EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Organismo Judicial (OJ) desembolsará unos GTQ 11.6M solo en personal de seguridad para exmagistrados que estuvieron en el cargo 11 meses —noviembre de 2023 a octubre de 2024—. La medida incluye dos agentes y un piloto por cada exfuncionario judicial, según el Acuerdo Número 63-2024 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), publicado en el Diario Oficial.
Expertos consideran que el acuerdo es “un abuso, por el corto tiempo que estuvieron en los cargos”. Recomiendan a las nuevas autoridades analizar la regulación y revocarla por ser “un gasto innecesario”.
Perspectiva. El acuerdo reforma el Reglamento del Servicio de Protección Temporal de Exmagistrados de CSJ. Las modificaciones se concentran en el tiempo, plazo y personal que asignará.
- La medida de protección iniciará al finalizar el periodo constitucional para el cual fueron electos, hasta por cinco años. Justifican las acciones por los riesgos del trabajo de los funcionarios judiciales. “Por la naturaleza de los casos que conocieron y resolvieron […] peligros que no cesan una vez que se ha dejado el cargo, sino que agudizan”.
- Los exmagistrados: José Luis de Jesús Samayoa, Ronald Manuel Colindres, Benecia Contreras Calderón, Manuel Duarte Barrera, Evert Obdulio Barrientos, Elvia Ester Vásquez Sagastume y Carlos Humberto Rivera Carrillo. Además, Héctor Echeverría Méndez, Jorge Eduardo Tucux y Oscar Ruperto Cruz Oliva asumieron en noviembre pasado. Concluyeron su periodo el 13 de octubre.
- De los trece magistrados, que asumieron en noviembre, tres fueron reelectos: Gustavo Adolfo Morales, René Guillermo Girón Palacios y Claudia Lucrecia Paredes Castañeda. Es decir, que las medidas aplican para diez exmagistrados. Los casos que conocieron se relacionan con el proceso electoral 2023.
Los datos. Los honorarios de un agente de seguridad del OJ son de unos GTQ 7100 —podría ser más en algunos casos— y el de un piloto GTQ 5292. Los montos no incluyen bonos especiales, entre ellos el escolar. Los datos corresponden al documento información pública del OJ —puestos y salarios 2016 y 2024—.
- Tomando los honorarios de los trabajadores — dos agentes y un piloto —, el OJ desembolsará unos GTQ19 492 por la seguridad. Al sumar lo correspondiente a los diez exmagistrados, el monto mensual será de unos GTQ 194 920; por año, un total de GTQ 2.3 M, y por los cinco años que establece el acuerdo, el total asciende a Q 11.5 M.
- Algunos medios de comunicación aseguran que la institución estima que por esas medidas —13 magistrados hasta el 12 de octubre— el monto podría superar los GTQ 6.5M anuales, es decir, GTQ 32.7M —sin detallar gastos—.
- La cifra es más de los GTQ 11.6 del análisis que se hace en este artículo, porque en la proyección las autoridades incluyeron a los 13 togados, gastos de combustibles, vehículos y todos los beneficios y bonos de los trabajadores que brindarán los servicios.
Voces. Expertos consideran que la medida “es absurda y un abuso” por el poco tiempo que estuvieron en los cargos; el acuerdo debe revocarse. Además, que en casos similares se establece que el servicio de seguridad que se brindará debe ser proporcional al tiempo que estuvieron en los cargos —apenas 11 meses— y el nivel de riesgo —casos mínimos y riesgo muy bajo—.
- “Análisis de riesgo de funcionarios ha demostrado que se requiere seguridad por el trabajo que realizan.” Sin embargo, por años se ha abusado de esas medidas. Se ha requerido al personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para guardaespaldas y cuidado de la seguridad ciudadana. “Es un tema de ego porque se siente bien”, asevera Francisco Quezada, experto del CIEN.
- Además, lo que correspondería —en los casos de exfuncionarios que se determine un alto riesgo— es contratar seguridad privada para que las instituciones no hagan gastos innecesarios y se debilite a la PNC. En la actualidad, un 8 % de los agentes resguarda a funcionarios, diputados y otros.
- Comunicación del OJ asegura que el acuerdo está vigente y que las dudas o deberán enviarse por correo para remitirlas a las nuevas autoridades. El punto no se conoció en el pleno de la semana pasada. Desconocen si se analizará en las próximas reuniones.
En conclusión. Es necesario un análisis, caso por caso, por ser un gasto para el OJ y por representar un desajuste para el departamento de Seguridad, responsable de asignar el personal para custodiar las sedes judiciales. Es un claro ejemplo de privilegios otorgados por sí y para sí, de parte de los exmagistrados. Todo, con dinero de los contribuyentes.
