EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El periodismo responsable es respetar y utilizar las herramientas incluidas en la Constitución y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (LAIP), con la finalidad de fiscalizar, investigar e informar a la población. Sin embargo, algunas instituciones o funcionarios le temen a la fiscalización, u olvidan la norma —consciente o inconsciente—.
- Los factores comunes son limitar el trabajo periodístico, restringir la participación de los periodistas a las actividades, condicionar las preguntas y la participación en las conferencias de prensa.
En perspectiva. En Guatemala, las cifras de denuncias de periodistas por determinados incidentes no coinciden. Para muestra un botón. La Fiscalía de Protección al Periodista reporta de enero a octubre 59 denuncias y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha registrado tan solo 10, en el mismo periodo.
- Mientras, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) establece que durante la administración de Alejandro Giammattei se recibieron 125, un promedio de 25 casos por año. El fenómeno es similar durante las gestiones de los exmandatarios Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.
- Las diferentes asociaciones indican que existe una lista negra —la cifra podría duplicarse— por temor, amenazas, coacción, tiempo o dinero para llevar los procesos, entre otras causas.
- Entre el subregistro resaltan los casos donde las instituciones impiden el ingreso, las preguntas y la participación de los reporteros. Sin olvidar, aquellos que se escudan y mal utilizan la LAIP.
Visto y no visto. Durante 2024, en el Organismo Ejecutivo —ministerios, secretarias y consejos— hay algunos directores de Comunicación, que exigen la nota periodística antes que se publique, argumentan que es para evitar que se tergiverse la información. En los casos que ocurrieron, no se accedió.
- Además, en las conferencias de prensa del Gabinete de Gobierno se limita la participación de los periodistas: no pueden ser más de cinco los participantes. Advierten que, aunque participen tres ministros, solo se pueden hacer preguntas a dos funcionarios, entre otras excusas.
- Mientras, en el Organismo Judicial (OJ) en la administración de 2015-2019 se restringió el paso a los periodistas en el segundo nivel —allí se encuentran las oficinas de los magistrados—. Poco después, se redujo la medida. En la actualidad, se denuncia en redes sociales que los juzgados limitan la permanencia de los reporteros por espacio.
- Sumado a esas complicaciones, solicitar información en la Unidad de Información Pública del OJ, es más complejo: llamar para recordar que se envió una solicitud, solicitan el DPI luego de recibida la petición y no coinciden los datos — se requirieron con un mes de diferencia los mismos datos.
Qué destacar. En el Congreso, algunos de los diputados evitan dar declaraciones, piden que los reporteros consulten a los asesores o asistentes, otros no contestan los celulares o dejan en visto los mensajes, aunque es de las pocas instituciones bien calificadas en la implementación del portal electrónico, según la PDH.
- Es oportuno hablar del desempeño del Ministerio Público (MP). Es recurrente que los enlaces de comunicación no respondan las llamadas, se excusan que tienen otra asignación de campo. Además, no se agilizan las entrevistas con los titulares de las fiscalías. Desde hace cuatro meses, República solicitó entrevistas con los titulares de las fiscalías contra la Corrupción y la FECI; no se ha tenido respuesta.
- Hace unas semanas, se incrementaron las medidas para los periodistas que ingresan a la sede del edificio central del MP. Los agentes de seguridad solicitan la credencial y advierten no poder ingresar cámaras de video o fotográficas sin acompañamiento del personal del departamento de Comunicación. El mismo requisito se debe hacer si el periodista requiere una foto de las instalaciones del MP.
- Además, el mecanismo para solicitar datos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene inconvenientes: hay que llamar para verificar si el correo con la solicitud llegó; antes era automático. Desde la planta central del MP advierten que la extensión de la unidad no responde. “El problema que tenemos es que las bandejas se llenan, se debe actualizar constantemente para que ingresen los nuevos correos electrónicos”, argumentan.
En conclusión. Este 30 de noviembre se conmemora el Día del Periodista, fecha propicia para recordar a las instituciones que el artículo 30 de la Constitución es claro, al establecer que todos los actos de la administración son públicos.
- Y el artículo 35 recalca: “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.
