Digitalización y la IA son "básicas" para la certeza jurídica

La transformación digital, promover una cultura de cambio, evaluar los procesos existentes en las instituciones gubernamentales y apostar a la tecnología inteligente son retos indispensables para que las instituciones alcancen una certeza jurídica de calidad; condición indispensable para el desarrollo del país. 

En Guatemala, desde los diferentes sectores, se han dado pasos importantes; sin embargo, es necesario agilizar los procesos —leyes, mecanismo legales y digitales— para garantizar una confianza y seguridad en el ordenamiento jurídico.
También ayudará a brindar mayor confianza a la inversión extranjera, a transparentar los procesos en la administración pública —combatir la corrupción— y la generación de empleo.  

En perspectiva. El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), Banco de Guatemala (BANGUAT) y Ministerio de Economía (MINECO) coincidieron —en un foro realizado en el marco del ENADE 2024— en que la digitalización y la inteligencia artificial son básicas para la certeza jurídica. No obstante, indicaron que deben ir atados a mecanismos de seguridad para proteger al ciudadano o entidad. Mencionaron la ciberseguridad y firma electrónica.

• Agregaron que, entre los efectos positivos de la digitalización, está la reducción de gastos destinados a materiales de oficina, útiles y papel. “Al inicio de año, se tenía un presupuesto de GTQ 100M destinados a oficina, ahora se redujo a GTQ 85M […] En el plan de trabajo se han destinado GTQ 500M, a lo largo de los cuatro años de gestión, para dar cumplimiento a la Ley de Simplificación de Trámites y reingeniería de procesos institucionales”, manifestó Jonathan Menkos, titular del MINFIN.
• Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del MINECO, considera que previó a la digitalización se debe evaluar el funcionamiento de los procesos, conocer las debilidades y aspectos podrían contribuir para mejorarlos. Resaltó la importancia de buscar, interactuar con otras instituciones para intercambiar o compartir información para agilizar los trámites.
• Por su parte, Nery Rodas, presidente del Foro Parlamentario para la Transformación Digital, aseveró que, actualmente, se analizan –con varios aliados– por lo menos 15 iniciativas enfocadas a mejorar la certeza jurídica. Proyectos que se han estudiado en 16 mesas temáticas. Entre las iniciativas están: ley marco de transformación digital, proyecto de ciberdelito, datos abiertos, reformas al tema de la firma electrónica, cambios a la ley de Telecomunicaciones y ley de identidad digital.  

Sí, pero. Es claro que las instituciones conocen y trabajan para mejorar la certeza jurídica, pero no deben olvidar un factor importante: la lucha contra la corrupción. Luciana Torchiaro, consejera regional para LAC de Transparencia Internacional, dijo que Guatemala no tiene un buen puntaje en el Índice de Percepción de la Corrupción (23). Se ubica muy por debajo del promedio regional, que es de 43. 

• Aseguró que pasa en otros países de la región y que muchos de los aspectos que miden este índice son temas estructurales como la debilidad de las instituciones democráticas, la falta de sistemas de pesos y contrapesos que funcionen bien. Leyes que, si bien existen, no se aplican porque el poder judicial no es independiente.
• “Las naciones que tienen mejor rendimiento en el índice son los países que tienen instituciones democráticas fuertes, poderes judiciales independientes, donde las leyes se aplican para el bien común y no en función de intereses particulares”, dijo.
• Añadió que la digitalización puede ayudar al cambio y marcar una diferencia, pero son indispensables analizar los cambios estructurales enfocados a fortalecer las instituciones, la independencia judicial, entre otros aspectos.  

Visto y no visto. El sector público necesita fortalecer las capacidades de sus entidades para resolver trámites digitalmente. No más fólderes amarillos y trámites que “van y vienen” entre diferentes dependencias y vulnerable a la discrecionalidad de los funcionarios o formalismos.  

• “Digamos adiós a la cultura del trámite eterno” es una frase de Stefano Olivero, presidente del comité organizador del Encuentro Nacional de Empresarios para el Desarrollo (ENADE), que resume el clamor de un sector privado que exige un Estado más digital, funcional y transparente.
• Carmen María Torrebiarte, presidenta del CACIF, indicó que seremos más competitivos si utilizamos tecnología. Se liberan las presas de expedientes, mejora la trazabilidad de los procesos, se brinda certeza. “Nos volvemos más competitivos ante el mundo, generando un círculo virtuoso para el crecimiento económico y el desarrollo”.
• El país está en un punto de inflexión para catapultarse o quedarse estancado. La brújula sugiere simplificar trámites y la digitalización. Nos situamos en el puesto 126 de 196 naciones en el Índice de desarrollo del gobierno electrónico. La oportunidad es enorme, como nuestro potencial.