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Magistrados del TSE acuden a audencia por el caso TREP

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Isabel Ortiz
13 de febrero, 2026
Cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalados en el caso TREP, acudieron al Juzgado Segundo Penal para una diligencia vinculada al proceso. La audiencia se desarrolló sin la presencia del fiscal del Ministerio Público (MP), quien presentó excusa. El juez cuestionó la ausencia de agentes y la coordinación institucional.
 
Es noticia. La diligencia se llevó a cabo en el Juzgado Segundo Penal en el marco del caso TREP, que investiga la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares durante las elecciones generales. Los magistrados comparecieron, pero el MP no estuvo presente.
  • El fiscal asignado no asistió porque tenía otra audiencia en Mixco, según la explicación oficial presentada ante el juzgado.
  • El MP solicitó reprogramar la audiencia, argumentando que debía atender un caso en el Juzgado Tercero Penal, ubicado en el mismo nivel del edificio judicial.
  • El juez cuestionó si la institución cuenta con suficientes fiscales para diligencias como un eventual allanamiento al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), debido a que ningún agente se presentó. La audiencia quedó marcada por los señalamientos del juez hacia la falta de representación fiscal, lo que podría retrasar el avance del proceso.
 
Qué destacar. El caso TREP se originó tras denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación y funcionamiento del sistema informático utilizado para la transmisión preliminar de resultados electorales. El MP abrió una investigación que incluye a magistrados titulares del TSE.
  • La investigación se centra en posibles anomalías administrativas y penales relacionadas con la adquisición del sistema y su implementación durante el proceso electoral.
  • El TREP no sustituye el escrutinio oficial; su función es agilizar la publicación preliminar de resultados la noche de la elección.
  • Organizaciones civiles y observadores internacionales señalaron que el sistema cumplió su objetivo informativo, aunque el MP sostiene que existen indicios que deben esclarecerse. El proceso ha generado debate sobre la autonomía electoral y los límites de la persecución penal en decisiones administrativas.
 
Hemeroteca. El caso TREP se suma a una serie de acciones judiciales emprendidas tras las elecciones generales, en un contexto de alta polarización política. El proceso ha sido observado de cerca por distintos sectores.
  • En 2023 y 2024, varias decisiones del TSE fueron objeto de denuncias penales que derivaron en investigaciones contra funcionarios electorales.
  • El papel del Organismo Judicial ha sido clave en la tramitación de recursos y medidas relacionadas con el proceso electoral.
  • Analistas han advertido que la judicialización de decisiones electorales puede incidir en la estabilidad institucional y en la confianza ciudadana. La continuidad del caso dependerá de la reprogramación de la audiencia y de la comparecencia efectiva del MP en próximas diligencias, en un proceso que sigue bajo escrutinio público.

Magistrados del TSE acuden a audencia por el caso TREP

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Isabel Ortiz
13 de febrero, 2026
Cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalados en el caso TREP, acudieron al Juzgado Segundo Penal para una diligencia vinculada al proceso. La audiencia se desarrolló sin la presencia del fiscal del Ministerio Público (MP), quien presentó excusa. El juez cuestionó la ausencia de agentes y la coordinación institucional.
 
Es noticia. La diligencia se llevó a cabo en el Juzgado Segundo Penal en el marco del caso TREP, que investiga la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares durante las elecciones generales. Los magistrados comparecieron, pero el MP no estuvo presente.
  • El fiscal asignado no asistió porque tenía otra audiencia en Mixco, según la explicación oficial presentada ante el juzgado.
  • El MP solicitó reprogramar la audiencia, argumentando que debía atender un caso en el Juzgado Tercero Penal, ubicado en el mismo nivel del edificio judicial.
  • El juez cuestionó si la institución cuenta con suficientes fiscales para diligencias como un eventual allanamiento al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), debido a que ningún agente se presentó. La audiencia quedó marcada por los señalamientos del juez hacia la falta de representación fiscal, lo que podría retrasar el avance del proceso.
 
Qué destacar. El caso TREP se originó tras denuncias sobre supuestas irregularidades en la contratación y funcionamiento del sistema informático utilizado para la transmisión preliminar de resultados electorales. El MP abrió una investigación que incluye a magistrados titulares del TSE.
  • La investigación se centra en posibles anomalías administrativas y penales relacionadas con la adquisición del sistema y su implementación durante el proceso electoral.
  • El TREP no sustituye el escrutinio oficial; su función es agilizar la publicación preliminar de resultados la noche de la elección.
  • Organizaciones civiles y observadores internacionales señalaron que el sistema cumplió su objetivo informativo, aunque el MP sostiene que existen indicios que deben esclarecerse. El proceso ha generado debate sobre la autonomía electoral y los límites de la persecución penal en decisiones administrativas.
 
Hemeroteca. El caso TREP se suma a una serie de acciones judiciales emprendidas tras las elecciones generales, en un contexto de alta polarización política. El proceso ha sido observado de cerca por distintos sectores.
  • En 2023 y 2024, varias decisiones del TSE fueron objeto de denuncias penales que derivaron en investigaciones contra funcionarios electorales.
  • El papel del Organismo Judicial ha sido clave en la tramitación de recursos y medidas relacionadas con el proceso electoral.
  • Analistas han advertido que la judicialización de decisiones electorales puede incidir en la estabilidad institucional y en la confianza ciudadana. La continuidad del caso dependerá de la reprogramación de la audiencia y de la comparecencia efectiva del MP en próximas diligencias, en un proceso que sigue bajo escrutinio público.

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