EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Juzgado liga a proceso a representante de Constructora Orellana por fraude en obra municipal de Pasaco
Por solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa ligó a proceso penal a Víctor Hugo Trabanino Orellana, propietario y representante legal de Constructora Orellana, por el delito de fraude.
Es noticia. El señalamiento está relacionado con la ejecución del proyecto “Mejoramiento calle central y drenajes, cabecera municipal, Pasaco, Jutiapa”, desarrollado entre octubre de 2017 y el 24 de agosto de 2018.
- La decisión judicial se fundamenta en indicios presentados por el Ministerio Público, los cuales señalan inconsistencias entre los avances financieros reportados y el progreso físico real de la obra.
- El proyecto reflejó un avance financiero del 91 %, mientras que el avance físico fue únicamente del 51.92 %, pese a haberse erogado un total de GTQ2 004,292.28.
- Esta discrepancia levantó alertas respecto al manejo de los recursos asignados, pues la inversión pública no se vio reflejada en las mejoras de infraestructura esperadas en el casco urbano de Pasaco.
Qué destacar. Los problemas asociados al proyecto no eran nuevos para las entidades fiscalizadoras.
- En auditorías realizadas por la Contraloría General de Cuentas se documentaron diversas irregularidades que ahora forman parte de los antecedentes del caso.
- Una visita de campo ejecutada el 1 de julio de 2020 confirmó que múltiples reparaciones reportadas en informes previos no fueron ejecutadas por Constructora Orellana, sino por personal de la municipalidad.
- La nota de auditoría incluida en la imagen, fechada 5 de julio de 2021, fue dirigida al alcalde Ottoniel Pineda Herrera y firmada por el Auditor Gubernamental Elílos Humberto y el Supervisor Gubernamental Francisco Javier Estrada Vásquez.
Sí, pero. En el documento, la Contraloría detalló que los trabajos de reparación del pavimento presentaban deficiencias previamente señaladas y no habían sido ejecutados conforme al contrato.
- También se constató físicamente que los trabajos reportados como concluidos no correspondían a la realidad observada en campo.
- Además, la municipalidad se vio obligada a contratar tres eventos adicionales para compra de materiales y arrendamiento de maquinaria, con el fin de reparar lo que debía haber ejecutado la empresa contratista.
- A ello se sumó que la fianza de cumplimiento se encontraba vencida, por lo que la aseguradora no validó el reclamo interpuesto por la municipalidad.
Punto de fricción. Estos hallazgos coinciden con los indicios señalados por el Ministerio Público y contribuyen a contextualizar la acusación penal.
- La Contraloría también recomendó rescindir el Contrato Administrativo de Obra No. 10-2017, firmado el 19 de octubre de 2017.
- La constructora no continuó los trabajos pendientes y las reparaciones efectuadas fueron realizadas con recursos municipales. La institución concluyó que no era viable mantener vigente un contrato cuyo avance físico y financiero no coincidía con la realidad observada, por lo que recomendó a la municipalidad girar instrucciones para anularlo formalmente.
- Similar criterio aparece reflejado en auditorías posteriores, donde se reiteró que el avance financiero reportado del 91 % no correspondía al estado real de la obra.
En conclusión. La decisión del órgano jurisdiccional de ligar a proceso a Trabanino constituye un paso importante hacia el esclarecimiento de las posibles responsabilidades legales relacionadas con la utilización irregular de fondos destinados a infraestructura pública.
- El Ministerio Público continuará con la recopilación de evidencia durante la etapa intermedia, con el fin de establecer si existió una acción deliberada para defraudar al Estado mediante informes inconsistentes, incumplimiento de obligaciones contractuales y avances físicos manipulados.
- El caso se suma a otras investigaciones vinculadas con obras públicas municipales en las que se han detectado disparidades significativas entre la ejecución financiera y el progreso físico real.
- Estas situaciones refuerzan la necesidad de mantener una fiscalización constante y promover la transparencia en la administración de los recursos del Estado, especialmente en proyectos de infraestructura que impactan directamente en el desarrollo de las comunidades.
