EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En un golpe demoledor para la credibilidad del sistema judicial español, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de EUR 7200 y una indemnización de EUR 10 000 por revelación de secretos. Esta sentencia —inédita para un alto cargo de su rango— marca un punto de inflexión en la percepción de la independencia judicial bajo el gobierno de Pedro Sánchez.
García Ortiz, nombrado por el Ejecutivo socialista en 2022, fue hallado culpable de filtrar datos confidenciales relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en un intento por contrarrestar acusaciones contra la Fiscalía. El caso se remonta a 2023, cuando la Fiscalía investigaba a González Amador por fraude fiscal. García Ortiz ordenó la difusión de un correo electrónico que exponía detalles personales del investigado, violando el secreto de sumario. La gravedad de la acusación radica no solo en la revelación intencionada, que socava la confidencialidad judicial, sino en los intentos posteriores por ocultar evidencias.
Durante el juicio, se comprobó que García Ortiz borró datos de sus dispositivos móviles para encubrir su implicación, un acto que agrava el delito al sugerir obstrucción a la justicia. Esta maniobra, calificada por expertos como un atentado directo contra la integridad institucional, pone en evidencia cómo un funcionario de máximo nivel priorizó intereses partidistas sobre el deber ético. Nada raro en un socialista.
El Supremo, con cinco votos a favor y dos en contra, enfatizó que tales acciones erosionan la confianza pública en la Fiscalía, convirtiéndola en un instrumento político.
Sin embargo, este escándalo no es un episodio aislado. Forma parte de una trama mucho más amplia de corrupción que envuelve a altos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el partido en el poder desde 2018 bajo el cacicazgo de Pedro Sánchez. En los últimos años, el PSOE ha enfrentado múltiples investigaciones que pintan un panorama de abuso sistemático. Por ejemplo, la trama Koldo-Ábalos, que involucra al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García, reveló un esquema de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, con sobornos que superan los millones de euros. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez, ha sido señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como receptor de pagos por intermediar en adjudicaciones amañadas, con una “tarifa” del 2 % por obra.
La corrupción no termina en García Ortiz
Esta red de corrupción se extiende al círculo familiar de Sánchez. Su hermano, David Sánchez, enfrenta procesamiento por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz. La jueza instructora acusa a David de beneficiarse de un puesto público creado ad hoc, con un salario de EUR 55 000 euros anuales, sin oposición ni méritos, en un claro caso de nepotismo. Además, se investigan irregularidades fiscales y el uso indebido de fondos públicos para actividades culturales. Este caso, que podría llevarlo al banquillo por primera vez en democracia para un familiar directo de un presidente, subraya cómo el poder se utiliza para favores personales.
No menos grave es la situación de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación de caudales públicos. El juez Juan Carlos Peinado ha prorrogado la causa hasta 2026, citando indicios de que Gómez utilizó su posición en La Moncloa para favorecer contratos millonarios a empresas amigas, como en proyectos universitarios y de innovación. Acusaciones de intrusismo profesional, por firmar informes sin titulación adecuada, agravan el expediente. La Fiscalía ha pedido archivar partes de la causa, pero el juez persiste, solicitando informes técnicos que podrían llevar a un juicio por jurado.
Ante esta avalancha de escándalos, Pedro Sánchez ni se despeina. Pese a promesas de reformas internas y auditorías en el PSOE, no ha dimitido ni convocado elecciones, optando por disculpas vagas y ataques a la oposición. En junio de 2025, admitió errores de confianza en figuras como Cerdán, pero rechazó responsabilidades directas, limitándose a perimetrar los casos como “aislados”. Sus aliados parlamentarios —separatistas catalanes, vascos y otros minoritarios— mantienen el apoyo incondicional, priorizando concesiones como amnistías y transferencias autonómicas sobre la ética pública.
Esta coalición Frankenstein, como se la denomina, sostiene el gobierno a costa de todo, ignorando el daño a las instituciones. El resultado es un gobierno socialista plagado de corrupción, donde el poder se antepone a la transparencia. Sánchez y sus socios sacrifican credibilidad por estabilidad, erosionando pilares democráticos como la justicia y la administración pública. En un país con historia de luchas contra la corrupción, este patrón evoca los peores tiempos del bipartidismo, pero con un agravante: la aparente impunidad. Si no hay un giro radical, el daño institucional podría ser irreversible, dejando a España con un legado de desconfianza que tardará décadas en reparar.
La condena a un fiscal general en España, como la desfachatez de Sánchez no tiene parangón.
