EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Celeste, Clara y Cristina tienen 5, 9 y 12 años. Comparten una historia marcada por la esperanza y la espera. Son hermanas y, desde hace un año, aguardan la oportunidad de ser adoptadas. Su mayor deseo no es tener juguetes nuevos o una casa grande, sino algo más profundo: permanecer juntas en una familia que las quiera y las cuide.
En 2024, un juez de niñez las declaró adoptables, luego de confirmar que no existía ningún recurso familiar idóneo para hacerse cargo de ellas. Se intentó ubicar a familiares cercanos, pero ninguno cumplía con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar. Desde entonces, las tres viven bajo abrigo temporal en hogares de protección, como muchos otros niños y niñas que esperan una segunda oportunidad.
Actualmente, en Guatemala hay 400 menores declarados adoptables. De ellos, 177 forman parte del grupo de adopciones prioritarias, dentro del cual están Celeste, Clara y Cristina. Este grupo incluye a niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos, niños con discapacidad o con condiciones médicas que requieren atención especial.
Sin embargo, el camino hacia una adopción para ellos es cuesta arriba. Según datos del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), solo el 3% de las familias interesadas en adoptar muestran disposición a recibir a un niño o niña dentro de este grupo. La mayoría busca a menores de tres años, “saludables” y, en muchos casos, de preferencia niñas.
“Muchas familias llegan con la idea de adoptar a un niño pequeño, pero la realidad es que los niños que esperan no encajan en ese ideal. Tenemos niños reales, con historias reales, que necesitan amor y estabilidad”, señala Estuardo Mejicano, director general del CNA.
La distancia entre las expectativas de las familias y las verdaderas necesidades de los menores genera una brecha que se traduce en esperas prolongadas y en infancias que transcurren dentro de instituciones. Según el CNA, 86 familias han sido declaradas idóneas, pero muchas no logran dar el paso hacia una adopción prioritaria.
Aun así, cuando una familia decide abrirse a esa posibilidad, el proceso puede ser ágil, según las autoridades. Si alcanza la idoneidad, el niño, niña o grupo de hermanos puede integrarse a su nuevo hogar en menos de tres meses, dependiendo del caso. De enero a octubre de 2025, 75 adopciones se han concretado en Guatemala, y cada año, en promedio, unos 100 niños logran integrarse a una nueva familia.
Detrás de cada cifra hay una historia detenida en el tiempo. Los hogares de abrigo intentan ofrecer refugio, educación y cuidado, pero no reemplazan el calor de una familia. Cada cumpleaños, cada logro escolar o cada noche silenciosa son recordatorios de que el afecto familiar no tiene sustituto.
El CNA busca acompañar a quienes, por distintas razones, no logran ser adoptados antes de cumplir la mayoría de edad. Para ellos se elaboran “Proyectos y Planes de Vida”, con el fin de preparar su transición hacia la vida adulta. “Queremos que puedan proyectarse al futuro con autonomía, de acuerdo con sus fortalezas e intereses, y que no se sientan solos al cumplir los 18 años”, explica Mejicano.
Sin embargo, estos programas son paliativos a una situación estructural: que todo niño debería crecer en una familia. No basta con protegerlos; hay que garantizarles el derecho a pertenecer.
¿La ley necesita revisión?
El sistema de adopciones en Guatemala cambió por completo con la Ley de Adopciones de 2007, que sustituyó el modelo notarial por un esquema más controlado por el Estado. Antes de la reforma, el país era uno de los principales emisores de adopciones internacionales: más de cuatro mil menores al año encontraban familia, sobre todo en Estados Unidos.
Las denuncias por falta de supervisión y posibles abusos llevaron a crear el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y a imponer un marco legal más estricto.
Un estudio del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), publicado en 2020, señala que la reforma alargó los procesos, reduciendo drásticamente el número de adopciones. Aunque reconoce que se corrigieron irregularidades, el documento advierte que el sistema actual “ha favorecido más a la burocracia estatal que a los niños”.
“Parece que la nueva norma no ha contribuido a una verdadera protección de los niños, aunque ha servido para engrosar la administración pública y crear un sinfín de instituciones y organizaciones públicas para gestionar el proceso”.
El análisis de la UFM plantea revisar la ley y simplificar los trámites para devolver el enfoque al bienestar infantil. Mientras historias como las de Celeste, Clara y Cristina esperan su final feliz, el informe recuerda que el derecho a una familia no debería ser un privilegio, sino una realidad para cada niño que aún sueña con un hogar.
