EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los diputados iniciaron el proceso de evaluación de los expedientes de los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuya elección está prevista para el martes 3 de marzo, según confirmó días atrás el presidente del Congreso, Luis Contreras.
La revisión marca el arranque formal de una de las designaciones más relevantes para el sistema de justicia del país, dado el papel que desempeña la CC como máximo tribunal en materia constitucional. En total, 55 profesionales manifestaron su interés en ser designados por el Congreso como magistrados titulares o suplentes.
Entre los aspirantes figuran actuales magistrados titulares Dina Josefina Ochoa y Roberto Molina, así como los suplentes Claudia Paniagua y Luis Rosales, quienes buscan continuar en el cargo. También aparece en la lista el actual magistrado suplente Rony López Contreras, sobre quien ha trascendido que podría contar con respaldo suficiente para ser electo como titular. No obstante, al ser consultado al respecto, el jefe de bloque de Cabal, Luis Aguirre, evitó confirmar cualquier apoyo específico.
“La verdad es que hablar de algún candidato se puede prestar para perjudicarlo o para beneficiarlo, y creo que el consenso debe prevalecer sin ninguna injerencia externa a la de los diputados”, declaró Aguirre, al subrayar la necesidad de que el proceso se conduzca con prudencia y sin presiones externas.
En paralelo, el Congreso continúa en la búsqueda de consensos para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), prevista, tentativamente, para el martes 10 de marzo. Sin embargo, la designación podría verse afectada si la CC resuelve frenar el procedimiento, debido a varios amparos interpuestos en contra del proceso.
A este contexto se sumaron las declaraciones del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, quien afirmó que “las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”.
Sus palabras se conocieron pocas horas después de que la Comisión de Postulación remitiera al Congreso la nómina final de 20 aspirantes, integrada en una sesión de menos de una hora y rodeada de cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Sobre la agenda legislativa
Los diputados esperan avanzar con el segundo debate de la ley de puertos. Para ello, decidieron continuar con el dictamen de la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar. Asimismo, se incluyó la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la ley de promoción y protección de la lactancia materna, la normativa de atención integral a pacientes con enfermedades raras y la iniciativa que declara el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio.
También está prevista la discusión por artículos y la redacción final de la Ley de Servicio Exterior, presentada en 2021 y dictaminada un año después, la cual ha figurado en repetidas ocasiones en la agenda sin que hasta ahora se concrete su aprobación.
Los diputados iniciaron el proceso de evaluación de los expedientes de los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuya elección está prevista para el martes 3 de marzo, según confirmó días atrás el presidente del Congreso, Luis Contreras.
La revisión marca el arranque formal de una de las designaciones más relevantes para el sistema de justicia del país, dado el papel que desempeña la CC como máximo tribunal en materia constitucional. En total, 55 profesionales manifestaron su interés en ser designados por el Congreso como magistrados titulares o suplentes.
Entre los aspirantes figuran actuales magistrados titulares Dina Josefina Ochoa y Roberto Molina, así como los suplentes Claudia Paniagua y Luis Rosales, quienes buscan continuar en el cargo. También aparece en la lista el actual magistrado suplente Rony López Contreras, sobre quien ha trascendido que podría contar con respaldo suficiente para ser electo como titular. No obstante, al ser consultado al respecto, el jefe de bloque de Cabal, Luis Aguirre, evitó confirmar cualquier apoyo específico.
“La verdad es que hablar de algún candidato se puede prestar para perjudicarlo o para beneficiarlo, y creo que el consenso debe prevalecer sin ninguna injerencia externa a la de los diputados”, declaró Aguirre, al subrayar la necesidad de que el proceso se conduzca con prudencia y sin presiones externas.
En paralelo, el Congreso continúa en la búsqueda de consensos para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), prevista, tentativamente, para el martes 10 de marzo. Sin embargo, la designación podría verse afectada si la CC resuelve frenar el procedimiento, debido a varios amparos interpuestos en contra del proceso.
A este contexto se sumaron las declaraciones del Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, quien afirmó que “las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”.
Sus palabras se conocieron pocas horas después de que la Comisión de Postulación remitiera al Congreso la nómina final de 20 aspirantes, integrada en una sesión de menos de una hora y rodeada de cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
Sobre la agenda legislativa
Los diputados esperan avanzar con el segundo debate de la ley de puertos. Para ello, decidieron continuar con el dictamen de la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar. Asimismo, se incluyó la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la ley de promoción y protección de la lactancia materna, la normativa de atención integral a pacientes con enfermedades raras y la iniciativa que declara el Día Nacional del Terapeuta Respiratorio.
También está prevista la discusión por artículos y la redacción final de la Ley de Servicio Exterior, presentada en 2021 y dictaminada un año después, la cual ha figurado en repetidas ocasiones en la agenda sin que hasta ahora se concrete su aprobación.
