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Mirna Montenegro: "falta voluntad política para atender los embarazados de las niñas víctimas”

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Glenda Sanchez
14 de mayo, 2025

Mirna Montenegro, directora ejecutiva del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), confirma que durante más de 10 años la tendencia de los embarazos en niñas violadas se mantiene. Asegura que el mayor reto es operativizar (sic) el marco legal para evitar las agresiones, apoyar y atender a las víctimas y sus hijos.

¿Existe una alza en la cantidad de niñas madres violadas?

— Desde 2013, realizamos monitoreos de los casos y el marco legal. Desde esa época vemos de 2000 hasta 2300 nacimientos en niñas menores de 15 años. Es una tendencia hasta 2024. Se ha dicho que entre 2020 y 2021 disminuyeron, y nosotros consideramos que no. Creemos que la violencia sexual se incrementó por el confinamiento.

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¿Cuáles son las principales causas de las agresiones? 

— El machismo, la pobreza, el poco acceso a la educación. Podríamos decir que casi el 98 % de las niñas estudian la primaria, pero no siguen los básicos. Aun si la niña quisiera seguir los estudios, no hay institutos cerca. Otro aspecto son las prácticas culturales (sic), las niñas son comprometidas o entregadas a cambio de algún bien o por conveniencia.  

¿Las limitaciones de las niñas empeoran después de tener a sus bebés?   

— Sí. Muchas abandonan la escuela, no reciben atención médica, aporte o apoyo para trabajar. Por ejemplo, hay niñas que están en la escuela y el sistema no les permite volver. Aunque la ley dice que ninguna debe ser retirada de la escuela, la misma discriminación, el embarazo y el estado de salud las obligan.  

¿Qué pasa con las rutas de atención? 

— La ruta la lidera la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata. Pero participan varias entidades. El Ministerio de Salud y Asistencia Social, es la ventana más importante para obtener la información. En todos los hospitales hay clínica de violencia sexual, que se identifica como Clínica 1. Los principales objetivos del protocolo son velar que no enferme o muera por causa del embarazo, presentar la denuncia en el MP y notificar a la PGN. Hay limitantes en el marco de la estructura, pero falta de voluntad política para buscar soluciones.

¿Considera avances, a pesar de la tendencia? 

— Sí, en los marcos legales. Antes, las niñas menores de 14 años las casaban con adolescentes de 16, solo con la autorización de sus papás. Eso ha cambiado. Ahora solo pueden contraer matrimonio civil los mayores de 18 años.  Pero falta que la ley se pueda cumplir.

¿En qué se debe trabajar? 

— Priorizar el marco de atención de las víctimas de violencia sexual y el marco de la prevención. Es prioridad el trabajo con las familias y con la comunidad. Tiene que haber un mayor involucramiento de los actores locales. En el caso del sistema de justicia, se necesita mayor aporte y reestructuración. Una informe detalla que, del 2018, para el 2024, el 1 % de todos los casos denunciados son los que llegan a juicio. Hemos visto que un caso de violencia sexual puede tardar entre 4 y 5 años para llegar a sentencia.

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Mirna Montenegro: "falta voluntad política para atender los embarazados de las niñas víctimas”

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Glenda Sanchez
14 de mayo, 2025

Mirna Montenegro, directora ejecutiva del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), confirma que durante más de 10 años la tendencia de los embarazos en niñas violadas se mantiene. Asegura que el mayor reto es operativizar (sic) el marco legal para evitar las agresiones, apoyar y atender a las víctimas y sus hijos.

¿Existe una alza en la cantidad de niñas madres violadas?

— Desde 2013, realizamos monitoreos de los casos y el marco legal. Desde esa época vemos de 2000 hasta 2300 nacimientos en niñas menores de 15 años. Es una tendencia hasta 2024. Se ha dicho que entre 2020 y 2021 disminuyeron, y nosotros consideramos que no. Creemos que la violencia sexual se incrementó por el confinamiento.

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¿Cuáles son las principales causas de las agresiones? 

— El machismo, la pobreza, el poco acceso a la educación. Podríamos decir que casi el 98 % de las niñas estudian la primaria, pero no siguen los básicos. Aun si la niña quisiera seguir los estudios, no hay institutos cerca. Otro aspecto son las prácticas culturales (sic), las niñas son comprometidas o entregadas a cambio de algún bien o por conveniencia.  

¿Las limitaciones de las niñas empeoran después de tener a sus bebés?   

— Sí. Muchas abandonan la escuela, no reciben atención médica, aporte o apoyo para trabajar. Por ejemplo, hay niñas que están en la escuela y el sistema no les permite volver. Aunque la ley dice que ninguna debe ser retirada de la escuela, la misma discriminación, el embarazo y el estado de salud las obligan.  

¿Qué pasa con las rutas de atención? 

— La ruta la lidera la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata. Pero participan varias entidades. El Ministerio de Salud y Asistencia Social, es la ventana más importante para obtener la información. En todos los hospitales hay clínica de violencia sexual, que se identifica como Clínica 1. Los principales objetivos del protocolo son velar que no enferme o muera por causa del embarazo, presentar la denuncia en el MP y notificar a la PGN. Hay limitantes en el marco de la estructura, pero falta de voluntad política para buscar soluciones.

¿Considera avances, a pesar de la tendencia? 

— Sí, en los marcos legales. Antes, las niñas menores de 14 años las casaban con adolescentes de 16, solo con la autorización de sus papás. Eso ha cambiado. Ahora solo pueden contraer matrimonio civil los mayores de 18 años.  Pero falta que la ley se pueda cumplir.

¿En qué se debe trabajar? 

— Priorizar el marco de atención de las víctimas de violencia sexual y el marco de la prevención. Es prioridad el trabajo con las familias y con la comunidad. Tiene que haber un mayor involucramiento de los actores locales. En el caso del sistema de justicia, se necesita mayor aporte y reestructuración. Una informe detalla que, del 2018, para el 2024, el 1 % de todos los casos denunciados son los que llegan a juicio. Hemos visto que un caso de violencia sexual puede tardar entre 4 y 5 años para llegar a sentencia.

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