- La Presidencia detalló que la extensión será por 15 días adicionales, contados a partir del vencimiento del primer plazo decretado el 14 de diciembre.
- Según el decreto, persisten condiciones de riesgo derivadas de enfrentamientos entre grupos armados y ataques contra civiles y fuerzas de seguridad.
- El Gobierno argumenta que la medida es necesaria para prevenir una “perturbación grave de la paz” y garantizar derechos fundamentales en las zonas afectadas.
- La ley permite restringir reuniones públicas, manifestaciones al aire libre y autoriza su disolución si alteran el orden público.
- También se contempla la suspensión de publicaciones que, a criterio de la autoridad, puedan incitar a la violencia o generar inestabilidad social.
- El Ejecutivo sostiene que estas medidas son temporales y se aplican dentro del marco constitucional, como respuesta a amenazas concretas contra la seguridad estatal.
- A inicios de diciembre se reportó un ataque armado contra un destacamento del Ejército destacado en el área limítrofe entre ambos municipios.
- El presidente Bernardo Arévalo afirmó que “grupos ilegales armados” buscan expulsar al Ejército de la zona, de acuerdo con información citada por otros medios.
- El mandatario enfatizó que el Estado no cederá territorio al crimen organizado y justificó la continuidad de la medida excepcional.
Hemeroteca. El enfrentamiento entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán tiene raíces antiguas, pero en esta ocasión se agravó por la intervención de actores armados y hechos que vulneran directamente el Estado de derecho.
-
El Ministerio de Gobernación denunció que agentes de la PNC fueron retenidos en Nahualá y amenazados de muerte.
-
Según el comunicado oficial, los policías fueron obligados a redactar un informe para exigir el retiro del Ejército.
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Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones buscan debilitar la presencia estatal y favorecer intereses ilegales en la región.
- La Presidencia detalló que la extensión será por 15 días adicionales, contados a partir del vencimiento del primer plazo decretado el 14 de diciembre.
- Según el decreto, persisten condiciones de riesgo derivadas de enfrentamientos entre grupos armados y ataques contra civiles y fuerzas de seguridad.
- El Gobierno argumenta que la medida es necesaria para prevenir una “perturbación grave de la paz” y garantizar derechos fundamentales en las zonas afectadas.
- La ley permite restringir reuniones públicas, manifestaciones al aire libre y autoriza su disolución si alteran el orden público.
- También se contempla la suspensión de publicaciones que, a criterio de la autoridad, puedan incitar a la violencia o generar inestabilidad social.
- El Ejecutivo sostiene que estas medidas son temporales y se aplican dentro del marco constitucional, como respuesta a amenazas concretas contra la seguridad estatal.
- A inicios de diciembre se reportó un ataque armado contra un destacamento del Ejército destacado en el área limítrofe entre ambos municipios.
- El presidente Bernardo Arévalo afirmó que “grupos ilegales armados” buscan expulsar al Ejército de la zona, de acuerdo con información citada por otros medios.
- El mandatario enfatizó que el Estado no cederá territorio al crimen organizado y justificó la continuidad de la medida excepcional.
Hemeroteca. El enfrentamiento entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán tiene raíces antiguas, pero en esta ocasión se agravó por la intervención de actores armados y hechos que vulneran directamente el Estado de derecho.
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El Ministerio de Gobernación denunció que agentes de la PNC fueron retenidos en Nahualá y amenazados de muerte.
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Según el comunicado oficial, los policías fueron obligados a redactar un informe para exigir el retiro del Ejército.
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Las autoridades advirtieron que este tipo de acciones buscan debilitar la presencia estatal y favorecer intereses ilegales en la región.
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