EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En mayo de 2024 se cumplieron 16 años de vigencia de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer; sin embargo, durante este tiempo son evidentes algunas perversiones en el cumplimiento de dicha normativa. Destaca el tema de la igualdad de la atención para las víctimas y el seguimiento de los casos.
- También, se menciona la instrumentalización para evadir la fiscalización y bloquear el acceso a la información a periodistas. Muchos de estos casos se vinculan a funcionarias, familiares de funcionarios y exfuncionarias.
En perspectiva. En 2008, el Congreso de la República aprobó la ley para garantizar la vida, la libertad, la integridad, la protección y la igualdad de todas las mujeres.
- Pocos años después de entrar en vigor, las instituciones implementaron los programas para atender los casos y acciones orientadas para erradicar la violencia física, sexual, psicología y económica —fiscalías y juzgados especializados, capacitación y asistencia integral a las víctimas—.
- Pero algunas exfuncionarias y funcionarias han utilizado la norma para blindarse de la fiscalización, o bien, alejar a periodistas que las incomodan por investigaciones.
- El caso más reciente es contra un reportero de un medio escrito. Se habla que las medidas fueron solicitadas por una funcionaria. El MP confirmó el caso, sin dar mayores detalles.
Entre líneas. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 30 de noviembre el Día del Periodista, razón propicia para analizar la importancia, los abusos y los retos de la ley.
- De enero a octubre se han registrado 44 067 denuncias. En ese mismo periodo, el Organismo Judicial (OJ) reporta 7825 casos nuevos. Del total, 3358 —42 %— fueron desestimados por diferentes razones. De todas las denuncias, solo el 17 % ingresó a los juzgados.
- Expertos explican que muchos de los casos en el OJ no son denuncias que ingresaron en 2024, si no son de otros periodos, porque se estancaron por determinadas circunstancias. Asimismo, no sorprende que casos relacionados con funcionarias, diputadas, empleados, familiares de funcionarios o exfuncionarios se resuelvan de manera ágil en los juzgados y Salas de Apelaciones.
- “Se aprovechan de su condición de mujer, victimizándose. Retuercen la normativa para evitar la rendición de cuentas y la auditoría social. Las denuncias pretenden obstaculizar la investigación periodística, el acceso a la información y criminalizar a quienes investigan actos de corrupción. Es un abuso del poder público que no se respeta la vida y la lucha contra la violencia y la discriminación”, declara Mirna Montenegro, directora ejecutiva de OSAR.
Hemeroteca. Archivos periodísticos revelan casos en que excandidatas, exfuncionarias y familiares de algunas exfuncionarias han recurrido a la ley para blindarse contra la fiscalización.
- En 2014, la exvicepresidenta Roxana Baldetti presentó una denuncia por violencia contra la mujer en contra del director del extinto El Periódico; en 2018 Sandra Jovel, entonces ministra de Relaciones Exteriores, por lesiones sicológicas, contra el director del mismo medio. Presuntamente, habrían sido por artículos críticos contra ellas.
- En 2019, la excandidata presidencial, Sandra Torres, denunció a varios editores —nuevamente, del mismo medio— y en agosto de 2021, Mayra Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima (IV) denunció a directivos de La Hora, por las publicaciones sobre su gestión pública.
- La exdirectora del IV logró medidas de seguridad al recurrir a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Ese mismo año, Joselyn Mérida, exdirectora de Comunicación Social del Congreso, denunció a dos periodistas por violencia sicológica.
- El 21 de mayo del 2021, María Luisa Morales y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, también denunciaron a dos reporteros por coacción y violencia sicológica. La mayoría de los casos se resolvieron de manera acelerada y lograron las medidas.
En conclusión. La ley busca garantizar la vida, la integridad y la igualdad de las mujeres; es evidente que con los años se ha abusado e instrumentalizado para beneficios personales, evadir la fiscalización y para intimidar a quienes ejercen el derecho a la libre expresión. Todo ello, en detrimento de genuinas víctimas de violencia.
- Es imperativo el buen uso de la norma; muchas mujeres víctimas están en riesgo de que los delitos contenidos no se utilicen de manera incorrecta y que el sistema de justicia no se preste a manipulaciones.
