EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y el apoyo de la Policía Nacional Civil, se realizaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en la zona 6 del municipio de Mixco y la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Es noticia. El propósito fue inspeccionar, registrar y secuestrar evidencias relacionadas con un caso de defraudación tributaria y lavado de dinero.
- Como resultado de los operativos, se logró la captura de Edgar Daniel Porras Zuleta, quien es señalado por su presunta participación en el delito de lavado de dinero u otros activos.
- De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, derivada de una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad Electro Materiales, Sociedad Anónima incumplió con el pago de sus obligaciones tributarias entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
- El incumplimiento representó un perjuicio de GTQ8.8M al erario público, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Qué destacar. Además, por estos mismos hechos, fue citado para comparecer a primera declaración Ernesto Joaquín Leonhardt Gossmann, representante legal de la empresa involucrada. A Leonhardt se le atribuye posible participación en el delito de casos especiales de defraudación tributaria.
- Este caso se da en el contexto de una serie de investigaciones impulsadas por la SAT contra una amplia red de empresas que han defraudado al Estado. En agosto de 2024, la entidad tributaria denunció la existencia de una estructura organizada que habría cometido una defraudación de alrededor de GTQ300M, utilizando mecanismos fraudulentos para evadir impuestos.
- La SAT urgió la agilización de órdenes de captura contra los involucrados, entre ellos representantes legales, auditores y contadores de las compañías denunciadas. Las autoridades destacaron que, además de los principales implicados, es necesario esclarecer la participación de quienes firmaron documentos y cheques que facilitaron la defraudación.
- Hasta finales de 2024, las autoridades habían logrado recuperar GTQ24.1M, embargar GTQ106.4M y USD 440 000 en activos de la estructura fraudulenta.
En conclusión El impacto de este caso ha llevado a medidas severas contra los contribuyentes involucrados. 30 empresas fueron deshabilitadas del régimen del IVA, lo que les impide seguir facturando, mientras que 32 contribuyentes fueron inhabilitados en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), limitando su capacidad de realizar negocios con el sector público, indicó la SAT a finales de 2024.
- La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), también está investigando el uso del sistema financiero en estas operaciones ilícitas. Se presume que se movilizaron fondos provenientes de actividades fraudulentas, lo que podría derivar en nuevas denuncias por lavado de dinero.
- Según la SAT, al menos 410 empresas formaban parte de la estructura de defraudación tributaria. Muchas de estas compañías compartían representantes legales, contadores y abogados, además de registrar domicilios inexistentes y no tener actividad económica real. Entre ellas, 9 empresas eran proveedoras directas del Estado, 16 vendían al sector público y adquirían bienes de la estructura fraudulenta, y 5 eran constructoras con contratos gubernamentales.
- Las denuncias fueron presentadas ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, comenzando con 35 contribuyentes acusados el 13 de agosto, cifra que aumentó a 206 más el 10 de septiembre. Las investigaciones continúan y se espera que el proceso derive en más capturas y sanciones contra quienes participaron en la estructura de defraudación, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y recuperar los fondos sustraídos al Estado.
En una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos, en coordinación con el Fiscal Regional Metropolitano y el apoyo de la Policía Nacional Civil, se realizaron dos allanamientos en inmuebles ubicados en la zona 6 del municipio de Mixco y la zona 9 de la ciudad de Guatemala.
Es noticia. El propósito fue inspeccionar, registrar y secuestrar evidencias relacionadas con un caso de defraudación tributaria y lavado de dinero.
- Como resultado de los operativos, se logró la captura de Edgar Daniel Porras Zuleta, quien es señalado por su presunta participación en el delito de lavado de dinero u otros activos.
- De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, derivada de una denuncia presentada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad Electro Materiales, Sociedad Anónima incumplió con el pago de sus obligaciones tributarias entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
- El incumplimiento representó un perjuicio de GTQ8.8M al erario público, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Qué destacar. Además, por estos mismos hechos, fue citado para comparecer a primera declaración Ernesto Joaquín Leonhardt Gossmann, representante legal de la empresa involucrada. A Leonhardt se le atribuye posible participación en el delito de casos especiales de defraudación tributaria.
- Este caso se da en el contexto de una serie de investigaciones impulsadas por la SAT contra una amplia red de empresas que han defraudado al Estado. En agosto de 2024, la entidad tributaria denunció la existencia de una estructura organizada que habría cometido una defraudación de alrededor de GTQ300M, utilizando mecanismos fraudulentos para evadir impuestos.
- La SAT urgió la agilización de órdenes de captura contra los involucrados, entre ellos representantes legales, auditores y contadores de las compañías denunciadas. Las autoridades destacaron que, además de los principales implicados, es necesario esclarecer la participación de quienes firmaron documentos y cheques que facilitaron la defraudación.
- Hasta finales de 2024, las autoridades habían logrado recuperar GTQ24.1M, embargar GTQ106.4M y USD 440 000 en activos de la estructura fraudulenta.
En conclusión El impacto de este caso ha llevado a medidas severas contra los contribuyentes involucrados. 30 empresas fueron deshabilitadas del régimen del IVA, lo que les impide seguir facturando, mientras que 32 contribuyentes fueron inhabilitados en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), limitando su capacidad de realizar negocios con el sector público, indicó la SAT a finales de 2024.
- La Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), también está investigando el uso del sistema financiero en estas operaciones ilícitas. Se presume que se movilizaron fondos provenientes de actividades fraudulentas, lo que podría derivar en nuevas denuncias por lavado de dinero.
- Según la SAT, al menos 410 empresas formaban parte de la estructura de defraudación tributaria. Muchas de estas compañías compartían representantes legales, contadores y abogados, además de registrar domicilios inexistentes y no tener actividad económica real. Entre ellas, 9 empresas eran proveedoras directas del Estado, 16 vendían al sector público y adquirían bienes de la estructura fraudulenta, y 5 eran constructoras con contratos gubernamentales.
- Las denuncias fueron presentadas ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera, comenzando con 35 contribuyentes acusados el 13 de agosto, cifra que aumentó a 206 más el 10 de septiembre. Las investigaciones continúan y se espera que el proceso derive en más capturas y sanciones contra quienes participaron en la estructura de defraudación, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y recuperar los fondos sustraídos al Estado.
