EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luis Motta y Jorge Lemus presuntamente han operado durante más de una década una red de despojos de tierras dentro de la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado (OCRET).
Según documentación obtenida por esta redacción, actualmente buscan apropiarse de un inmueble ubicado en Río Dulce, arrendado legalmente desde 2003. Utilizan mecanismos ya conocidos: falsificación de documentos, manipulación de expedientes y, ahora, amenazas directas de usar la fuerza para tomar posesión. La legítima arrendataria ha recibido advertencias de que será desalojada violentamente si no entrega el inmueble, pese a que su posesión es continua, legal y respaldada por contrato.
Este caso, sin embargo, no es un hecho aislado. Fuentes internas y externas coinciden en que dentro de OCRET han operado varias redes de corrupción durante décadas, cada una con sus propios actores, pero con patrones similares: adjudicaciones ilegales, contratos duplicados y cesiones irregulares. La estructura encabezada por Motta y Lemus, es solo una de las más activas y persistentes.
A pesar de la gravedad del caso y de que las nuevas autoridades de OCRET tienen conocimiento del expediente, no han tomado medidas concretas para frenarlo.
Fraude desde adentro: OCRET otorgó el mismo terreno pese a contrato vigente
La afectada, Holly Ann Wilmeth Serverian es un ejemplo de que lo que ocurre dentro de la entidad. Obtuvo el arrendamiento legítimo del inmueble desde el 2003 en la aldea Las Camelias, Río Dulce, con un contrato de 15 años otorgado por OCRET conforme a ley. En 2018 solicitó la prórroga y se verificó en inspección oficial que mantiene la posesión del terreno.
Sin embargo, en una revisión del expediente surgió que en 2012, OCRET otorgó el mismo terreno a otra persona: José Eduardo Lima Soto, a través del expediente 2011-1171. Este contrato fue firmado nueve años después del contrato original y mientras este aún estaba vigente, lo que viola flagrantemente la ley.
El contrato a favor de Lima Soto se hizo bajo la dirección de David Carías Salazar —entonces jefe de OCRET— y fue autorizado por el notario Jorge Alberto Montes Mendoza, ambos vinculados con múltiples irregularidades en ese período.
Posteriormente, Lima Soto cedió el contrato y supuestas mejoras a terceros, incluyendo a Julio Eduardo Lago Brunner en 2015, y finalmente a Silvia Patricia León Pérez en 2017, en lo que parece ser una cadena de cesiones irregulares construidas sobre un contrato nulo desde su origen.
El rol de OCRET y la sospechosa permanencia de funcionarios clave
Aunque OCRET ha tenido ocho directores diferentes desde 2003, la Secretaría General de la institución —encabezada por el abogado Joaquín Lorenzo Bámaca González— ha permanecido inalterada durante todo ese tiempo, incluyendo el período en que se otorgó el contrato fraudulento.
Esta dependencia, encargada de la tramitación de arrendamientos y del control jurídico-administrativo interno, no ha impulsado la nulidad del contrato duplicado, ni ha trasladado el caso al Ministerio Público, pese a tener en sus manos los documentos que prueban que se adjudicó ilegalmente una propiedad ya arrendada. La continuidad de Bámaca González en el cargo, desde el origen mismo del expediente hasta hoy, genera serias dudas sobre su rol dentro de este y otros casos similares.
El patrón: corrupción institucional combinada con violencia
El caso también revela el modus operandi recurrente de estas redes: se utilizan documentos falsificados, planos adulterados y trámites exprés para fabricar un contrato ilegal, que luego se cede y revende a terceros, quienes en muchos casos ni siquiera tienen posesión física del terreno. Cuando el proceso legal fracasa o se traba, se recurre a la intimidación directa y las amenazas de ocupación violenta.
Este es precisamente el escenario actual: Motta y Lemus han advertido que entrarán por la fuerza si no se entrega el inmueble, pese a que la legítima arrendataria ha cumplido con todos los requisitos legales y conserva la posesión ininterrumpida desde hace más de 20 años.
Autoridades actuales: pasividad o complicidad
Aunque el caso ha sido documentado y presentado formalmente ante las autoridades de OCRET, y pese a que se solicitó su intervención directa, no ha habido avances tangibles. Ni se ha resuelto el proceso administrativo, ni se ha denunciado penalmente a los involucrados por las autoridades.
Fuentes cercanas a la institución señalan que existe un ambiente de protección mutua entre funcionarios de vieja data, que han sobrevivido a los cambios de gobierno y continúan bloqueando la resolución de expedientes como este.
Mientras tanto, la arrendataria legítima se mantiene en una situación de vulnerabilidad jurídica y física, expuesta a un despojo violento, con el agravante de que las amenazas provienen de una red que ha operado impunemente desde hace más de una década.