Juzgado liga a proceso a representante de Constructora Orellana por fraude en obra municipal de Pasaco
Por solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Jutiapa ligó a proceso penal a Víctor Hugo Trabanino Orellana, propietario y representante legal de Constructora Orellana, por el delito de fraude.
Es noticia. El señalamiento está relacionado con la ejecución del proyecto “Mejoramiento calle central y drenajes, cabecera municipal, Pasaco, Jutiapa”, desarrollado entre octubre de 2017 y el 24 de agosto de 2018.
- La decisión judicial se fundamenta en indicios presentados por el Ministerio Público, los cuales señalan inconsistencias entre los avances financieros reportados y el progreso físico real de la obra.
- El proyecto reflejó un avance financiero del 91 %, mientras que el avance físico fue únicamente del 51.92 %, pese a haberse erogado un total de GTQ2 004,292.28.
- Esta discrepancia levantó alertas respecto al manejo de los recursos asignados, pues la inversión pública no se vio reflejada en las mejoras de infraestructura esperadas en el casco urbano de Pasaco.
Qué destacar. Los problemas asociados al proyecto no eran nuevos para las entidades fiscalizadoras.
- En auditorías realizadas por la Contraloría General de Cuentas se documentaron diversas irregularidades que ahora forman parte de los antecedentes del caso.
- Una visita de campo ejecutada el 1 de julio de 2020 confirmó que múltiples reparaciones reportadas en informes previos no fueron ejecutadas por Constructora Orellana, sino por personal de la municipalidad.
- La nota de auditoría incluida en la imagen, fechada 5 de julio de 2021, fue dirigida al alcalde Ottoniel Pineda Herrera y firmada por el Auditor Gubernamental Elílos Humberto y el Supervisor Gubernamental Francisco Javier Estrada Vásquez.
Sí, pero. En el documento, la Contraloría detalló que los trabajos de reparación del pavimento presentaban deficiencias previamente señaladas y no habían sido ejecutados conforme al contrato.
- También se constató físicamente que los trabajos reportados como concluidos no correspondían a la realidad observada en campo.
- Además, la municipalidad se vio obligada a contratar tres eventos adicionales para compra de materiales y arrendamiento de maquinaria, con el fin de reparar lo que debía haber ejecutado la empresa contratista.
- A ello se sumó que la fianza de cumplimiento se encontraba vencida, por lo que la aseguradora no validó el reclamo interpuesto por la municipalidad.
Punto de fricción. Estos hallazgos coinciden con los indicios señalados por el Ministerio Público y contribuyen a contextualizar la acusación penal.
- La Contraloría también recomendó rescindir el Contrato Administrativo de Obra No. 10-2017, firmado el 19 de octubre de 2017.
- La constructora no continuó los trabajos pendientes y las reparaciones efectuadas fueron realizadas con recursos municipales. La institución concluyó que no era viable mantener vigente un contrato cuyo avance físico y financiero no coincidía con la realidad observada, por lo que recomendó a la municipalidad girar instrucciones para anularlo formalmente.
- Similar criterio aparece reflejado en auditorías posteriores, donde se reiteró que el avance financiero reportado del 91 % no correspondía al estado real de la obra.
En conclusión. La decisión del órgano jurisdiccional de ligar a proceso a Trabanino constituye un paso importante hacia el esclarecimiento de las posibles responsabilidades legales relacionadas con la utilización irregular de fondos destinados a infraestructura pública.
- El Ministerio Público continuará con la recopilación de evidencia durante la etapa intermedia, con el fin de establecer si existió una acción deliberada para defraudar al Estado mediante informes inconsistentes, incumplimiento de obligaciones contractuales y avances físicos manipulados.
- El caso se suma a otras investigaciones vinculadas con obras públicas municipales en las que se han detectado disparidades significativas entre la ejecución financiera y el progreso físico real.
- Estas situaciones refuerzan la necesidad de mantener una fiscalización constante y promover la transparencia en la administración de los recursos del Estado, especialmente en proyectos de infraestructura que impactan directamente en el desarrollo de las comunidades.