Celeste, Clara y Cristina tienen 5, 9 y 12 años. Comparten una historia marcada por la esperanza y la espera. Son hermanas y, desde hace un año, aguardan la oportunidad de ser adoptadas. Su mayor deseo no es tener juguetes nuevos o una casa grande, sino algo más profundo: permanecer juntas en una familia que las quiera y las cuide.
En 2024, un juez de niñez las declaró adoptables, luego de confirmar que no existía ningún recurso familiar idóneo para hacerse cargo de ellas. Se intentó ubicar a familiares cercanos, pero ninguno cumplía con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar. Desde entonces, las tres viven bajo abrigo temporal en hogares de protección, como muchos otros niños y niñas que esperan una segunda oportunidad.
Actualmente, en Guatemala hay 400 menores declarados adoptables. De ellos, 177 forman parte del grupo de adopciones prioritarias, dentro del cual están Celeste, Clara y Cristina. Este grupo incluye a niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos, niños con discapacidad o con condiciones médicas que requieren atención especial.
Sin embargo, el camino hacia una adopción para ellos es cuesta arriba. Según datos del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), solo el 3% de las familias interesadas en adoptar muestran disposición a recibir a un niño o niña dentro de este grupo. La mayoría busca a menores de tres años, “saludables” y, en muchos casos, de preferencia niñas.
“Muchas familias llegan con la idea de adoptar a un niño pequeño, pero la realidad es que los niños que esperan no encajan en ese ideal. Tenemos niños reales, con historias reales, que necesitan amor y estabilidad”, señala Estuardo Mejicano, director general del CNA.
La distancia entre las expectativas de las familias y las verdaderas necesidades de los menores genera una brecha que se traduce en esperas prolongadas y en infancias que transcurren dentro de instituciones. Según el CNA, 86 familias han sido declaradas idóneas, pero muchas no logran dar el paso hacia una adopción prioritaria.
Aun así, cuando una familia decide abrirse a esa posibilidad, el proceso puede ser ágil, según las autoridades. Si alcanza la idoneidad, el niño, niña o grupo de hermanos puede integrarse a su nuevo hogar en menos de tres meses, dependiendo del caso. De enero a octubre de 2025, 75 adopciones se han concretado en Guatemala, y cada año, en promedio, unos 100 niños logran integrarse a una nueva familia.
Detrás de cada cifra hay una historia detenida en el tiempo. Los hogares de abrigo intentan ofrecer refugio, educación y cuidado, pero no reemplazan el calor de una familia. Cada cumpleaños, cada logro escolar o cada noche silenciosa son recordatorios de que el afecto familiar no tiene sustituto.
El CNA busca acompañar a quienes, por distintas razones, no logran ser adoptados antes de cumplir la mayoría de edad. Para ellos se elaboran “Proyectos y Planes de Vida”, con el fin de preparar su transición hacia la vida adulta. “Queremos que puedan proyectarse al futuro con autonomía, de acuerdo con sus fortalezas e intereses, y que no se sientan solos al cumplir los 18 años”, explica Mejicano.
Sin embargo, estos programas son paliativos a una situación estructural: que todo niño debería crecer en una familia. No basta con protegerlos; hay que garantizarles el derecho a pertenecer.
¿La ley necesita revisión?
El sistema de adopciones en Guatemala cambió por completo con la Ley de Adopciones de 2007, que sustituyó el modelo notarial por un esquema más controlado por el Estado. Antes de la reforma, el país era uno de los principales emisores de adopciones internacionales: más de cuatro mil menores al año encontraban familia, sobre todo en Estados Unidos.
Las denuncias por falta de supervisión y posibles abusos llevaron a crear el Consejo Nacional de Adopciones (CNA) y a imponer un marco legal más estricto.
Un estudio del Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), publicado en 2020, señala que la reforma alargó los procesos, reduciendo drásticamente el número de adopciones. Aunque reconoce que se corrigieron irregularidades, el documento advierte que el sistema actual “ha favorecido más a la burocracia estatal que a los niños”.
“Parece que la nueva norma no ha contribuido a una verdadera protección de los niños, aunque ha servido para engrosar la administración pública y crear un sinfín de instituciones y organizaciones públicas para gestionar el proceso”.
El análisis de la UFM plantea revisar la ley y simplificar los trámites para devolver el enfoque al bienestar infantil. Mientras historias como las de Celeste, Clara y Cristina esperan su final feliz, el informe recuerda que el derecho a una familia no debería ser un privilegio, sino una realidad para cada niño que aún sueña con un hogar.