Luis Motta y Jorge Lemus presuntamente han operado durante más de una década una red de despojos de tierras dentro de la Oficina de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado (OCRET).
Según documentación obtenida por esta redacción, actualmente buscan apropiarse de un inmueble ubicado en Río Dulce, arrendado legalmente desde 2003. Utilizan mecanismos ya conocidos: falsificación de documentos, manipulación de expedientes y, ahora, amenazas directas de usar la fuerza para tomar posesión. La legítima arrendataria ha recibido advertencias de que será desalojada violentamente si no entrega el inmueble, pese a que su posesión es continua, legal y respaldada por contrato.
Este caso, sin embargo, no es un hecho aislado. Fuentes internas y externas coinciden en que dentro de OCRET han operado varias redes de corrupción durante décadas, cada una con sus propios actores, pero con patrones similares: adjudicaciones ilegales, contratos duplicados y cesiones irregulares. La estructura encabezada por Motta y Lemus, es solo una de las más activas y persistentes.
A pesar de la gravedad del caso y de que las nuevas autoridades de OCRET tienen conocimiento del expediente, no han tomado medidas concretas para frenarlo.
Fraude desde adentro: OCRET otorgó el mismo terreno pese a contrato vigente
La afectada, Holly Ann Wilmeth Serverian es un ejemplo de que lo que ocurre dentro de la entidad. Obtuvo el arrendamiento legítimo del inmueble desde el 2003 en la aldea Las Camelias, Río Dulce, con un contrato de 15 años otorgado por OCRET conforme a ley. En 2018 solicitó la prórroga y se verificó en inspección oficial que mantiene la posesión del terreno.
Sin embargo, en una revisión del expediente surgió que en 2012, OCRET otorgó el mismo terreno a otra persona: José Eduardo Lima Soto, a través del expediente 2011-1171. Este contrato fue firmado nueve años después del contrato original y mientras este aún estaba vigente, lo que viola flagrantemente la ley.
El contrato a favor de Lima Soto se hizo bajo la dirección de David Carías Salazar —entonces jefe de OCRET— y fue autorizado por el notario Jorge Alberto Montes Mendoza, ambos vinculados con múltiples irregularidades en ese período.
Posteriormente, Lima Soto cedió el contrato y supuestas mejoras a terceros, incluyendo a Julio Eduardo Lago Brunner en 2015, y finalmente a Silvia Patricia León Pérez en 2017, en lo que parece ser una cadena de cesiones irregulares construidas sobre un contrato nulo desde su origen.
El rol de OCRET y la sospechosa permanencia de funcionarios clave
Aunque OCRET ha tenido ocho directores diferentes desde 2003, la Secretaría General de la institución —encabezada por el abogado Joaquín Lorenzo Bámaca González— ha permanecido inalterada durante todo ese tiempo, incluyendo el período en que se otorgó el contrato fraudulento.
Esta dependencia, encargada de la tramitación de arrendamientos y del control jurídico-administrativo interno, no ha impulsado la nulidad del contrato duplicado, ni ha trasladado el caso al Ministerio Público, pese a tener en sus manos los documentos que prueban que se adjudicó ilegalmente una propiedad ya arrendada. La continuidad de Bámaca González en el cargo, desde el origen mismo del expediente hasta hoy, genera serias dudas sobre su rol dentro de este y otros casos similares.
El patrón: corrupción institucional combinada con violencia
El caso también revela el modus operandi recurrente de estas redes: se utilizan documentos falsificados, planos adulterados y trámites exprés para fabricar un contrato ilegal, que luego se cede y revende a terceros, quienes en muchos casos ni siquiera tienen posesión física del terreno. Cuando el proceso legal fracasa o se traba, se recurre a la intimidación directa y las amenazas de ocupación violenta.
Este es precisamente el escenario actual: Motta y Lemus han advertido que entrarán por la fuerza si no se entrega el inmueble, pese a que la legítima arrendataria ha cumplido con todos los requisitos legales y conserva la posesión ininterrumpida desde hace más de 20 años.
Autoridades actuales: pasividad o complicidad
Aunque el caso ha sido documentado y presentado formalmente ante las autoridades de OCRET, y pese a que se solicitó su intervención directa, no ha habido avances tangibles. Ni se ha resuelto el proceso administrativo, ni se ha denunciado penalmente a los involucrados por las autoridades.
Fuentes cercanas a la institución señalan que existe un ambiente de protección mutua entre funcionarios de vieja data, que han sobrevivido a los cambios de gobierno y continúan bloqueando la resolución de expedientes como este.
Mientras tanto, la arrendataria legítima se mantiene en una situación de vulnerabilidad jurídica y física, expuesta a un despojo violento, con el agravante de que las amenazas provienen de una red que ha operado impunemente desde hace más de una década.