En un golpe demoledor para la credibilidad del sistema judicial español, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, una multa de EUR 7200 y una indemnización de EUR 10 000 por revelación de secretos. Esta sentencia —inédita para un alto cargo de su rango— marca un punto de inflexión en la percepción de la independencia judicial bajo el gobierno de Pedro Sánchez.
García Ortiz, nombrado por el Ejecutivo socialista en 2022, fue hallado culpable de filtrar datos confidenciales relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en un intento por contrarrestar acusaciones contra la Fiscalía. El caso se remonta a 2023, cuando la Fiscalía investigaba a González Amador por fraude fiscal. García Ortiz ordenó la difusión de un correo electrónico que exponía detalles personales del investigado, violando el secreto de sumario. La gravedad de la acusación radica no solo en la revelación intencionada, que socava la confidencialidad judicial, sino en los intentos posteriores por ocultar evidencias.
Durante el juicio, se comprobó que García Ortiz borró datos de sus dispositivos móviles para encubrir su implicación, un acto que agrava el delito al sugerir obstrucción a la justicia. Esta maniobra, calificada por expertos como un atentado directo contra la integridad institucional, pone en evidencia cómo un funcionario de máximo nivel priorizó intereses partidistas sobre el deber ético. Nada raro en un socialista.
El Supremo, con cinco votos a favor y dos en contra, enfatizó que tales acciones erosionan la confianza pública en la Fiscalía, convirtiéndola en un instrumento político.
Sin embargo, este escándalo no es un episodio aislado. Forma parte de una trama mucho más amplia de corrupción que envuelve a altos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el partido en el poder desde 2018 bajo el cacicazgo de Pedro Sánchez. En los últimos años, el PSOE ha enfrentado múltiples investigaciones que pintan un panorama de abuso sistemático. Por ejemplo, la trama Koldo-Ábalos, que involucra al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García, reveló un esquema de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, con sobornos que superan los millones de euros. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Sánchez, ha sido señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como receptor de pagos por intermediar en adjudicaciones amañadas, con una “tarifa” del 2 % por obra.
La corrupción no termina en García Ortiz
Esta red de corrupción se extiende al círculo familiar de Sánchez. Su hermano, David Sánchez, enfrenta procesamiento por prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la Diputación de Badajoz. La jueza instructora acusa a David de beneficiarse de un puesto público creado ad hoc, con un salario de EUR 55 000 euros anuales, sin oposición ni méritos, en un claro caso de nepotismo. Además, se investigan irregularidades fiscales y el uso indebido de fondos públicos para actividades culturales. Este caso, que podría llevarlo al banquillo por primera vez en democracia para un familiar directo de un presidente, subraya cómo el poder se utiliza para favores personales.
No menos grave es la situación de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación de caudales públicos. El juez Juan Carlos Peinado ha prorrogado la causa hasta 2026, citando indicios de que Gómez utilizó su posición en La Moncloa para favorecer contratos millonarios a empresas amigas, como en proyectos universitarios y de innovación. Acusaciones de intrusismo profesional, por firmar informes sin titulación adecuada, agravan el expediente. La Fiscalía ha pedido archivar partes de la causa, pero el juez persiste, solicitando informes técnicos que podrían llevar a un juicio por jurado.
Ante esta avalancha de escándalos, Pedro Sánchez ni se despeina. Pese a promesas de reformas internas y auditorías en el PSOE, no ha dimitido ni convocado elecciones, optando por disculpas vagas y ataques a la oposición. En junio de 2025, admitió errores de confianza en figuras como Cerdán, pero rechazó responsabilidades directas, limitándose a perimetrar los casos como “aislados”. Sus aliados parlamentarios —separatistas catalanes, vascos y otros minoritarios— mantienen el apoyo incondicional, priorizando concesiones como amnistías y transferencias autonómicas sobre la ética pública.
Esta coalición Frankenstein, como se la denomina, sostiene el gobierno a costa de todo, ignorando el daño a las instituciones. El resultado es un gobierno socialista plagado de corrupción, donde el poder se antepone a la transparencia. Sánchez y sus socios sacrifican credibilidad por estabilidad, erosionando pilares democráticos como la justicia y la administración pública. En un país con historia de luchas contra la corrupción, este patrón evoca los peores tiempos del bipartidismo, pero con un agravante: la aparente impunidad. Si no hay un giro radical, el daño institucional podría ser irreversible, dejando a España con un legado de desconfianza que tardará décadas en reparar.
La condena a un fiscal general en España, como la desfachatez de Sánchez no tiene parangón.