En mayo de 2024 se cumplieron 16 años de vigencia de la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer; sin embargo, durante este tiempo son evidentes algunas perversiones en el cumplimiento de dicha normativa. Destaca el tema de la igualdad de la atención para las víctimas y el seguimiento de los casos.
- También, se menciona la instrumentalización para evadir la fiscalización y bloquear el acceso a la información a periodistas. Muchos de estos casos se vinculan a funcionarias, familiares de funcionarios y exfuncionarias.
En perspectiva. En 2008, el Congreso de la República aprobó la ley para garantizar la vida, la libertad, la integridad, la protección y la igualdad de todas las mujeres.
- Pocos años después de entrar en vigor, las instituciones implementaron los programas para atender los casos y acciones orientadas para erradicar la violencia física, sexual, psicología y económica —fiscalías y juzgados especializados, capacitación y asistencia integral a las víctimas—.
- Pero algunas exfuncionarias y funcionarias han utilizado la norma para blindarse de la fiscalización, o bien, alejar a periodistas que las incomodan por investigaciones.
- El caso más reciente es contra un reportero de un medio escrito. Se habla que las medidas fueron solicitadas por una funcionaria. El MP confirmó el caso, sin dar mayores detalles.
Entre líneas. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 30 de noviembre el Día del Periodista, razón propicia para analizar la importancia, los abusos y los retos de la ley.
- De enero a octubre se han registrado 44 067 denuncias. En ese mismo periodo, el Organismo Judicial (OJ) reporta 7825 casos nuevos. Del total, 3358 —42 %— fueron desestimados por diferentes razones. De todas las denuncias, solo el 17 % ingresó a los juzgados.
- Expertos explican que muchos de los casos en el OJ no son denuncias que ingresaron en 2024, si no son de otros periodos, porque se estancaron por determinadas circunstancias. Asimismo, no sorprende que casos relacionados con funcionarias, diputadas, empleados, familiares de funcionarios o exfuncionarios se resuelvan de manera ágil en los juzgados y Salas de Apelaciones.
- “Se aprovechan de su condición de mujer, victimizándose. Retuercen la normativa para evitar la rendición de cuentas y la auditoría social. Las denuncias pretenden obstaculizar la investigación periodística, el acceso a la información y criminalizar a quienes investigan actos de corrupción. Es un abuso del poder público que no se respeta la vida y la lucha contra la violencia y la discriminación”, declara Mirna Montenegro, directora ejecutiva de OSAR.
Hemeroteca. Archivos periodísticos revelan casos en que excandidatas, exfuncionarias y familiares de algunas exfuncionarias han recurrido a la ley para blindarse contra la fiscalización.
- En 2014, la exvicepresidenta Roxana Baldetti presentó una denuncia por violencia contra la mujer en contra del director del extinto El Periódico; en 2018 Sandra Jovel, entonces ministra de Relaciones Exteriores, por lesiones sicológicas, contra el director del mismo medio. Presuntamente, habrían sido por artículos críticos contra ellas.
- En 2019, la excandidata presidencial, Sandra Torres, denunció a varios editores —nuevamente, del mismo medio— y en agosto de 2021, Mayra Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima (IV) denunció a directivos de La Hora, por las publicaciones sobre su gestión pública.
- La exdirectora del IV logró medidas de seguridad al recurrir a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Ese mismo año, Joselyn Mérida, exdirectora de Comunicación Social del Congreso, denunció a dos periodistas por violencia sicológica.
- El 21 de mayo del 2021, María Luisa Morales y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre y hermana de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, también denunciaron a dos reporteros por coacción y violencia sicológica. La mayoría de los casos se resolvieron de manera acelerada y lograron las medidas.
En conclusión. La ley busca garantizar la vida, la integridad y la igualdad de las mujeres; es evidente que con los años se ha abusado e instrumentalizado para beneficios personales, evadir la fiscalización y para intimidar a quienes ejercen el derecho a la libre expresión. Todo ello, en detrimento de genuinas víctimas de violencia.
- Es imperativo el buen uso de la norma; muchas mujeres víctimas están en riesgo de que los delitos contenidos no se utilicen de manera incorrecta y que el sistema de justicia no se preste a manipulaciones.