El periodismo responsable es respetar y utilizar las herramientas incluidas en la Constitución y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (LAIP), con la finalidad de fiscalizar, investigar e informar a la población. Sin embargo, algunas instituciones o funcionarios le temen a la fiscalización, u olvidan la norma —consciente o inconsciente—.
- Los factores comunes son limitar el trabajo periodístico, restringir la participación de los periodistas a las actividades, condicionar las preguntas y la participación en las conferencias de prensa.
En perspectiva. En Guatemala, las cifras de denuncias de periodistas por determinados incidentes no coinciden. Para muestra un botón. La Fiscalía de Protección al Periodista reporta de enero a octubre 59 denuncias y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha registrado tan solo 10, en el mismo periodo.
- Mientras, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) establece que durante la administración de Alejandro Giammattei se recibieron 125, un promedio de 25 casos por año. El fenómeno es similar durante las gestiones de los exmandatarios Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.
- Las diferentes asociaciones indican que existe una lista negra —la cifra podría duplicarse— por temor, amenazas, coacción, tiempo o dinero para llevar los procesos, entre otras causas.
- Entre el subregistro resaltan los casos donde las instituciones impiden el ingreso, las preguntas y la participación de los reporteros. Sin olvidar, aquellos que se escudan y mal utilizan la LAIP.
Visto y no visto. Durante 2024, en el Organismo Ejecutivo —ministerios, secretarias y consejos— hay algunos directores de Comunicación, que exigen la nota periodística antes que se publique, argumentan que es para evitar que se tergiverse la información. En los casos que ocurrieron, no se accedió.
- Además, en las conferencias de prensa del Gabinete de Gobierno se limita la participación de los periodistas: no pueden ser más de cinco los participantes. Advierten que, aunque participen tres ministros, solo se pueden hacer preguntas a dos funcionarios, entre otras excusas.
- Mientras, en el Organismo Judicial (OJ) en la administración de 2015-2019 se restringió el paso a los periodistas en el segundo nivel —allí se encuentran las oficinas de los magistrados—. Poco después, se redujo la medida. En la actualidad, se denuncia en redes sociales que los juzgados limitan la permanencia de los reporteros por espacio.
- Sumado a esas complicaciones, solicitar información en la Unidad de Información Pública del OJ, es más complejo: llamar para recordar que se envió una solicitud, solicitan el DPI luego de recibida la petición y no coinciden los datos — se requirieron con un mes de diferencia los mismos datos.
Qué destacar. En el Congreso, algunos de los diputados evitan dar declaraciones, piden que los reporteros consulten a los asesores o asistentes, otros no contestan los celulares o dejan en visto los mensajes, aunque es de las pocas instituciones bien calificadas en la implementación del portal electrónico, según la PDH.
- Es oportuno hablar del desempeño del Ministerio Público (MP). Es recurrente que los enlaces de comunicación no respondan las llamadas, se excusan que tienen otra asignación de campo. Además, no se agilizan las entrevistas con los titulares de las fiscalías. Desde hace cuatro meses, República solicitó entrevistas con los titulares de las fiscalías contra la Corrupción y la FECI; no se ha tenido respuesta.
- Hace unas semanas, se incrementaron las medidas para los periodistas que ingresan a la sede del edificio central del MP. Los agentes de seguridad solicitan la credencial y advierten no poder ingresar cámaras de video o fotográficas sin acompañamiento del personal del departamento de Comunicación. El mismo requisito se debe hacer si el periodista requiere una foto de las instalaciones del MP.
- Además, el mecanismo para solicitar datos a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública tiene inconvenientes: hay que llamar para verificar si el correo con la solicitud llegó; antes era automático. Desde la planta central del MP advierten que la extensión de la unidad no responde. “El problema que tenemos es que las bandejas se llenan, se debe actualizar constantemente para que ingresen los nuevos correos electrónicos”, argumentan.
En conclusión. Este 30 de noviembre se conmemora el Día del Periodista, fecha propicia para recordar a las instituciones que el artículo 30 de la Constitución es claro, al establecer que todos los actos de la administración son públicos.
- Y el artículo 35 recalca: “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.
