula atención para su reincorporación a sus comunidades, y la burocracia para acceder a los programas ofrecidos por el Estado. 11 viven en Guatemala, dos en Estados Unidos, una en México, y una en Belice. Algunas son madres, esposas, estudiantes o trabajadoras.
Una de ellas narró que, durante una entrevista de trabajo, hicieron referencia a que era complicado contratarla porque eran de las niñas que habían tenido problemas en el Hogar Seguro. Otra de las víctimas indicó que esconde las quemaduras de su rostro con un fleco largo, pues teme burlas o ataques. Mientras que otra, dijo que sufría constantes dolores en la espalda por las quemaduras.
Han pasado 2920 días después del incendio, tanto las víctimas y sus familiares esperan justicia. La Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial, la Procuraduría General de la Nación (PGN), y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), trabajan para esclarecer el atroz incidente para que no se repita.
En 2017, avanzaron dos fases del Caso Hogar Seguro. Hubo capturas y se ligaron a proceso a los primeros implicados —funcionarios y trabajadores, en ese momento, de la SBS, PGN, PDH y PNC—. Al año siguiente, se concretó la tercera fase con la captura de la jueza de Paz de San José Pinula y algunas monitoras. La audiencia de primera declaración fue bastante extensa, se llevó aproximadamente un año y hasta en 2019 fueron ligadas al proceso penal.
En 2020, el proceso se estancó, no por falta de voluntad o acciones, fue por las restricciones y zozobra que generó la pandemia del covid-19 a nivel mundial. Al año siguiente se retomó el proceso y se logró unificar dos fases y agendar el debate.
“Para 2022 se tenía la confianza de empezar el juicio; sin embargo, se pospuso para el 2023. En esta ocasión surgió una lluvia de acciones, amparos, desintegración del tribunal y recusaciones que detuvieron el juicio. Se retrasó un año más”, contó el fiscal Edgar Gómez, durante la entrevista.
Fue hasta el 10 de enero de 2024 que empezó el juicio en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal. Desde ese momento se acordó programar tres audiencias por semana.
El investigador señaló que la fiscalía ha presentado 45 expertos en el debate, con hasta 30 peritajes. Las audiencias han sido maratónicas. También se han reproducido alrededor de 22 declaraciones testimoniales, 50 testigos e inspecciones oculares. Hasta ahora se ha tramitado el 90 % de la prueba del MP.
En esta etapa deben sintetizar los 15 000 folios de la prueba y los 300 escritos de la acusación. El MP prevé para mayo concluya el debate.
“Todos estos años he aprendido a despojarme del chaleco del MP para compartir con mi familia, compartir cada minuto con mis hijos, para sobrellevar esto. Y ya, al siguiente día, dejar mi traje de Edgar Gómez, padre y esposo en casa para usar la vestimenta de fiscal”, enfatizó mientras revisaba un documento en el celular.
Por último, añadió: “Hay una tarea, se debe recalcar la importancia de clarificar la situación en que estaban las niñas en el Hogar Seguro; hay una visión errónea y existe desconocimiento de que las niñas que estaban ahí institucionalizadas eran personas víctimas. Que estaban precisamente para que el Estado procurara su acogimiento y abrigo”.