El Organismo Judicial (OJ) desembolsará unos GTQ 11.6M solo en personal de seguridad para exmagistrados que estuvieron en el cargo 11 meses —noviembre de 2023 a octubre de 2024—. La medida incluye dos agentes y un piloto por cada exfuncionario judicial, según el Acuerdo Número 63-2024 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), publicado en el Diario Oficial.
Expertos consideran que el acuerdo es “un abuso, por el corto tiempo que estuvieron en los cargos”. Recomiendan a las nuevas autoridades analizar la regulación y revocarla por ser “un gasto innecesario”.
Perspectiva. El acuerdo reforma el Reglamento del Servicio de Protección Temporal de Exmagistrados de CSJ. Las modificaciones se concentran en el tiempo, plazo y personal que asignará.
- La medida de protección iniciará al finalizar el periodo constitucional para el cual fueron electos, hasta por cinco años. Justifican las acciones por los riesgos del trabajo de los funcionarios judiciales. “Por la naturaleza de los casos que conocieron y resolvieron […] peligros que no cesan una vez que se ha dejado el cargo, sino que agudizan”.
- Los exmagistrados: José Luis de Jesús Samayoa, Ronald Manuel Colindres, Benecia Contreras Calderón, Manuel Duarte Barrera, Evert Obdulio Barrientos, Elvia Ester Vásquez Sagastume y Carlos Humberto Rivera Carrillo. Además, Héctor Echeverría Méndez, Jorge Eduardo Tucux y Oscar Ruperto Cruz Oliva asumieron en noviembre pasado. Concluyeron su periodo el 13 de octubre.
- De los trece magistrados, que asumieron en noviembre, tres fueron reelectos: Gustavo Adolfo Morales, René Guillermo Girón Palacios y Claudia Lucrecia Paredes Castañeda. Es decir, que las medidas aplican para diez exmagistrados. Los casos que conocieron se relacionan con el proceso electoral 2023.
Los datos. Los honorarios de un agente de seguridad del OJ son de unos GTQ 7100 —podría ser más en algunos casos— y el de un piloto GTQ 5292. Los montos no incluyen bonos especiales, entre ellos el escolar. Los datos corresponden al documento información pública del OJ —puestos y salarios 2016 y 2024—.
- Tomando los honorarios de los trabajadores — dos agentes y un piloto —, el OJ desembolsará unos GTQ19 492 por la seguridad. Al sumar lo correspondiente a los diez exmagistrados, el monto mensual será de unos GTQ 194 920; por año, un total de GTQ 2.3 M, y por los cinco años que establece el acuerdo, el total asciende a Q 11.5 M.
- Algunos medios de comunicación aseguran que la institución estima que por esas medidas —13 magistrados hasta el 12 de octubre— el monto podría superar los GTQ 6.5M anuales, es decir, GTQ 32.7M —sin detallar gastos—.
- La cifra es más de los GTQ 11.6 del análisis que se hace en este artículo, porque en la proyección las autoridades incluyeron a los 13 togados, gastos de combustibles, vehículos y todos los beneficios y bonos de los trabajadores que brindarán los servicios.
Voces. Expertos consideran que la medida “es absurda y un abuso” por el poco tiempo que estuvieron en los cargos; el acuerdo debe revocarse. Además, que en casos similares se establece que el servicio de seguridad que se brindará debe ser proporcional al tiempo que estuvieron en los cargos —apenas 11 meses— y el nivel de riesgo —casos mínimos y riesgo muy bajo—.
- “Análisis de riesgo de funcionarios ha demostrado que se requiere seguridad por el trabajo que realizan.” Sin embargo, por años se ha abusado de esas medidas. Se ha requerido al personal de la Policía Nacional Civil (PNC) para guardaespaldas y cuidado de la seguridad ciudadana. “Es un tema de ego porque se siente bien”, asevera Francisco Quezada, experto del CIEN.
- Además, lo que correspondería —en los casos de exfuncionarios que se determine un alto riesgo— es contratar seguridad privada para que las instituciones no hagan gastos innecesarios y se debilite a la PNC. En la actualidad, un 8 % de los agentes resguarda a funcionarios, diputados y otros.
- Comunicación del OJ asegura que el acuerdo está vigente y que las dudas o deberán enviarse por correo para remitirlas a las nuevas autoridades. El punto no se conoció en el pleno de la semana pasada. Desconocen si se analizará en las próximas reuniones.
En conclusión. Es necesario un análisis, caso por caso, por ser un gasto para el OJ y por representar un desajuste para el departamento de Seguridad, responsable de asignar el personal para custodiar las sedes judiciales. Es un claro ejemplo de privilegios otorgados por sí y para sí, de parte de los exmagistrados. Todo, con dinero de los contribuyentes.
