EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala enfrenta un debate crucial: definir un marco legal que permita modernizar su sistema portuario y atraer inversión. En el Congreso se discuten dos iniciativas de ley, una presentada por el Organismo Ejecutivo y otra impulsada por la diputada Sandra Jovel, presidenta de la Comisión de Comunicaciones. Ambas podrían fusionarse en una sola propuesta para dar certeza jurídica, independencia institucional y competitividad regional a largo plazo.
Por qué importa. El atraso portuario limita el comercio y resta competitividad al país. Jorge Ayala, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, y Sandra Jovel coincidieron en que se necesita una ley integral que combine gobernanza sólida con herramientas para atraer inversión privada y crear puertos más eficientes.
- La discusión de ambas propuestas de ley, actualmente bajo análisis en la Comisión de Economía y Comunicaciones, se realizó en el panel denominado "Certeza jurídica y autoridades: la base legal para el desarrollo portuario" realizado durante el Summit Infraestructura 2025, promovido por República.
- Jorge Ayala, segundo vicepresidente del Congreso, resaltó que las propuestas deben ser “integrales” y garantizar certeza jurídica sin generar más burocracia, mientras que Sandra Jovel propuso un marco que permita crear puertos privados y atraer inversión extranjera, con un modelo que posicione a Guatemala como hub logístico.
- Ambas comisiones legislativas evalúan fusionar las propuestas para presentar un dictamen único que combine gobernanza, sanciones, inversión y transparencia.
Punto de fricción: Los vacíos legales y la complejidad institucional amenazan con frenar la modernización portuaria. Aunque una nueva ley es clave, expertos advierten que su aplicación enfrenta obstáculos prácticos ligados a municipalidades, temas ambientales, jurisdicciones locales e incluso sindicatos.
- Alexander Aizenstatd, abogado y ex interventor de TCQ, recordó que “es mejor tener buenos jueces que mejores leyes”, advirtiendo que la certeza jurídica depende no solo de la norma, sino también de su aplicación efectiva.
- Señaló que Guatemala tiene puertos con 30 o 40 años de antigüedad, que deben modernizarse o ampliarse. Nuevas construcciones enfrentan impactos ambientales y trabas municipales que abren espacio a actividades ilícitas.
- Subrayó que el proceso legislativo debe considerar jurisdicción municipal, derechos de pueblos indígenas y exigencias sindicales, pues a menudo se usan para atrasar proyectos de urgencia nacional, aun cuando generen desarrollo comunitario.
Lo que sigue. El reto es transformar el consenso político en una ley funcional que impulse competitividad y atraiga capital privado. El Congreso tiene la responsabilidad de dar certeza jurídica y diseñar instituciones fuertes, sin caer en más estatismo.
- Ayala reiteró que se busca una autoridad portuaria autónoma y con recursos, pero que no actúe como “otro operador del sistema”.
- Jovel enfatizó que la ley debe ser de Estado y superar las banderas políticas, con visión de al menos 60 años de atraso acumulado.
- Expertos concluyen que es una “ocasión de oro” para dejar atrás trabas ideológicas y aprobar un marco que genere confianza, inversión y desarrollo sostenible.
Guatemala enfrenta un debate crucial: definir un marco legal que permita modernizar su sistema portuario y atraer inversión. En el Congreso se discuten dos iniciativas de ley, una presentada por el Organismo Ejecutivo y otra impulsada por la diputada Sandra Jovel, presidenta de la Comisión de Comunicaciones. Ambas podrían fusionarse en una sola propuesta para dar certeza jurídica, independencia institucional y competitividad regional a largo plazo.
Por qué importa. El atraso portuario limita el comercio y resta competitividad al país. Jorge Ayala, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, y Sandra Jovel coincidieron en que se necesita una ley integral que combine gobernanza sólida con herramientas para atraer inversión privada y crear puertos más eficientes.
- La discusión de ambas propuestas de ley, actualmente bajo análisis en la Comisión de Economía y Comunicaciones, se realizó en el panel denominado "Certeza jurídica y autoridades: la base legal para el desarrollo portuario" realizado durante el Summit Infraestructura 2025, promovido por República.
- Jorge Ayala, segundo vicepresidente del Congreso, resaltó que las propuestas deben ser “integrales” y garantizar certeza jurídica sin generar más burocracia, mientras que Sandra Jovel propuso un marco que permita crear puertos privados y atraer inversión extranjera, con un modelo que posicione a Guatemala como hub logístico.
- Ambas comisiones legislativas evalúan fusionar las propuestas para presentar un dictamen único que combine gobernanza, sanciones, inversión y transparencia.
Punto de fricción: Los vacíos legales y la complejidad institucional amenazan con frenar la modernización portuaria. Aunque una nueva ley es clave, expertos advierten que su aplicación enfrenta obstáculos prácticos ligados a municipalidades, temas ambientales, jurisdicciones locales e incluso sindicatos.
- Alexander Aizenstatd, abogado y ex interventor de TCQ, recordó que “es mejor tener buenos jueces que mejores leyes”, advirtiendo que la certeza jurídica depende no solo de la norma, sino también de su aplicación efectiva.
- Señaló que Guatemala tiene puertos con 30 o 40 años de antigüedad, que deben modernizarse o ampliarse. Nuevas construcciones enfrentan impactos ambientales y trabas municipales que abren espacio a actividades ilícitas.
- Subrayó que el proceso legislativo debe considerar jurisdicción municipal, derechos de pueblos indígenas y exigencias sindicales, pues a menudo se usan para atrasar proyectos de urgencia nacional, aun cuando generen desarrollo comunitario.
Lo que sigue. El reto es transformar el consenso político en una ley funcional que impulse competitividad y atraiga capital privado. El Congreso tiene la responsabilidad de dar certeza jurídica y diseñar instituciones fuertes, sin caer en más estatismo.
- Ayala reiteró que se busca una autoridad portuaria autónoma y con recursos, pero que no actúe como “otro operador del sistema”.
- Jovel enfatizó que la ley debe ser de Estado y superar las banderas políticas, con visión de al menos 60 años de atraso acumulado.
- Expertos concluyen que es una “ocasión de oro” para dejar atrás trabas ideológicas y aprobar un marco que genere confianza, inversión y desarrollo sostenible.
